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En un manifiesto publicado esta semana con el gran dramaturgo nacional Tito Cossa a la cabeza, algunos ciudadanos sostuvimos una posición diferente ante la convocatoria de cinco fiscales porteños a marchar el próximo 18 en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman.

El oportunismo político opositor y mediático que rápidamente se montó sobre la idea (o la tuvo, quién sabe, pues quizá los cinco fiscales sólo fueron ejecutores) exigía una respuesta que vastos sectores de la sociedad parecían esperar. Y así, sin alharacas y con absoluta discreción, se propuso manifestarse en favor de algo superior, como es el estricto cumplimiento de la Constitución nacional.

El llamado incluyó asumir el compromiso de cuidar la salud de la Democracia, el saneamiento profundo de la Justicia, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el imperio de la Paz en la República. La respuesta fue asombrosa: en 72 horas decenas de miles de adhesiones provenientes de todo el país inundaron de emails, llamados y simpatías las redes sociales, y los envíos no se detienen.

El golpe de Estado, pensamos muchos, de todos modos está en marcha. De ahí el temor a que pueda haber provocaciones y desmanes el 18F. De ahí, también, la firme condena a toda forma de violencia, incluso la que se incita desde el terrorismo periodístico y televisivo imperante, que impulsa y estimula alocadamente a un minúsculo grupo de fiscales –desprestigiados casi todos, algunos con probados lazos con la dictadura y uno con el narcopoder– a seguir esmerilando las instituciones republicanas, ya muy dañadas luego de la frustrada “denuncia” del malogrado fiscal Nisman.

Todo indica que la anunciada marcha del 18F será numerosa, porque recogerá descontentos de todo tipo y en particular de las clases medias porteñas. A esa convocatoria se sumó, veloz y oportunista, toda la dirigencia política y sindical experta en violencias verbales y en servir a veces con más eficiencia a gobiernos e intereses extranjeros.

Sus furias tienen que ver con las frustraciones que les producen algunas conquistas sociales y laborales logradas en estos años. De hecho, se fastidian ante cualquier cambio, por el temor a perder privilegios y oportunidades de negocios especulativos fáciles y rápidos. Y los molesta –estéticamente– la inclusión social y la tendencia al igualitarismo que es típica de todo gobierno peronista. Ni se diga de la defensa del patrimonio público, la independencia económica y la soberanía política, símbolos del actual gobierno.

El cual, es obvio, ofrece claroscuros y metidas de pata, como ciertos excesos verbales de la Presidenta, la desdichada rotura de un diario por el jefe de Gabinete y algunas defensas corporativas de funcionarios de dudosa moral. Pero en lo sustancial no se desvía de sus objetivos y viene cambiando económica y socialmente al país.

Por eso en la convocatoria al 18F confluirán, como sucede casi siempre, protestas genuinas con intereses perversos. En especial los del así llamado establishment, entendido por tal el conjunto de lobbies empresarios, sindicales y ahora judicial, al que siguen verdaderas hordas de asesores y economistas que durante décadas se aprovecharon del Estado hasta dejarlo exhausto, como en 2001.

La muerte del fiscal Nisman, en ese contexto, sólo exige una investigación seria y honesta como la que parece estar haciendo la fiscal Viviana Fein, que puede ser acusada de hablar demasiado pero no de falta de mano firme.

En ese contexto, la semana se cerró con la decisión del fiscal Gerardo Pollicita, quien –como para completar la media docena de fiscales todo servicio– retomó la “denuncia” que Nisman no concretó. El viernes (no casualmente el viernes, para que todo el fin de semana largo no se hable de otra cosa en los Carnavales) decidió imputar a la Presidenta por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA de 1994. Curiosamente, no pidió indagarla, ni a ninguno de los demás imputados, el canciller Timerman y otros funcionarios, porque eso no es lo importante para él o sus presuntos mandantes.

Lo importante es la enorme repercusión en la prensa mundial, que no ha dicho una palabra sobre el absurdo jurídico que es saltarse un mandato constitucional absoluto: ningún presidente puede ser llevado a los tribunales porque goza de lo que antiguamente se llamaba inmunidad mayestática. En cambio, sí se los puede llevar a juicio político, único modo de destituirlos. Esto es así en la Constitución argentina, como en la de los Estados Unidos y de una larga lista de países.

La pregunta entonces es obvia: ¿tanto Nisman en vida, como ahora Pollicita, ignoraron tan groseramente la Constitución? La respuesta es NO. Pollicita lo sabe perfectamente, como también sabe que no hay acusación seria para llevar a juicio político a CFK. Pero eso parece tenerlo sin cuidado, como a quienes sólo buscan deteriorar aún más la imagen presidencial.

La decisión de aceptar o no tal dislate jurídico (uno más) estará en manos del juez Daniel Rafecas, el cual, si descarta este absurdo, como debería en derecho, será despedazado por el sistema de medios desestabilizadores.

Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa al Estado, aportó esta misma semana documentos probatorios de que en absoluto hubo conductas inadecuadas ni delictivas por parte del gobierno nacional.

Así vive hoy la república estos carnavales en los que, patéticamente, el circo de los desestabilizadores continúa. Por fortuna en el interior, en la Argentina profunda, todo es diferente y para nada el país real comparte la locura inducida que se vive en la Ciudad de Buenos Aires.