El proyecto de ley que establece sanciones para los efectivos policiales que, por sumarse a una huelga, abandonen su tarea consiguió ayer dictamen de comisión y podrá ahora ser debatido en el Congreso. La iniciativa fue impulsada a fines del año pasado por el senador del Frente para la Victoria (FpV) Aníbal Fernández. El legislador nacional afirmó que esto “no impide” que los policías puedan manifestarse o realizar protestas, pero a la vez subrayó que “no pueden dejar de lado” la responsabilidad depositada en las fuerzas de seguridad.

El proyecto recibió el apoyo de todas las fuerzas que componen la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para lograr el dictamen ayer. En tanto, el senador radical Ernesto Sanz afirmó que su bloque también acompañará con sus votos la iniciativa cuando sea tratada en el recinto.

El texto aprobado por la comisión contempla penas para los efectivos que, “a sabiendas, abandonaren injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”, como sucedió en diciembre del año pasado. Para ellos, prevé una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Además, la iniciativa tiene en cuenta tanto a los efectivos de fuerzas nacionales, como a los de cuerpos de seguridad provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que dejen su servicio. En el caso de que ese abandono de sus tareas permita luego que se produzcan “daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros”, el proyecto establece que “se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.

Como argumento, el proyecto define a los agentes policiales como “depositarios de la confianza de los ciudadanos”, por lo que sus responsabilidades “exigen un apego irrestricto de los miembros de las fuerzas a las normas vigentes” y “la aplicación de las sanciones más rigurosas” cuando se aparten de esa tarea.

El texto hace referencia a la importancia de “encauzar el accionar de los agentes” en el “normal devenir que imponen los deberes y obligaciones inherentes a su jerarquía”, tras considerar que esto “deviene imprescindible para garantizar” la estabilidad política del país y “garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas”.

La iniciativa fue presentada el año pasado por el senador Fernández, quien, además, señaló que con este proyecto “se está completando el artículo 252 del Código Penal en el marco de los hechos que ocurrieron en este país a fines del año pasado”.

Fernández se refirió así a las medidas de fuerza que llevaron a cabo distintos cuerpos de seguridad en diciembre de 2013, cuando la rebelión policial llevó a numerosos disturbios que derivaron en saqueos en varias provincias y causaron 18 muertes.

Tras los desmanes producidos luego de las huelgas y los acuartelamientos policiales, el senador confeccionó este proyecto. “Yo, que he sido de las fuerzas federales durante casi cinco años, nunca vi una cosa semejante”, había considerado al presentarlo. “No estamos impidiendo que puedan manifestarse, pero no pueden dejar de lado que deben llevar adelante una responsabilidad importantísima”, añadió.