Ante el desafío que implican algunos problemas que presenta la coyuntura actual, la Argentina podría verse tentada a comprometerse con la “guerra a las drogas”. Esta es una estrategia de enfrentamiento al narcotráfico que no ha dado resultados significativos hasta ahora. Su

ineficacia no es el único déficit; presenta también otra insuficiencia. En este caso, hablar de guerra significa definir en términos de conflicto bélico lo que es una problemática relacionada con el crimen organizado internacional. Obviamente, guerra y delito son asuntos diferentes, tanto desde el punto de vista analítico como al definir vías para la acción. Es verdad que las narcoactividades generan un peligroso nivel de violencia. Fundamentar en esto la conveniencia de una estrategia esencialmente belicista es una simplificación unilateral: la cuestión de las drogas pertenece al orden delictual y no al bélico, y es una cuestión multidimensional y muy compleja, características estas que deben ser consideradas al examinarla.

Un rápido repaso de los resultados de la estrategia belicista indica que los narcotraficantes no han sido eliminados, ni disuadidos; siempre hay alguien dispuesto al reemplazo; la Justicia no ha incrementado su eficacia y el desmantelamiento del negocio ha sido insignificante. Además, las fallas al enfrentar el narcotráfico han producido costos directos e indirectos sobre la economía, han afectado el tejido ético de la sociedad, han alimentado la corrupción y la ilegalidad, no han disminuido los niveles de inseguridad, han degradado el sistema político, debilitado el Estado de Derecho y afectado las soberanías nacionales al reducir sus autonomías en el plano internacional. De lo que se desprende que la vía belicista/punitiva no ha sido capaz de lidiar eficientemente con el problema y ha generado, incluso, efectos nocivos.

Adoptar en la Argentina estrategias de probada ineficiencia para sumarse a la “guerra a las drogas” implicaría abandonar la diferenciación entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad pública. Esto último podría impulsar a las Fuerzas Armadas a la lucha antinarcóticos, lo que sería poco menos que nefasto. Algo así como el anticipo de un fracaso anunciado.

Es necesaria la persecución legal y eficaz de la oferta, de las bandas, del lavado de dinero y del tráfico de armas. También es indispensable incluir la perspectiva de un desarrollo solidario y con justicia social, centrado en las personas y en línea con el concepto de desarrollo humano preconizado por la ONU. Su compromiso con el desenvolvimiento de políticas sociales deberá ser fuerte, para que la gente y su bienestar estén en el centro del abordaje del tema, achicando el peligro que se genere más la demanda.

Cabe también prestar especial atención a políticas y criterios que apunten a la reducción de daños para los individuos, familias, barrios, instituciones, etcétera. La estrategia de “guerra” ha causado y/o se ha desentendido de las graves consecuencias sociales que muchas veces genera en particular, pero no exclusivamente, sobre segmentos sociales vulnerables y/o en situación de riesgo. Da la impresión de que a veces no se calibra bien el negativo impacto que produce. Es necesario reconsiderar el concepto de “daño”, que no puede ser entendido como un “costo” que redunda en un beneficio superior. Primero, porque no se ha obtenido tal beneficio superior y segundo, porque parece estar demasiado próximo al cuestionado concepto de “daños colaterales”. La mencionada reducción de daños debería considerar las modalidades de la acción operativa, tanto como fomentar un adecuado desenvolvimiento de políticas públicas en materia de empleo, salud, educación y juventud, entre otras.

Los recientes casos de Uruguay y los estados de Colorado y Washington en los EE.UU., que han legalizado la marihuana, invitan a ser explorados con atención y sin prejuicios. Estas experiencias podrían conducir en el futuro a una política de regulación modulada, específica por droga, de acuerdo con los daños que cada sustancia psicoactiva causa. Oportuno pensar esto último, ya que entre una droga “legal” como el alcohol, pasando por los cigarrillos de marihuana o las inyecciones de heroína, es claro que los efectos de cada sustancia son diferentes en cada consumidor. Es normal que a diferentes efectos correspondan diferentes gradaciones al tratarlos.

Cada vez resulta menos sostenible el desbalance implícito en la estrategia antidrogas que privilegia de manera casi exclusiva la faceta punitiva. Incluso la praxis represiva no es homogénea, ya que los más perseguidos y sancionados son los sectores más vulnerables: jóvenes, “mulas”, consumidores ocasionales, vecinos de barrios humildes que se convierten en víctimas y victimarios de conflictos intramafias. Paralelamente, los millonarios beneficiarios de este crimen, como sus socios de las finanzas en la fase lavado y tantos responsables, protegidos por las fortunas de la corrupción, conservan su impunidad.

En consecuencia es adecuado proponer políticas fundadas sobre el desarrollo humano, la reducción de daños e incluso, si cabe, la regulación modulada por droga, combinadas con firmes políticas orientadas a la persecución legal del narcotráfico como crimen transnacional y sus problemáticas asociadas: lavado de dinero y tráfico de armas.

En resumidas cuentas: a) acordemos que algunas buenas prácticas concretas y corroboradas de persecución legal del narcotráfico pueden ser complementadas por una serie de políticas que no integran el lote largamente mayoritario de acciones penales y prácticas punitivas; b) las respuestas simples a cuestiones intrincadas no funcionan bien: en el caso de las drogas, debe admitirse que la vía exclusivamente punitiva no ha sido satisfactoria y que no existe una “bala mágica” que resuelva el problema; c) se empieza a despejar el camino para ensayar alternativas menos convencionales y más eficaces en materia de drogas.

Ahora bien, es preciso advertir que un dilema se cierne en el horizonte: un mal manejo de la cuestión podría producir mayor desgaste estatal y mayor debilidad institucional, pero por otro lado un buen manejo no necesariamente redunda en resultados inmediatos. Es esencial que las dirigencias políticas lo comprendan, prepararando a la ciudadanía para la aceptación de políticas de mediano y largo plazo, pues se necesita tiempo para ir resolviendo gradual y efectivamente el desafío de esta grave situación.

La Argentina enfrenta hoy un dilema: fomentar un fundado debate con conocimiento del tema, que lleve a propuestas que mejoren sistemas judiciales-policiales-penitenciarios y de control, combatiendo el delito, mientras se fortalece con desarrollo solidario y cohesión social la defensa de los sectores vulnerables. También podemos seguir otro camino: ensimismarnos en el facilismo de los slogans y repetir las políticas erradas que evidencian ya costosos fracasos en varios países de América latina.

Estos son algunos de los aportes que podrían colaborar si el acento en materia de drogas se pusiera en las personas antes que en las sustancias, en el desarrollo antes que en una ilusoria opción belicista, y en la realidad humana antes que en la quimera abstencionista.

* Firmantes del documento que se puede leer completo en el sitio cuestiondrogasargentina.blogspot.com.ar