La decisión del fiscal Gerardo Pollicita de dar curso a la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA generó repercusiones en todo el mapa político argentino. Aunque la decisión del fiscal fue dada a conocer por la tarde, ya a la mañana la tapa de algunos diarios anticipaba ese paso, lo que generó respuestas oficiales: desde el Gobierno denunciaron “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” y “golpismo judicial activo”. Más tarde, ya con la imputación decidida, desde todos los sectores de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” de la situación y pidieron que se avance con la investigación.

El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática” la decisión del fiscal Pollicita de imputar a la Presidenta, algo que “no tiene ningún valor jurídico”. Para el funcionario, “pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado”, lo que genera una repercusión mediática “que sí tiene mucha importancia”, dando una imagen errónea de la situación. “Lo que le llega a mi mamá en este momento, que no conoce de Derecho, seguramente dice ‘uh, la Presidenta en una causa’”, agregó Fernández, que calificó la denuncia como “ridícula, bochornosa, insultante”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el Gobierno está frente a “la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”. En su habitual conferencia de prensa de cada mañana, sostuvo que “los requerimientos que se realizan no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino política, para generar impacto político y no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba ni siquiera indiciaria respecto de eventual culpabilidad”.

En tanto, el gobernador bonaerense y precandidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli, junto con cincuenta intendentes peronistas de ese distrito, respaldó a CFK. En una reunión que mantuvieron ayer en Mar del Plata, Scioli manifestó que le resulta “inconcebible” que la Presidenta sea encubridora del atentado, cuando fue “quien más hizo por esclarecer” esos ataques.

Dentro del oficialismo, también se manifestaron la titular del bloque de diputados, Juliana Di Tullio, para quien hay “un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que habló de una “escalada antidemocrática gravísima y evidente” y el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que advirtió sobre “la búsqueda de de-sestabilizar la democracia” que subyace detrás de esta denuncia.

Desde la oposición, en cambio, las voces apuntaron contra Fernández de Kirchner: “Que un jefe del Estado sea imputado judicialmente por encubrimiento del terrorismo es una cosa muy grave”, sostuvo el senador por Mendoza Ernesto Sanz, precandidato presidencial del radicalismo. “Se requiere mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso”, agregó. Otro aspirante radical a la presidencia, el diputado Julio Cobos, consideró que “no es normal tener un vicepresidente procesado y una Presidenta con un pedido de imputación”.

En tanto, el diputado del Frente Renovador, Adrián Pérez, sostuvo que “más allá de las permanentes acciones del Gobierno por desacreditar la denuncia de Nisman, hoy la Justicia confirma que la misma tiene sustento y es fundamental que la Justicia actúe sin presiones ni intromisiones”, mientras que el titular de ese bloque, Darío Giustozzi, pidió “más calidad institucional, más calidad política y más transparencia” para “dejar que la Justicia avance”.

Otra diputada, la titular de GEN, Margarita Stolbizer, dijo que la imputación de CFK es “fundamental” para que “avance” la investigación. La vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal (PRO), en tanto, reclamó “justicia y saber lo que pasó y que no sea un hecho más de impunidad”. También en el PRO, la diputada Laura Alonso dijo que es de “una suma gravedad institucional” la situación judicial y remarcó que “ahora hay que dejar que el juez y el fiscal que entiende en esta causa trabajen sin presión ni interferencias”.

La legisladora socialista Alicia Ciciliani manifestó a su vez que “está bien que cualquier ciudadano, por más cargo que tenga, esté obligado a rendir cuentas” y remarcó que la Presidenta “tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que es inocente”; mientras que Victoria Donda (Libres del Sur) dijo que “está claro que el país está atravesando una gravísima crisis institucional y política”.