El juez federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente Amado Boudou, que unas horas antes había pedido ampliar su indagatoria.

El juez federal Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva al vicepresidente Amado Boudou, por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”. El magistrado consideró probado lo que él mismo había afirmado al llamar al funcionario a declaración indagatoria: que Boudou adquirió a través del fondo The Old Fund y con la participación de Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmoma –que también fueron procesados– la empresa Ciccone. La medida, difundida casi a la medianoche, alcanza también al ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner (sólo por negociaciones incompatibles) y a Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick (sólo por cohecho). Ayer mismo el vicepresidente había solicitado al juez ampliar su testimonio. En su resolución, Lijo ordenó trabar embargo para todos los involucrados por 200 mil pesos.

El vicepresidente se encontraba ayer en Cuba, en una visita oficial (ver aparte). En su entorno aseguraron que la noticia sobre su procesamiento no llamó la atención, pues estaba cantado que ocurriría de un momento a otro, aunque admitieron que se produjo antes de lo esperado. Señalaron que durante las indagatorias “se notó la parcialidad del juez” y criticaron que usara datos que los Ciccone habían brindado cuando declararon como testigos y luego los terminara procesando junto al vicepresidente.

Nicolás Ciccone, dueño de la calcográfica, y Reinwick fueron procesados porque, a entender del juez, le cedieron el 70 por ciento de las acciones de la compañía a Boudou a cambio del levantamiento de la quiebra de la empresa, la aprobación de un plan de pagos de la AFIP y la futura contratación de la imprenta por parte del Estado.

Para el juez está probado que Vandenbroele fue un testaferro que actuó por órdenes de Boudou y Núñez Carmona. Aunque no hay pruebas de que el vicepresidente conociera a Vandenbroele, Lijo entiende que la relación quedó establecida a partir de la existencia de socios en común en algunas sociedades, el negocio del cobro de la comisión a la provincia de Formosa por la renegociación de la deuda, cruces telefónicos y los pasajes aéreos que pagó The Old Fund para allegados al vicepresidente.

Los abogados de Boudou –Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman– habían pedido ayer una apliación de indagatoria y Núñez Carmona también había anticipado su intención de volver a declarar porque cambió de abogados y pidió tiempo para analizar el caso. Además, el mismo juez pospuso la citación del ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri, quien adujo que no podía viajar por sus compromisos como representante argentino en el Banco Mundial. El magistrado prefirió no aguardar al término de estos trámites para firmar lo que era una medida ya anunciada.

Boudou quería contestar a las afirmaciones de integrantes de la familia Ciccone, que declararon que el vicepresidente les arrebató la empresa en sociedad con su amigo Núñez Carmona y con Alejandro Vandenbroele. Boudou sostiene que se trata de una versión falsa. Y ya había pedido que para probarlo se investigue la ruta del dinero. El vicepresidente insiste en que el dinero para salvar la calcográfica fue aportado por Raúl Moneta y que todo se hizo sobre la base de un acuerdo, firmado ante escribano, por Reinwick y Vandenbroele. Un elemento fundamental es que en esos papeles se consigna que si el dinero prestado por Moneta era devuelto normalmente, la totalidad de la empresa volvía a Reinwick, o sea a una parte de la familia Ciccone.

El vicepresidente también pretendía hablar con el juez sobre el trasfondo político de la causa Ciccone. En primer lugar, lo ocurrido en la causa civil, el papel del juez de la quiebra y, sobre todo, el de la empresa Boldt, que teniendo una fuerte presencia en el juego, los casinos y las tragamonedas, pretendió quedarse con la fabricación de billetes. Y también sobre la forma en la que se debilitó la Casa de Moneda, fabricante estatal de billetes, con la presencia de gerentes que estuvieron en Boldt y que después volvieron a Boldt. Los detalles de todas esas operaciones fueron señaladas por el periodista Horacio Verbitsky en este diario, el domingo 15 de junio, con los detalles del ex carapintada, comando en explosivos, vendedor de helicópteros y ex sospechoso en el caso AMIA, Jorge Orlando Pacífico, que inició la causa con una denuncia asombrosa: que escuchó en un bar la conversación entre varios parroquianos que dijeron que The Old Fund era una pantalla de la familia Ciccone y de alguien del Gobierno. Pacífico no sabe quiénes son esas personas que hablaban en el bar y, por las dudas, dijo que no las puede reconocer.

Para Lijo, The Old Fund fue adquirida sólo con la finalidad de cobrar más de siete millones de pesos que pagó Formosa por un asesoramiento para la renegociación de la deuda provincial, cuando Boudou era ministro de Economía. Sobre el financiamiento de Moneta, consideró que el aporte de dinero comenzó después de que The Old Fund comprara Ciccone. Por lo tanto, cree que la atribución del dinero a Moneta tiene inconsistencias. El juez señaló que los Ciccone confiaban en que The Old Fund tenía el respaldo de Boudou.

Lijo consignó en su resolución que en otros procesos de expropiación realizados por el Estado –YPF, los trenes y Aerolíneas Argentinas– se alegó un interés público para salvar a empresas que fueron estatizadas, pero que en el caso de Ciccone quedó en manos privadas. También tomó como prueba que el Ministerio de Economía suspendiera un licitación para modernizar la Casa de Moneda, pero Boudou sostiene que, por el contrario, durante los últimos años se jerarquizó esa dependencia que había sido descuidada durante las gestiones anteriores.