Organismos jujeños de derechos humanos expresaron su “preocupación” a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta por las dilaciones que mantienen paralizadas las causas en las que están procesados por delitos de lesa humanidad Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, y su ex administrador Alberto Lemos. “Sabiendo que hay una intencionalidad en la defensa de Blaquier de utilizar todos los recursos que tenga a su alcance para dilatar la llegada del juicio oral, que la Cámara lastimosamente se tome seis meses para trabajar en pedidos que no tienen razón de ser nos provoca como mínimo preocupación”, explicó Eva Arroyo, referente de la sede local de Hijos, una de las tantas organizaciones que asistieron ayer a la audiencia con los camaristas.

Los jueces Jorge Luis Villada y Isaías Rabbi Baldi Cabanillas recibieron ayer a los querellantes en varias causas por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia. Los magistrados hicieron un informe de situación de las investigaciones en trámite. “En relación a las causas en las que están procesados Blaquier y Lemos los camaristas tienen solo una cuestión pendiente: la excepción de falta de acción planteada por las defensas”, especificó la abogada querellante Paula Alvarez Carreras. Según les informaron, la Cámara se pondrá a resolver el asunto en agosto.

El planteo de las defensas es, en sí, un cuestionamiento a la legitimidad de la querella de la familia del ex intendente de la ciudad jujeña de General San Martín Luis Arédez, secuestrado en lo que se conoce como la Noche del Apagón en ese pueblo y que permanece desaparecido. “Tenemos mucha preocupación”, remarcó Arroyo. “La Cámara demoró un año en resolver el procesamiento de Blaquier y Lemos”, que fue dictado por el juez federal Fernando Poviña en noviembre de 2012, “y ahora se toma otros seis meses”, criticó la integrante de Hijos. Luego, concluyó: “La defensa utiliza todas las herramientas, todas las chicanas posibles, para dilatar la llegada del juicio. Hasta han cuestionado la querella de la familia Arédez, que es perfectamente constitucional, hasta esa barbaridad han llegado a hacer. El planteo que le hicimos es que esto que les toma a ellos seis meses les significa a sobrevivientes, ex presos y familias de los desaparecidos un hostigamiento constante, tienen que apresurarse”.

Los cuestionamientos a las querellas es la última de las tantas trabas que las defensas del dueño de la principal empresa azucarera y papelera del norte del país y de su ex administrador intentaron a la llegada del juicio oral que los ubica en el banquillo de los acusados, por ser cómplices de secuestros durante la última dictadura cívico militar. El resto de las cuestiones planteadas, como el apartamiento del fiscal Pablo Pelazzo, están en Casación. Allí también aguarda el recurso de queja que presentaron las querellas y el Ministerio Público Fiscal por el apartamiento que la Cámara de Apelaciones aceptó de seis víctimas. Desde las acusaciones creen que Casación espera que llegue esta última cuestión de Salta para definir todo junto. No obstante, frente a la dilación que prevén seguirán sufriendo, los organismos decidieron solicitar una audiencia con Casación para explicar que ya no pueden esperar más. “La riqueza que tiene el juicio oral es que ventila los hechos sucedidos a toda la sociedad. Blaquier quiere dilatar el debate para evitar el desprestigio que significará para él y su empresa”, entendió Arroyo. Los organismos se enteraron, además, que los camaristas dictaron la falta de mérito por el delito de torturas para la patota que manejó el comando radioeléctrico de Jujuy, uno de los centros clandestinos de detención de la provincia. Según la decisión de la Cámara, ese grupo de represores debería ser juzgado en una segunda etapa por la privación ilegítima de la libertad de varias víctimas. Las querellas apelarán la cuestión.