El Senado aprobó ayer el proyecto de nuevo Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno, y ahora la iniciativa quedó en manos de la Cámara de Diputados para ser tratada antes de fin de año, según confían en el oficialismo. Luego de casi cinco horas de debate, el texto obtuvo 39 votos a favor, con el apoyo del Frente para la Victoria y sus aliados habituales, y 24 en contra, por el rechazo unánime de todas las bancadas opositoras. A pesar de la postura negativa a la hora de votar, muchos legisladores de distintos sectores opositores reconocieron el avance que significa el nuevo código de procedimientos propuesto, que cambia el actual sistema inquisitivo de Justicia por uno acusatorio, dándoles más poder a los fiscales y las víctimas. El oficialismo había permitido incorporar más de cuarenta correcciones al dictamen durante su tratamiento en comisiones. No hubo, en cambio, nuevas modificaciones durante el debate de ayer en el recinto.

El encargado de abrir el debate, poco después de las dos de la tarde, fue el senador Pedro Guastavino (Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante por el oficialismo. Por ese entonces, la noticia en el recinto era la presencia, por primera vez en el año, del ex presidente y actual senador por La Rioja, Carlos Saúl Menem, quien permaneció un rato en su banca antes de retirarse del recinto, mucho antes de que se llevara a cabo la votación.

Durante su discurso, Guastavino repasó el proceso que tuvo el texto desde que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre, descartando que el proyecto se haya tratado de forma express, uno de los argumentos más repetidos por la oposición a la hora de justificar su voto en contra. “Este Código tiene que ver con lo que es la Justicia Federal” y “será una herramienta central para poder luchar especialmente contra el crimen organizado y delitos complejos como el lavado de dinero o la trata de personas”, agregó.

Entre los más críticos al nuevo Código estuvo el precandidato presidencial del radicalismo Ernesto Sanz (Mendoza) quien, no obstante, se manifestó a favor de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. De todas formas, dijo: “Este Código no va a resolver los problemas de la Justicia argentina, porque el problema que tiene la Justicia pasa por su dependencia del poder, por la cercanía con el poder económico, el poder político, el poder mediático, cualquiera, y eso perjudica a todos”.

Por el contrario, entre los defensores más enfáticos que tuvo la iniciativa estuvo el bonaerense Aníbal Fernández, que calificó la reforma como “un cambio trascendental”, y recordó que “la mayoría de los países de América” tienen un sistema de tipo acusatorio, como el que se propone. “Hablamos de un juzgamiento ágil y eficiente y para eso hay que garantizar la correcta implementación”, agregó. También rechazó las críticas que apuntaban a un poder desmedido del Ministerio Público Fiscal, señalando que entre los cambios introducidos al proyecto original se estableció que las causas “se repartirán por sorteo” y no por decisión de la Procuración General de la Nación.

Entre las modificaciones incorporadas en comisión por pedido de las bancadas opositoras también está la eliminación del criterio de “conmoción social” como argumento para otorgar o rechazar la prisión preventiva a un procesado; además se incorporó como condición para considerar peligro de fuga de un imputado “la constatación de detenciones previas” y la “declaración de reincidencia por delitos dolosos”. También se modificó la redacción del artículo que prevé una suspensión de juicio a prueba para aquellos extranjeros que cometan delitos leves y prefieran abandonar el país antes que someterse al proceso.

Además del paso del sistema inquisitivo al sistema de acusación, el nuevo Código establece pautas temporales: la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años. También se crearán 17 nuevas fiscalías y 1713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país, y los fiscales podrán decidir cuáles delitos investigar, aunque estarán obligados a hacerlo en todas las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.

El proyecto ya fue cursado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará tratarlo en comisión la semana que viene, con el objetivo de llevarlo al recinto antes de fin de año, gracias a la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso que decidió la Presidenta hasta el 31 de diciembre. Extraoficialmente, en el Frente para la Victoria descartan que en esa instancia vayan a introducirse nuevos cambios en el texto, ya que eso obligaría a que regrese al Senado y postergaría su sanción hasta el año próximo. De todas formas, el oficialismo, de no mediar sorpresas, cuenta con los votos necesarios para transformar en ley el nuevo Código Procesal Penal.