El martes 7 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, de San Martín, abrirá su audiencia con al menos seis penitenciarios sentados en el banquillo de los acusados (otro, un séptimo, se encuentra prófugo al momento de redactarse esta nota; el octavo murió ahorcado en una celda, suicidio según la Justicia), y los familiares de Patricio Barros Cisneros sentados como querellantes, junto a la fiscalía. El de Patricio Jonathan Barros Cisneros es un caso paradigmático de la suerte del preso en las cárceles del SPB. Su cuerpo resumió los golpes de la violencia carcelaria. En este caso, en la U46 de San Martín; de la capacidad judicial para aceptar sin más las versiones de los custodios y desacreditar de inmediato las de familiares y allegados; y del paraguas para facilitar la fuga de los sospechados; pero mucho antes, del desinterés por escuchar y solucionar problemas, muchas veces simples, de la vida en el encierro (en el caso de Barros Cisneros, su novia estaba embarazada de 4 meses y el día de la visita pidió a los guardias que le permitieran un lugar con sombra para recibirla); del poder absoluto de los guardias, que rechazaron su pedido y decidieron castigarlo por su respuesta; y del odio y tremenda violencia que cargan los responsables de la custodia y que descargan sobre esos cuerpos. Barros Cisneros, con 26 años, murió a golpes. No cabe duda. Durante el juicio se dirimirá si, como lo señala la acusación, murió por los golpes recibidos en todo el cuerpo mientras estaba esposado y en el piso, de parte de al menos ocho penitenciarios; o si, como sostiene la defensa, el preso murió por golpes autoinfligidos. Hoy se cumplen tres años desde que Barros Cisneros se suicidó a patadas.

Barros Cisneros estaba detenido en la U46, en el Complejo San Martín, del SPB, ubicado junto a la Ceamse, frente al Camino del Buen Ayre. El sábado 28 de enero de 2012 lo fue a visitar su pareja, una chica de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses. El día era caluroso y la joven había pasado tres horas de cola para entrar y empezar por el desnudo de la requisa. Barros Cisneros pidió un lugar techado y privado para recibirla. La guardia rechazó el pedido. El preso reclamó. La discusión subió de tono. Y se desató el correctivo. A tal punto está naturalizado el maltrato que decenas de presos, la propia novia y unos cuantos guardias fueron testigos de los golpes que recibió el reclamante, y producto de los cuales murió casi de inmediato.

Cuando el fiscal Carlos Insaurralde desembarcó en el terreno de los hechos, lo primero que hizo fue considerar la versión penitenciaria y descartar la del resto de los testigos. Los guardias dijeron que Barros Cisneros, encolerizado, se golpeó solo la cabeza contra las rejas hasta matarse. Autogolpes postmortem: de la autopsia surgió que tenía más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”.

Entre los 120 testimonios tomados en aquel momento en la propia U46 por el CELS, que representa a los familiares de Barros Cisneros, y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, y el secretario de Ejecución de San Martín, hubo un amplio consenso en que el preso fue golpeado a patadas y puñetazos, por entre ocho y diez oficiales, cuando ya estaba esposado y tirado en el piso, boca arriba.

“Pará, pará... no me pegues”, sostuvo haber escuchado un testigo que vio cuando era golpeado. “Con las manos esposadas en la espalda –continúa el testimonio–, el agente Benítez tomó del cuello con ambas manos al detenido a modo de estrangulamiento. (...) Al mismo tiempo otro guardiacárcel, de apellido Luna, le dio varios puntapiés en el tórax (...). También lo vio saltar sobre el interno entre dos y tres veces con ambos pies. Además, vio al oficial Chaparro aplicarle bofetada y golpes de puño en la cara, aunque no puede precisar cuántas veces lo golpeó. (...) Un agente conocido como Gallego lo pateó en dos o tres ocasiones en la zona de los genitales. Además, estaba presente un oficial del área de tratamiento de apellido Keem, quien le aplicó un cachetazo.” Otro testigo dijo que vio cómo era “golpeado en la cabeza con puntapiés, que le aplicaron gas pimienta, y que a su entender lo mataron a golpes”.

Dos días más tarde, cuando la autopsia desestimó la versión penitenciaria, el fiscal ordenó la detención de cuatro agentes: Héctor Mario, Rodrigo Chaparro, Gerardo Luna y César Benítez. Para ese momento ya se habían fugado. Insaurralde fue apartado y sumariado. El caso pasó al fiscal 1 Héctor Scebba. Cuatro meses después Scceba acusó a Víctor Silva, Miguel Gallego y Claudio Keem (este último llegará al juicio en libertad). Posteriormente, también imputó a Juan Liberto. Entre agosto de 2012 y junio de 2014, salvo Benítez, se habían entregado o capturado los prófugos, y Silva apareció ahorcado en su celda. Los presentes enfrentarán los cargos de torturas seguidas de muerte.

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