Dirigentes de organismos de derechos humanos, legisladores del Frente para la Victoria y familiares de víctimas de la dictadura repudiaron un editorial que publicó ayer el diario La Nación, en el que sostuvo que el juez Pedro Hooft fue un perseguido del kirchnerismo y que los militares condenados por violaciones a los derechos humanos son “presos políticos”, víctimas de una “venganza” del gobierno nacional.

El editorial fue publicado luego de que un jury de enjuiciamiento repusiera en su cargo a Hooft, que había sido suspendido el año pasado, acusado de complicidad con el terrorismo de Estado. Si bien el jury lo repuso en sus funciones, el juez sigue imputado en una causa penal por delitos de lesa humanidad, que es la causa de fondo sobre el tema.

En su columna editorial, La Nación sostuvo que “el caso Hooft constituiría una contundente prueba de una causa armada desde el poder kirchnerista para sustentar el relato parcial y tuerto de los sangrientos años de plomo”. El diario indicó, en esta línea, que la imputación fue impulsada por el fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, al que se refirió como “de amplia y reconocida militancia en los años ’70 en la faceta legal de las organizaciones político-militares que intentaron, mediante la lucha armada, tomar el poder”.

En este marco, el diario agregó que “numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas” son “hoy presos políticos por la venganza oficial”, y aseguró de los militares que participaron del terrorismo de Estado, “en su condición de jóvenes militares enfrentaron a las organizaciones terroristas en la guerra interna que vivió el país”.

El editorial generó réplicas inmediatas. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó que los organismos de derechos humanos nunca fueron movidos por “un sentimiento de venganza”. “Hemos esperado 37 años y eso demuestra que hemos sabido respetar los tiempos lentos de la Justicia”, agregó.

También salieron al cruce de La Nación los legisladores kirchneristas, algunos en su doble condición de diputados y nietos recuperados. Juan Cabandié, por ejemplo, consideró que el editorial “demuestra un profundo odio a las instituciones democráticas”. Horacio Pietragalla –como él, nieto recuperado, y diputado nacional– consideró “preocupante que un juez con 142 denuncias, que tiene probadas conexiones con la dictadura, siga siendo defendido por este diario y por sus pares, que no le sacan los fueros para ser juzgado”.

Otros integrantes de la bancada del FpV se sumaron a las críticas. Diana Conti consideró que “la complicidad de ese diario con el terrorismo de Estado merece un amplio repudio”; Juliana Di Tullio, titular del bloque, consideró que “es un editorial que parece tener 50 años”. En la misma línea de reflexión, su par, Remo Carlotto, añadió que La Nación “sostiene el mismo discurso de los genocidas, que tienen la esperanza de que en el 2015 venga un gobierno que los amnistíe”.

También contestaron el editorial los querellantes en la causa contra Hooft, familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Mar del Plata. Carlos Fernando Díaz aclaró que el juez “continúa imputado por delitos de lesa humanidad”.

“A Hooft lo absolvió una instancia política que se negó a sacarle los fueron que tiene, pero en la causa continúa imputado.” En este sentido, Díaz desmintió que Hooft haya sido absuelto de la acusación de complicidad con la dictadura. “Hasta que no se expida un tribunal sobre la cuestión de fondo, no se puede dar por terminada esta lucha que llevamos para obtener Justicia”, remarcó el dirigente.