Funcionarios, legisladores, miembros del Poder Judicial y organizaciones vinculadas con la Justicia celebraron la decisión de la Presidenta de enviar un proyecto al Congreso para modificar el Código Procesal Penal, con la intención de oralizar todo el proceso y acelerar los actuales tiempos judiciales. “Hay consenso en la academia” sobre la reforma, señaló el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y sostuvo que la nueva norma permitirá “que la investigación sea más rápida”. “Va a ser la herramienta más importante que va a dejar este gobierno en la lucha contra el delito en la Argentina”, aseguró el secretario de Seguridad, Sergio Berni. “La demanda de justicia es una de las principales causas de descontento social”, afirmó el juez de la Cámara de Casación Penal e integrante de la agrupación Justicia Legítima Alejandro Slokar, quien calificó al actual Código como “fascista”. Desde la oposición parlamentaria, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la macrista Patricia Bullrich, dijo que “abrirá el debate” de la propuesta del Ejecutivo, mientras el resto de las fuerzas todavía no fijó posición, aunque coinciden en la necesidad de modificar el Código vigente.

“Hoy, un proceso judicial, para elevarlo a juicio, tarda en promedio cuatro años. Esto sucede por el sistema vetusto que tenemos. Esta reforma hará que la investigación sea rápida y no dure más de un año. Va a servir mucho para las víctimas que quieren ver condenado al individuo que ocasionó el hecho, pero también para el acusado. Y en caso de que (un encausado) sea inocente, no va a pasar cuatro, cinco, siete años sin saber su situación procesal”, señaló Alvarez, sobre el proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia, que ahora será enviado al Congreso.

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, también expuso en números el fracaso del actual Código de Procedimiento. “Hay una cifra real, dramática: el 65 por ciento de detenidos está con procesamiento y sin condena firme y el 30 por ciento con condena, cuando la media de las sociedades del mundo es al revés”. “Hay algo que está funcionando mal en Argentina –continuó Fresneda–. No puede haber tantas personas detenidas sin condena y con procesamiento. Muchos terminan saliendo en libertad sin condena y haciéndole juicio al Estado.”

“Excelente noticia”, tuiteó la titular de Justicia Legítima, la jueza María Laura Garrigós de Rébori. En tanto, Slokar afirmó que la propuesta de reforma es “transformadora, indispensable, porque los juicios serán más rápidos, más transparentes con esta modernización del mecanismo del proceso, lo que va a permitir tratar de revertir alguna crisis de legitimidad de la Justicia”. El camarista calificó al actual Código de “fascista” por ser una “copia” del elaborado por el régimen de Benito Mussolini en los ’30.

“Se trata de un cambio de lógica, con la ventaja de que no es el primer caso que cambia un sistema arcaico, lento e inquisitorio, por uno adversarial”, afirmó el magistrado porteño e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip) Gonzalo Rúa.

Los diputados oficialistas también sumaron elogios a la decisión presidencial. “El proyecto es un instrumento de celeridad y eficacia”, dijo Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien señaló que el mismo establece que la acción penal “recaiga en los fiscales” y que los jueces y tribunales se ocupen de juzgar. El diputado y abogado laboralista Héctor Recalde remarcó que existe un “consenso generalizado” de analizar la reforma porque los actuales tiempos judiciales son “injustos, tanto para el inocente como para el culpable”.

“Estamos de acuerdo en analizar una reforma del Código. Es más, junto a los diputados Federico Pinedo y Pablo Tonelli, en el mes de junio presentamos un proyecto de reforma, cuyo espíritu es avanzar hacia un sistema acusatorio con la oralidad como principio para garantizar la justicia en tiempos cortos”, dijo Bullrich, para adelantar que el macrismo tendrá su propio proyecto. La UCR y el FAP todavía no fijaron posición y esperarán a conocer el texto del proyecto para hacerlo, aunque en principio consideran positiva una reforma. Habrá que ver qué actitud asume el massismo, que fue el primero en oponerse a tratar la reforma del Código Penal que elaboraron juristas de todas las corrientes políticas.