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El único mérito que tiene la imputación de la Presidenta es que expone crudamente que la muerte del fiscal Nisman y su denuncia previa forman parte necesariamente de una operación contra el Gobierno. La decisión del fiscal Gerardo Pollicita es de carácter político, al igual que su denuncia contra la Presidenta y el canciller por encubrimiento, que no tiene ningún sostén judicial, que no se basa en ninguna prueba real, sólo en prejuicios y especulaciones que aluden a dichos de segundas y terceras personas que ni siquiera son funcionarios ni tienen ningún tipo de responsabilidad sobre la política exterior argentina o iraní. Pollicita fue directivo del club Boca Juniors junto con Mauricio Macri, pero aun si no tuviera este antecedente, a cualquier fiscal le hubiera costado resistir la fuerte presión que le puso la muerte de Nisman a su denuncia. La falta de pruebas fue reemplazada en este caso por la muerte violenta del denunciante. El gesto ético de rechazar la denuncia por falta de pruebas fue reemplazado por la decisión de darle lugar a pesar de su inconsistencia para sacarse de encima esa presión. También es cierto que si bien la imputación no tiene ningún efecto judicial, es de gran impacto político porque se trata de la Presidenta de la República. El fiscal Pollicita tomó esta medida el último día hábil antes de la marcha del 18.

En el dos más dos más grosero, la muerte del denunciante acusa al denunciado. Con esa especulación tan obvia juegan los que montaron la operación así como la oposición, que se montó en la convocatoria para el acto del 18. Es evidente que sobre esa especulación hay un intento de afectar a las instituciones democráticas, y la oposición termina asociándose a esa conspiración porque reacciona en consonancia con ella, aun sabiendo que en política hay que desconfiar de las lógicas simplistas usadas para operaciones o propaganda.

Una denuncia tan grave y al mismo tiempo tan pobre tendría que haber sido desestimada. El gesto del fiscal Pollicita de darle lugar pone a las instituciones en un lugar de altísima vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de esclarecerla por completo. Claro que durante todo el tiempo que se extienda el trámite judicial, la Presidenta de la República estará imputada en una causa de profunda gravedad institucional. Cuando circuló la noticia de que Nisman había presentado su denuncia por encubrimiento contra la Presidenta y otros funcionarios y dirigentes del oficialismo, todo el mundo salió a buscar las pruebas sobre las que se apoyaba. Y lo único que había eran horas y horas de grabaciones telefónicas de un ciudadano argentino de la colectividad árabe que les decía a sus contactos iraníes que había hablado con dirigentes kirchneristas, que decían que otros dirigentes hablaban sobre los beneficios mutuos del Memorándum de Entendimiento entre Irán y Argentina. Cero prueba, mucha charla de franela y rosca de nivel zócalo, más pura especulación y prejuicio.

Reconociendo la pobreza de la denuncia que aceptó Pollicita, de mala fe, algunos dirigentes de la oposición afirmaron que Nisman iba a presentar más pruebas en la sesión del Congreso a la que debía concurrir el lunes posterior a su muerte. La mala fe queda demostrada en que Nisman nunca presentó esas pruebas donde tenía que hacerlo, que es en el juzgado. Sus colaboradores hubieran conocido su existencia, habría copias en algún lugar. Justamente porque esas pruebas nunca existieron, el más interesado en que Nisman siguiera vivo era el Gobierno, porque estaba en condiciones de pulverizar su presentación. Esa denuncia tiene alguna posibilidad de afectar al Gobierno ahora sólo porque el fiscal está muerto. Nadie puede decir si fue homicidio o suicidio o si todo forma parte de un plan previo o se fue realizando a medida que sucedieron los hechos, lo real es que si Nisman estuviera vivo, esa acusación se hubiera derrumbado, lo cual es la mejor demostración de que tanto la denuncia del fiscal como su muerte forman parte de una operación contra el Gobierno, no importa si planificada así o así se fue desarrollando. Eso es lo que debería estar investigando la Justicia y lo que deberían repudiar tanto el oficialismo como la oposición para enfrentar juntos un atentado gravísimo contra las instituciones. Es probable que algún sector de la oposición esté jugando ese partido contra la democracia como siempre pasó en las aventuras golpistas de la historia argentina.

Voces que también llevan agua al molino del golpismo dijeron que había una situación similar a la previa al golpe del ’76, como si este gobierno manejara una Triple A que hubiera asesinado a decenas de militantes y activistas. No existe la Triple A ni las organizaciones guerrilleras, ni hay una guerra entre sectores del peronismo y de hecho los actos políticos más pacíficos y organizados son los del kirchnerismo.

Lo que hay es un odio exacerbado por el discurso feroz de los medios opositores que crean el caldo que hace creíbles prejuicios que dan a entender que este gobierno ha cometido asesinatos políticos cuando la realidad demuestra lo contrario. Con sus defectos, este gobierno fue el que desarmó a la policía que hace la seguridad en las marchas de protesta. Los asesinatos o desapariciones políticas, como fue la de Jorge Julio López, no fueron hechos por el Gobierno, como durante la dictadura, sino contra el Gobierno, para desestabilizarlo.

Lo único parecido a los días previos al golpe del ’76 es el clima que crean los medios opositores y las operaciones de los Servicios de Inteligencia. Porque la investigación del atentado a la AMIA se convirtió en una ensalada donde intervinieron también Servicios de Inteligencia de otros países que tienen en su historial otros procesos desestabilizadores en todo el mundo.

El jueves, mientras en el recinto del Senado el oficialismo con aliados y sectores del peronismo disidente discutían y se daba media sanción a la nueva ley que intentará terminar con prácticas perversas que han entrecruzado a Servicios de Inteligencia con sectores de la Justicia o el periodismo, fuera del recinto la oposición escuchaba con atención al titular de la Asociación de Magistrados, el juez Héctor Recondo, quien hasta 2006 fue socio de la familia de Hugo Anzorreguy, jefe de los Servicios de Inteligencia durante el menemismo. Después de escucharlo se juramentaron para derogar en el futuro la ley que había obtenido media sanción. Juntarse fuera del recinto y legislar para lo que harán, hipotéticamente, si alguna vez tienen la posibilidad de aplicarlo, resulta patético como lugar de oposición real que fue votada para discutir, cuestionar, apoyar o criticar en el Congreso.

Ese jueves, los discursos de los políticos y de los funcionarios judiciales tuvieron un tono muy violento para responsabilizar al Gobierno por la muerte del fiscal Nisman. Se habló de “crimen de Estado” o de magnicidio. La intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y al frente de la querella en representación de la familia, fue un balde de agua fría para ese tono exaltado de la oposición que intentaba usar políticamente la tragedia. La jueza declaró que no es opositora ni oficialista y pidió que no se politice la investigación y que se evite la exposición mediática de medidas y procedimientos. Es difícil que la investigación no se politice, en principio porque están en juego las instituciones democráticas y porque hay un trasfondo muy conocido de espías e intereses internacionales, además de la polarización que se genera en un año electoral sumado a la inquietud judicial. Lo que de alguna manera quiso decir la ex mujer de Nisman es que la política no se ponga por delante de la verdad, y en eso tiene que tener todo el respaldo.

Después del discurso de la jueza Arroyo Salgado, se habló de que se hará un corralito en torno de los fiscales durante la marcha para impedir que se acerquen los dirigentes políticos. Pero los primeros en politizar esa marcha fueron los mismos fiscales que convocan, varios de ellos porque tienen un pie en la política, como Germán Moldes, que fue funcionario del menemismo; Guillermo Marijuán, a quien se señala como el procurador que designaría Sergio Massa si gana, y al mismo Juan Carlos Stornelli se lo conoce como allegado al PRO de Mauricio Macri. Moldes y Raúl Plee están involucrados en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA y justamente Pollicita fue segundo de Plee, y ni hablar de José María Campagnoli, totalmente enfrentado al Gobierno.

El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que es el jefe directo de la fiscal Viviana Fein que está a cargo de investigar la muerte de Nisman, es uno de los que convoca para pedir Justicia, cuando el que está directamente a cargo de proveerla es él. La motivación política es clara. Cuando se denunciaron las leyes de impunidad, el fiscal Sáenz las defendió como leyes constitucionales. Es un grupo muy polémico de fiscales muy promocionados por los medios opositores pero no muy prestigiados en el ámbito judicial. Más de setenta fiscales firmaron una solicitada para anunciar que no están de acuerdo con la convocatoria y muchos más lo hicieron en declaraciones individuales. Para ellos, los fiscales y políticos que han convocado usan la muerte del fiscal Nisman para dirimir otras cuestiones.