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“La persecución penal de los responsables de violaciones de los derechos humanos es un deber propio del Estado.” Esta idea, que aparece en el borrador del voto del juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, será la que posiblemente oriente el fallo que el alto tribunal firmaría hoy ordenando la reapertura de la pesquisa sobre la desaparición de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin. Uno de los principales involucrados en la causa es el represor Alfredo Astiz.
En la Corte se discutió si el padre de la joven, secuestrada el 27 de enero de 1977 y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, tiene derecho a pedir que continúe la investigación a pesar de que la Argentina ya lo indemnizó con 700 mil pesos. La Cámara de Casación Penal le había negado ese camino al aceptar, en cambio, los argumentos del almirante Luis María Mendía, que decía que el hombre se había comprometido, en un acuerdo de solución amistosa, a no iniciar otros reclamos.
Los supremos ya tienen decidido que revocarán la decisión de los camaristas que, según el borrador de Boggiano, no tuvieron en cuenta “la obligación de reparar (no sólo en el aspecto económico) establecida por los tribunales internacionales”. Explica, además, que el hecho de que Ragnar Hagelin, padre de Dagmar, haya renunciado a nuevas demandas ante el Estado argentino no quiere decir que lo haya hecho respecto de “la averiguación de la verdad y la eventual sanción de los responsables”. Y que, de todos modos, esa tarea es obligatoria para el propio Estado, que debe “hacer efectiva la persecución penal” y “tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos al ejercicio de los derechos que la Convención Americana de Derechos Humamos reconoce”.
Según los ánimos que reinaban en la Corte hacia el fin de semana, por lo menos cinco ministros más estaban dispuestos a firmar un fallo en este sentido, lo que no quita que algunos hagan votos con argumentos propios. Como en los otros temas de derechos humanos que el tribunal viene desempolvando, funcionará una suerte de “nueva mayoría” a la que se integró el ex automático Guillermo López, uno de los que más riesgo corre de ir a juicio político –de acuerdo con los rumores parlamentarios– igual que el menemista Adolfo Vázquez, quien, en cambio, por ahora mantiene su lealtad a los militares y evita pronunciarse en estos expedientes. Eduardo Moliné O’Connor, cerca de ser suspendido por el Senado, tampoco opina.
La Corte, así, sigue dando algunas pautas para que avancen las causas sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Lo hizo recientemente también al ordenar que se investigue al dictador Jorge Rafael Videla por apropiación de menores hijos de desaparecidos. Pero aún sigue sin destrabar el debate sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que representan en el plano judicial la llave para definir si los procesos penales contra los represores podrán –o no– desarrollarse hasta el final sin obstáculos y terminar en condenas definitivas.
El pedido para que se declare la inconstitucionalidad de ambas leyes fue formulado expresamente por el padre de Dagmar Hagelin desde un comienzo. Y la semana pasada, ante los rumores de que habría un pronunciamiento en esta causa, su abogado, Luis Zamora, les solicitó a los supremos que no dejen de lado esa cuestión. “Han pasado veintiséis años, ocho largos años desde que se solicitó la reapertura de la causa y se planteó la nulidad de normas de impunidad, y tres años desde que recurrimos a esta Corte. Demasiado tiempo para sólo resolver que sobre la cuestión de fondo se expida otro tribunal”, decía el escrito.
“No nos vamos a meter con eso por ahora”, dijo un ministro a Página/12. “Es un tema que estamos analizando en otros dos expedientes y para el que tampoco tenemos mayoría, sigue trabado, quizá se desbloquee cuando llegue(Eugenio) Zaffaroni”, sostuvo. Los únicos ministros que están decididos a dictar la inconstitucionalidad son Boggiano y Juan Carlos Maqueda. Moliné y Augusto Belluscio quieren la constitucionalidad. Y los demás prefieren que previamente se expida Casación Penal. En el caso Hagelin, ese tribunal es el que va a dictar un nuevo fallo, pero tampoco hay certezas sobre qué alcances puede tener en relación con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los caminos para el juzgamiento de los genocidas se van abriendo, hasta ahora, por otros atajos.