El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, convocó a una mesa de diálogo con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, el juez federal interviniente, la comisión de familiares de la UP1, la comisión provincial de la memoria y organismos de derechos humanos de la provincia con el objetivo de buscar soluciones para evitar la demolición de la Unidad Penitenciaria Nº1 de Córdoba. En ese establecimiento carcelario, el más antiguo del distrito, se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. En mayo, el gobierno de De la Sota decidió cerrarlo. En 2010, unos 23 militares y policías fueron condenados por las violaciones a los derechos humanos vinculadas a esa unidad. Entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez y Rafael Videla.