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El gobierno argentino decidió aumentar la intensidad del conflicto que mantiene con los Estados Unidos por los fondos buitre. Esa es la lectura que parece más ajustada sobre la protesta que le formuló personalmente el canciller Héctor Timerman al encargado de la embajada norteamericana en la Argentina, Kevin Sullivan.

Tal como se informa en estas mismas páginas, el Ministerio de Relaciones Exteriores además emitió un comunicado que incluye una advertencia: “De repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos de la República Argentina, se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de los representantes diplomáticos”. Es una forma de señalar que Sullivan podría ser declarado persona non grata.

El artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que entró en vigor en 1964, hace 50 años, dice textualmente: “El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”. Y sigue: “El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor”. Si el Estado acreditante se negara a ejecutar la medida o la dilatase, “el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate”.

El encargado de negocios es el número dos de una embajada. Sullivan está a cargo de la representación porque tras la ida de Vilma Martínez, el presidente Barack Obama no logró la designación de su postulante, el donante presidencial demócrata Noha Mamet. Obama tiene dificultades para controlar el Congreso. En el Senado cuenta con mayoría (52 senadores sobre 100) y afronta la renovación de un tercio en las parlamentarias del próximo 4 de noviembre. Una nominación de embajador puede ser decidida por mayoría simple y desde el año pasado no puede ser obstaculizada por el llamado filibusterismo, que permite a un opositor hablar interminablemente salvo que 60 votos le quiten el uso de la palabra. En la Cámara de Representantes (diputados), los demócratas son minoría, con 201 legisladores contra una mayoría de 234 republicanos. La ratificación de los embajadores es función del Senado. Hipótesis uno: Mamet no consiguió aún la aprobación del Senado porque los demócratas tienen otros asuntos que negociar, el filibusterismo y los 60 votos mágicos siguen vigentes para el resto de los temas y la Argentina no tiene el nivel prioritario de, por ejemplo, México. Hipótesis dos: Mamet no es embajador porque tampoco los demócratas, por iniciativa propia o por acción de los lobbistas de Paul Singer, están muy apurados por cubrir la vacante en la Argentina. Hipótesis tres: Mamet es sólo parte del paquete de 40 designaciones aún pendientes para Obama.

La controversia entre los Estados Unidos y la Argentina quedó suscitada luego de que Sullivan elogiase el lunes último ante Clarín el cierre con el Club de París y criticase la negociación con los fondos buitre, a los que no nombró de ese modo. “La Argentina venía muy bien, resolviendo problemas claves para su reinserción en los mercados financieros” y el acuerdo con el Club de París “es importante y contundente”. Añadió que “es importante que Argentina salga del default lo antes posible para poder retornar a la senda de crecimiento económico sustentable y atraer la inversión que necesita”.

Una discusión razonable podría apuntar a preguntarse si la Argentina experimenta hoy un default o no. En un razonamiento lineal, si la respuesta a esa pregunta fuera negativa, el Gobierno debería protestar a la administración norteamericana. Si fuera positiva, no podría hacerlo. El punto clave para descartar esa línea de análisis es que en diplomacia los razonamientos lineales no bastan y ni siquiera tener razón alcanza. Aun creyendo que el Estado tiene razón, o sea que no hay default y que encima un juez norteamericano impide pagar a la mayoría de los bonistas, salvo en condiciones favorables a los holdouts, frente a los argumentos de otro Estado, o sea que sí lo hay, protestar no es una decisión ni legal ni moral. Es política. Lo mismo sucede con la forma de la protesta. La Cancillería puede convocar o no al representante extranjero, puede emitir o no un comunicado y ese comunicado puede o no ser duro. Habría que agregar otra posibilidad: la protesta puede incluir o no la expulsión del diplomático. En este caso no la incluyó, pero la mención explícita a que el representante podría ser declarado persona non grata acerca la citación de Sullivan al nivel de una protesta de tono muy duro.

En el trasfondo de todo conflicto en alza hay un diagnóstico y un cálculo de costo-beneficio. El diagnóstico oficial parece tener en cuenta que la Casa Blanca es hostilizada por Singer y su grupo de donantes republicanos pero que, a la vez, no quiere o no puede elevar el nivel de hostilidad contra él y favorecer a la Argentina, o al menos abogar donde pueda para reducir el perjuicio, porque quizás Obama evalúe que la peligrosidad de Singer podría aumentar todavía más el grado de acidez gracias al uso de sus investigaciones y su influencia parlamentaria.

En cuanto al cálculo, es evidente que para el Gobierno no puede obtenerse nada más de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en el litigio con los fondos buitre y que, además, subir un escalón más en el enfrentamiento con Washington no representa un riesgo serio.

Los norteamericanos, que son gente práctica, tienen un lema: wait and see. Esperar y ver. Una buena recomendación para quienes deseen evaluar el resultado de un cálculo que comenzó en 2011, cuando el Gobierno incautó material de comunicaciones en un avión de los Estados Unidos.

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