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La ex esposa de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, se comunicó con la fiscal Viviana Fein para anunciarle que no pedirá una nueva autopsia del cuerpo del fiscal. En cierto sentido, esto convalida el trabajo hecho en la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la Corte Suprema. El informe inicial que le hicieron llegar a la fiscal es que “no hubo intervención de terceras personas en la muerte de Alberto Nisman”. Arroyo Salgado puede no objetar la autopsia en sí misma, pero luego manifestar desacuerdo con la conclusión. Todo indica que se esperarán los estudios complementarios para fijar posturas. El cuerpo del fiscal será entregado hoy a la familia, casi seguro habrá un velatorio en una sala muy conocida de Belgrano-Núñez y el entierro se concretará mañana, en el cementerio israelita de La Tablada, donde yacen familiares de Nisman.

Como se sabe, los elementos que hoy están en la causa apuntan a que el fiscal se disparó a sí mismo:

- La distancia del disparo es de menos de un centímetro.

- No tiene otras lesiones ni marcas de defensa.

- No hay rastros de pelea en el baño.

Se trata, básicamente, de conclusiones surgidas de la autopsia que se realizó bajo la supervisión del decano del Cuerpo Médico Forense, Luis María Godoy; pero con la ejecución de dos de los máximos especialistas en autopsias, Fernando Trezza y Héctor Di Salvo. Arroyo Salgado sacó fotocopias de lo realizado, seguramente consultó con un forense y ayer le dijo a Fein que no pediría que se haga una nueva autopsia.

Para que la fiscal pueda definir el fondo de lo ocurrido –suicidio u homicidio–, se tendrán que esperar resultados de algunas medidas:

- El análisis toxicológico, que estaría sobre este fin de semana. Según los criminalistas, no hay chances de que una tercera persona disparase a un centímetro sin que haya lesiones defensivas, a menos que Nisman estuviera inconsciente. De manera que habrá que ver si tenía algún fármaco en el cuerpo.

- El estudio histopatológico, que permite un análisis microscópico de lo que ocurrió en el cuerpo. Y, además, se estudia el orificio del proyectil desde todos los ángulos. Con ese estudio se ratifica o rectifica el cálculo de distancia. Es muy difícil que el informe preliminar haya errado, pero también hay que verificarlo.

- El análisis de las comunicaciones –Nisman tenía tres celulares y un Nextel–, pero sobre todo de las computadoras –en principio, cuatro– puede arrojar alguna evidencia. Por ejemplo, una amenaza o, por el contrario, una situación de angustia o presión inmanejable.

- La revisión de todas las cámaras de seguridad del edificio para ver si hubo ingresos extraños. Ayer, otra vez, la fiscal estuvo en Le Parc para revisar las instalaciones y verificar la organización del control de entradas y salidas.

La impresión es que todos estos estudios y medidas de investigación estarán terminados este fin de semana. La fiscal se tomará su tiempo para reflejar sus conclusiones en un escrito que le presentará a la jueza Fabiana Palmaghini. Ayer, al mediodía, se pensó que le enviaría el expediente por la imputación a Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó el arma a Nisman. Sin embargo, pocos minutos más tarde, la propia fiscal emitió un comunicado informando que ella seguiría con la investigación.

Lagomarsino estuvo en la mañana del lunes en la Defensoría Oficial y designó a una integrante de ese cuerpo, Silvia Mussi. Pero con el correr de las horas de ese lunes su situación se fue agravando, al punto que le prohibieron salir del país. Además, se conoció la noticia de que la fiscal resolvió imputarlo por el préstamo de la pistola calibre 22 a una persona –el fiscal Nisman– que no tenía credencial de legítimo usuario. El delito tiene una pena de uno a seis años de prisión. Con ese cuadro de situación, ayer resolvió contratar a un abogado de mucha experiencia, el ex defensor de Carlos Menem Maximiliano Rusconi, quien también representó a parte de la familia Ciccone en la causa por la imprenta de billetes.

Fein ha dicho que está estudiando evidencias para decidir si acusa a Lagomarsino de algo más grave, sugiriendo tácitamente que podría ser instigación al suicidio. Toma en cuenta que le prestó el arma, que fue el último que vio al fiscal y que no está claro qué trabajo hacía para Nisman, ya que cobraba 40 mil pesos por mes y no iba a la fiscalía. A esto se agrega –como ya anticipara Página/12 el domingo–, que Fein está estudiando otros contratos que tienen ciertos parecidos con el de Lagomarsino: valores inusualmente altos y poca concurrencia a la fiscalía. Entre esos contratos está el de un abogado, Claudio Rabinovich, y otros similares.

Al técnico informático le apareció una ayuda inesperada durante el fin de semana. El sitio relacionesinternacionales.co publicó la declaración del custodio Rubén Benítez, quien aseguró ante la fiscal que Nisman también le había pedido un arma. Si la hipótesis era que Lagomarsino le dio el arma y le dijo “ya sabés lo que tenés que hacer”, el pedido de Nisman a Benítez demuestra que era el fiscal el que requería una pistola, no que Lagomarsino se la acercó como parte de una presión. Esto no cierra la pesquisa sobre una instigación al suicidio, pero le saca peso a la prueba contra el informático.

No está claro todavía cuándo Palmaghini y Fein van a llamar a Lagomarsino a prestar declaración indagatoria. Es más, si la jueza no ve más aristas que el préstamo del arma, tal vez se decida por configurar una causa paralela por ese hecho. Hoy por hoy, la prioridad de Fein es verificar si la conclusión provisoria de la autopsia se confirma: que quien accionó el gatillo de la pistola calibre 22 fue el propio Nisman.

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