La primera consecuencia de la anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tuvo lugar el lunes pasado, cuando la Cámara Federal porteña en pleno ordenó la reapertura de dos grandes causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Esta medida fue un mensaje para la Corte Suprema, que debe decidir sobre la validez de esas normas. Pero las investigaciones sobre los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, impulsadas por la Cámara, se sumarán a otras que distintos tribunales del país están llevando a cabo desde hace varios años y que han ido avanzando, a veces más lento y a veces más rápido, entre las grietas de la impunidad.
El 4 de mayo de 2000 la Sala II de la Cámara Federal porteña dio una primera señal de que las denuncias sobre desapariciones y torturas perpetradas por el terrorismo de Estado no estaban paralizadas y tampoco restringidas al derecho a la verdad o a la apropiación de menores. En un fallo relacionado con el secuestro de Conrado Gómez, que se había abierto a raíz de las declaraciones del represor Alfredo Astiz a la revista trespuntos (“Soy el hombre mejor preparado para matar a un periodista o un político”), declaró la imprescriptibilidad del delito de desaparición de personas y señaló que la Obediencia Debida no era de aplicación automática sino que cada caso debía ser investigado. En marzo de 2001, el juez Gabriel Cavallo no sólo profundizó esa línea sino que provocó un avance cualitativo al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El magistrado se pronunció en una causa en la que se investigaba la apropiación de una niña, Claudia Victoria Poblete, que había sido secuestrada y llevada al centro clandestino de detención El Olimpo. Cavallo señaló que los represores Juan Antonio Del Cerro, alias “Colores” y Julio Simón, conocido como “El Turco Julián” debían ser juzgados también por la desaparición de los padres, José Poblete y Gertrudis Marta Hlaczik.
Al fallo de Cavallo le siguieron, en el fuero penal porteño, otros dos de Claudio Bonadío. Uno fue en el caso Gómez, en el que también se persigue el desapoderamiento de los bienes del desaparecido, y el otro en la investigación sobre los secuestros de quince militantes montoneros que volvieron al país en 1980, en el marco del operativo de contraofensiva contra la dictadura. Por el primer hecho, están detenidos los marinos Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón y Jorge Carlos Rádice. Por el segundo, Bonadío acaba de procesar a los ex miembros del Batallón de Inteligencia 601 Julio César Bellene, Luis Jorge Arias Duval y Jorge Granada. En esta causa ya estaban presos otros 15 militares, entre ellos, el ex jefe del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason y Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón 601. En un giro que los organismos de derechos humanos denunciaron como un intento por reavivar la teoría de los dos demonios, el juez arrestó en este mismo expediente, a los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía y ordenó la captura internacional de Mario Firmenich. Bonadío consideró que, al no tomar determinadas medidas de precaución en el reingreso al país de los militantes, los jefes fueron partícipes de sus secuestros.
En los tribunales de Comodoro Py también se investiga la Operación Cóndor, como se llamó a la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Por este caso está procesado el dictador Jorge Rafael Videla y esta semana, el fiscal Miguel Angel Osorio, pidió el arresto de once ex jefes de la dictadura, entre ellos, Jorge Olivera Rovere, César Aníbal Ferrero, Santiago Omar Riveros, Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Además, hay expedientes abiertos sobre los obreros desaparecidos de las fábricas Ford y Mercedes Benz y los asesinatos de la Masacre de Fátima, llevada a cabo en Pilar. Algunos de las denuncias ya existentes se acoplarían con las causas reabiertas esta semana por la Cámara Federal. Eso, por ejemplo, podría ocurrir con un caso que se impulsó luego de que el gobierno de Fernando de la Rúa rechazara la extradición de doce marinos reclamados por el juez español Baltasar Garzón y con otro que se inició en estos días, porque las autoridades españolas tomaron esa misma medida respecto a 39 militares y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.
Los tribunales del interior del país también fueron protagonistas en el momento de poner (o intentarlo) a los represores tras las rejas.
- En Salta los coroneles Carlos Mulhall y Miguel Gentil están encerrados por el asesinato de 12 presos políticos que fueron fusilados durante un supuesto traslado desde el penal de Villa Las Rosas a Tucumán, en lo que se conoce como la Masacre de Palomitas. Al ordenar esa medida, la Cámara Federal salteña declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En este caso está involucrado el juez Ricardo Lona, quien renunció a su cargo después de que avanzara una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura.
- En Chaco, la Cámara Federal de Resistencia liberó a diez represores que participaron en la Masacre de Margarita Belén, caso por el que el juez Carlos Skidelsky se había pronunciado por la invalidez de las normas que interrumpieron los juicios a los militares. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) denunciaron a los camaristas ante el Consejo de la Magistratura y a los fiscales ante la Procuración General de la Nación, ya que los funcionarios que permitieron la excarcelación de los acusados son subordinados de personas que están señaladas como cómplices del asesinato de los 22 presos políticos, también perpetrado mientras se simulaba un traslado.
- El caso de La Plata es especial, ya que el juicio por la Verdad permitió recolectar mucha y novedosa información que provocó denuncias penales. Pero hasta ahora y debido a la inacción de los magistrados de primera instancia, ningún expediente originado en esta jurisdicción avanzó. El camarista Leopoldo Schiffrin reclamó el juzgamiento del comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz por delitos diferentes a los que había sido condenado en la causa Camps, pero los jueces no quisieron hacerse cargo del caso y lo enviaron a Capital. Los magistrados platenses tampoco impulsaron ninguna de las denuncias realizadas por el fiscal del Juicio por la Verdad, Félix Crous, quien solicitó la apertura de pesquisas sobre los crímenes perpetrados en la comisaría quinta de La Plata, los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona de Arana y el resto del llamado circuito Camps (“La Chaca”, “Brigada de Investigaciones” y Comisaría octava, entre otros). Crous reclamó también la detención del sacerdote Christian Von Wernich, cómplice y partícipe de secuestros, desapariciones y torturas. El hombre fue detenido por una noche por la Cámara Federal, pero el juez Arnaldo Corazza lo dejó ir. (ver aparte)
- En Santa Fe, aunque aún no ordenó arrestos, el juez Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, medida que fue impulsada por el fiscal Alejandro Luengo. El magistrado lleva adelante un expediente abierto a raíz del rechazo de un pedido de extradición de Garzón contra el ex juez Víctor Hermes Brusa, el ex fiscal Víctor Manuel Monti y los represores Juan Orlado Rolón, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzoti, Eduardo Alberto Ramos, Héctor Robledo Colombini, María Aevi y Nicolás Correa.
- En Rosario, donde mandaron Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri y Arturo Jáuregui, HIJOS intenta hacer avanzar una denuncia sobre los delitos de lesa humanidad llevados a cabo en el campo de concentración conocido como Quinta de Funes.
- En Córdoba, organismos de derechos humanos y la fiscal Graciela López de Filoñuk pidieron la nulidad de las leyes de impunidad y los indultos. La jueza Cristina Garzón de Lascano aceptó sólo perseguir penalmente los hechos que hubieran ocurrido antes del 24 de marzo de 1876 o los que quedaron excluidos de la Obediencia Debida, el Punto Final o los indultos. Sí admitió considerar el tramo de las desapariciones que se siguen cometiendo después de 1986 o 1987, cuando los represores fueron amnistiados.
- En Tucumán, a pesar de las numerosísimas pruebas contra el dictador Bussi –quien ordenó, supervisó y ejecutó los crímenes cometidos en la provincia que luego lo eligió gobernador y ahora intendente de la capital- ningún juez se animó, hasta ahora, a detenerlo. Los casos más avanzados son las investigaciones sobre el Centro Clandestino Pozo de Vargas y las desapariciones de los periodistas Maurice Jeger y José Eduardo Ramos.
Algunas causas se mueven sigilosas, otras con ruido. Otras, es verdad, duermen cómodas en cajones de despachos judiciales. Pero numerosos expedientes se reprodujeron en los últimos años en la Justicia, empujados por Garzón, por los procesos por apropiaciones de bebés y el derecho a la verdad y, sobre todo, por las víctimas y los organismos de derechos humanos. Van a ser muchos papeles para archivar y muchos los culpables a liberar si la Corte Suprema se opone a que se investiguen los crímenes cometidos durante la dictadura y a que los represores vayan a prisión.