El gobierno porteño firmó un decreto para sacarse de encima a los peritos verificadores de obras, habilitaciones, ascensores y otras especialidades vitales que controlaban lo que se construye o funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se publicó en el Boletín Oficial el viernes pasado. Prescinde del registro de profesionales que en determinado momento llegó a tener 1453 anotados y pretende cambiarlo por un número muy reducido de especialistas –se habla de veinte– que deberían acceder a su cargo por concurso. La asociación que reúne a los afectados (APPV) definió a la norma como “un verdadero disparate” y su presidenta, la arquitecta Lilian Rodríguez, dijo sentirse “aterrada, porque antes que profesional soy madre y dejamos que en el futuro quede todo en manos de quienes manejan el negocio inmobiliario”.

Del decreto 271/14, que firmaron Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros Guillermo Montenegro y Daniel Chaín, se desprende que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) concentrará una dosis de poder adicional a la que ya tiene. La no existencia de un registro de profesionales independientes le permitirá designar peritos con el objetivo –como dice la norma– “de continuar las mejoras en el ejercicio del poder de policía”. No se explica cómo hará el organismo que encabeza el mayor retirado Juan José Gómez Centurión para cumplir ese cometido: cubrir con veinte profesionales unas 4 mil obras en construcción que, se calcula, hay en la Capital Federal.

El registro que existía desde el año 2000 fue borrado de un plumazo al derogarse los decretos 733/00, 952/03, 2.115/03 y 841/03. Para la arquitecta Rodríguez, la decisión representa “una amenaza al cuidado de toda la población, la pérdida de un derecho adquirido, porque ni Macri tenía poder para meterse con un verificador”.

La nómina de profesionales había sufrido un notable desguace debido a los magros honorarios que paga el gobierno porteño. Por una pericia, los arquitectos o ingenieros pueden percibir entre 400 y 600 pesos mensuales, que cobran con varios meses de retraso y los inspectores de habilitaciones, aún menos: 200 pesos. “Sólo nos dejan hacer un trabajo por mes”, dice Rodríguez. Así, el registro pasó de tener más de un millar de anotados a unos pocos centenares. Cada uno de los peritos, además de sufrir ese maltrato laboral, debe hacerse cargo de la matrícula, pagar el monotributo y los viáticos.

Desde el gobierno porteño se argumentó para justificar el decreto 271 que en los últimos tres años se recibieron unas 14 mil denuncias por irregularidades en obras. Algunas causaron hechos trágicos, como la caída del gimnasio de Villa Urquiza en 2010 o el edificio de la calle Bartolomé Mitre que se derrumbó en 2011 en pleno centro. “En ningún caso tuvimos afiliados en nuestra asociación que pasaran por el Tribunal de Etica. Las denuncias eran contra el gobierno o sus funcionarios, no contra nosotros”, comenta la presidenta de la Asociación de Profesionales Perito Verificadores.

En protesta contra la nueva disposición, los afiliados a la APPV se concentraron el viernes pasado –el mismo día en que salió publicado el decreto– frente a la Jefatura de Gobierno. Los acompañó el diputado Alejandro Bodart (MST-Izquierda Unida), quien anunció que en los próximos días van a “presentar un recurso de amparo y la citación a la Legislatura a Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control”. También adhirieron a la lucha de los peritos desplazados las diputadas porteñas del Frente para Victoria María José Lubertino y María Rosa Muiños, Marcelo Ramal, del FIT, y Virginia González Gass, del Partido Socialista Auténtico.

La norma que borra un registro con catorce años de funcionamiento en la Ciudad, según dice su artículo 4º, delega en la AGC la tarea de “arbitrar los medios y recursos necesarios para dar cumplimiento a las verificaciones correspondientes a los regímenes previstos en el presente decreto, hasta tanto se lleven a cabo los concursos establecidos en el artículo anterior”. La arquitecta Rodríguez reclamó “la continuidad de nuestra tarea, porque disolver nuestro registro es reducir los controles independientes y aumentar los riesgos para los ciudadanos”.

La AGC, cada vez más redimensionada, cada vez con más poder, depende orgánicamente del ministro de Justicia y Seguridad, Montenegro, pero en los hechos sus funcionarios responden políticamente a Rodríguez Larreta. Su titular, Gómez Centurión, es tan criticado como sus antecesores en el cargo: desde el ex juez Federico Young, un apologista de la última dictadura, al vocal titular de la comisión directiva de Boca Juniors, Oscar Ríos. El mismo personaje que, cuando se derrumbó el gimnasio en Villa Urquiza donde hubo tres muertes, en lugar de dar la cara donde se produjo el siniestro, prefirió ir a votar en una reunión de comisión directiva contra la renovación del contrato dolarizado de Juan Román Riquelme.

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