El conflicto con los fondos buitre tensó la relación del Gobierno con la representación diplomática estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, le dejó en claro ayer al encargado de Negocios y responsable diplomático estadounidense, Kevin Sullivan, el “profundo malestar y enérgico rechazo del gobierno argentino por las impropias” declaraciones que había realizado al diario Clarín en las que señalaba que la Argentina había caído en “default”. Sullivan asistió a la cita en la Cancillería, donde fue advertido por sus declaraciones. Timerman le informó que, “de repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos de la República Argentina, se adoptarán las más severas medidas”, estipuladas para los representantes diplomáticos.

“El propio gobierno norteamericano conoce las consecuencias perversas de la sentencia del juez (Thomas) Griesa, tal como expresó en abril de 2012 en su presentación como amicus curiae” de la Argentina, le recordó Timerman a Sullivan en el encuentro privado que mantuvieron en el Palacio San Martín. El diplomático estadounidense asistió a la cita para recibir de manos del canciller el rechazo a sus declaraciones en las que afirmaba que Argentina se encontraba en situación de “default”. “La Argentina no tiene deudas en cesación de pagos con Estados Unidos ni con ningún otro país. Muy por el contrario, con fecha 30 de julio el país ha erogado el primer vencimiento del acuerdo firmado con los países miembro del Club de París por un importe de 642 millones de dólares”, le informó el jefe de la diplomacia argentina a Sullivan para que corrija sus dichos. En la embajada no realizaron declaraciones sobre el encuentro.

La embajada estadounidense se encuentra sin embajador desde que Vilma Socorro Martínez dejó el cargo en junio del año pasado. Sullivan quedó a cargo de la sede diplomática mientras en el Parlamento norteamericano aún se discute la posible designación de Noah Mamet, un asesor del presidente norteamericano, Barack Obama, resistido por los legisladores para dar el acuerdo de su designación.

El reclamo argentino surgió a partir de que Sullivan declaró al diario Clarín que era “importante que Argentina saliera del default lo antes posible para poder retornar a la senda del crecimiento económico sustentable y atraer la inversión que necesita”. El enojo del gobierno argentino tiene sustento en la utilización de los fundamentos de Griesa para avalar el reclamo de los fondos buitre por parte de Sullivan en calidad de embajador interino.

Timerman citó al diplomático norteamericano para informarlo de que “la Argentina ha honrado todos sus compromisos en tiempo y forma en las condiciones en que lo ha acordado en el 2005 y el 2010 y lo seguirá haciendo”, según explicaron en un comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller le expresó al estadounidense que “los dichos sobre un supuesto default no tienen ningún asidero fáctico, sino que coinciden con la postura de los fondos buitre en contraposición con los intereses del 92,4 por ciento de los acreedores que han aceptado la reestructuración de la deuda”, apuntando al emparentamiento de los dichos de Sullivan con las argumentaciones de los holdouts que atentan contra el proceso de reestructuración de la deuda que se realizó en el 2005 y el 2010. En la misma línea Timerman apuntó que Sullivan parecía “ignorar la ley 26.984 del Pago Soberano Local de la Deuda Exterior de la República Argentina aprobada por el Parlamento argentino en la cual se contempla el pago al ciento por ciento de los acreedores”, y agregó que el objetivo de la ley promulgada la semana pasada era “subsanar la situación creada por la incumplible sentencia de un juez de Nueva York que impide el cobro a los acreedores” que ingresaron al canje.

Pero el reclamo hacia la diplomacia norteamericana fue más allá debido a que las declaraciones también involucraban la estrategia tomada por Argentina para enfrentar la embestida legal con trasfondo político de los fondos buitre. “Estados Unidos no apoya el debate en Naciones Unidas porque no nos parece el ámbito para encontrar una solución eficiente”, había señalado Sullivan, a pesar de que Argentina había logrado el apoyo mayoritario de 124 países, que incluía a los países del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sobre los once que votaron negativamente y las abstenciones de 41. El estadounidense había apuntado más alto cuando señaló que era “mucho mejor trabajar sobre mecanismos de mercado que ya existen para emitir deuda soberana antes de crear una convención en la ONU o ir a La Haya”, criticando el camino emprendido por el Estado argentino.

El país busca cumplir con sus obligaciones a la vez que enfrenta las maniobras de los fondos buitre, como fue el embargo de la Fragata Libertad o la campaña que la American Task Force impulsa mediáticamente contra el posicionamiento argentino. Por ello Timerman le aseguró en el encuentro a Sullivan que “Argentina deplora que Estados Unidos no haya aceptado dirimir las responsabilidades de su Estado por el daño ocasionado por su Poder Judicial ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas”, y resaltó que allí existen “jueces independientes que hubieran resuelto la cuestión aplicando criterios legales, equitativos y justos”. A su vez no dejó pasar la oportunidad para recordarle que “Estados Unidos tampoco acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional en temas vinculados con la violación de los derechos humanos”. Timerman le explicó que “la Argentina lamenta que Estados Unidos no se haya unido al amplio consenso logrado en las Naciones Unidas sobre la necesidad de establecer un Marco Legal Regulatorio para la Reestructuración de Deudas Soberanas”, y agregó además con contundencia que el país “deplora que durante las negociaciones no haya tenido una actitud cooperativa”.

Sullivan finalmente debió escuchar de boca del jefe de la diplomacia argentina la advertencia de que, “de repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos, se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de los representantes diplomáticos”, entre las que se encuentra la posibilidad de declararlo persona no grata y solicitar al país que representa que sea reemplazado.