Con el ex presidente Carlos Menem escuchando desde su casa, en La Rioja, el Tribunal Oral Federal Nº3 continuó ayer con la lectura de sus acusaciones en el marco del juicio que se lleva a cabo por la fabricación de una pista falsa con la intención de desviar la investigación sobre la explosión de la AMIA que, hace 21 años, mató a 85 personas e hirió a otras cientos. Las agrupaciones de familiares y amigos de víctimas del atentado, organizaciones de la comunidad judía y los policías bonaerenses que fueron encarcelados y enjuiciados en base a la versión de la “conexión local” del ataque terrorista expusieron sus imputaciones. El ex titular de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y su número dos, Juan Carlos Anchezar, participaron de la audiencia desde una sala contigua a la principal de Comodoro Py, en donde se de- sarrolla el debate. Se sentían “mal”.

La batalla por la presencia en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py de los 13 acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA es preponderante por estos días en el juicio que comenzó hace dos semanas. Tal como trascendió el miércoles, el Tribunal Oral Federal Nº3 confirmó ayer que Menem participaría de la segunda audiencia del debate desde su casa riojana, vía teleconferencia, un servicio que los jueces habían permitido “en virtud de lo definido por el cuerpo médico forense” respecto del certificado médico presentado por la defensa del ex presidente durante la primera jornada del juicio, cuando pegó el faltazo sin aviso previo. No obstante, el presidente del TOF, Jorge Gorini, informó que el acusado de ordenar la desviación de la investigación del atentado cuando apuntaba a la denominada “pista siria” sería sometido a un análisis médico para constatar su imposibilidad de hacerse presente en la sala. La querella del Ministerio de Justicia y la fiscalía ofrecerán peritos de parte.

De todos modos, las ganas de Menem de interrumpir el debate no cesan. Tras el cuarto intermedio que partió la jornada de ayer en dos, su abogado, Omar Daer, pidió que se diera por terminado el debate debido a que su cliente “estaba cansado”. El TOF rechazó el pedido.

Todos encubridores

En boca de sus abogados, la agrupación de familiares y amigos de las víctimas, 18J, y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) coincidieron en las acusaciones elaboradas contra Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, Anzorreguy, Anchezar y los ex comisarios de la Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda en el marco del desvío de la “pista siria”. Están acusados de buscar y lograr correr al ciudadano argentino de origen sirio Alberto Kanoore Edul, a su hijo y a su entorno, del eje de sospecha. Ambas querellas los acusaron de encubrimiento –a Menem en calidad de autor, al resto con distintos grados de participación–, además de violación de medios de prueba, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y prevaricato.

En cuanto al pago de los 400 mil dólares, 18J consideró a todos los implicados por el juez federal Ariel Lijo –una lista que junta a Galeano, Anzorreguy y Telleldín con los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia, al ex dirigente de la DAIA Rubén Beraja y al ex agente Patricio Finnen, entre otros– responsables de los delitos de peculado, privación ilegítima de la libertad y coacción –los últimos dos cargos sólo atribuidos a los ex operadores judiciales–. El colectivo encabezado por Laura Ginsberg informó que no llegó a presentar su acusación respecto de esta parte.

La querella unificada de AMIA y DAIA dejó fuera de todo delito a los ex fiscales y a su ex dirigente en un planteo que consideró el testimonio falso del duplicador de autos como “espontáneo”. En la elevación a juicio de los ex policías bonaerenses falsamente acusados de complicidad con el atentado, fueron Telleldín y su ex mujer, Ana María Boragni, los que quedaron fuera de acusación.

Victimarios y víctimas

“Compartimos una identidad persecutoria con los familiares del atentado a la AMIA, a la que llegamos por caminos diferentes.” Así comenzó la síntesis de su acusación el ex comisario de la Bonaerense Juan José Ribelli, en el ejercicio de su propia querella y de la de sus ex compañeros de falsa acusación. En julio de 1996, él, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro fueron encarcelados por el juez Galeano, bajo prisión preventiva, por ser considerados cómplices del atentado terrorista que había volado la sede de la AMIA dos años antes. Hasta ese momento, Telleldín era el único procesado en la causa de Galeano que investigaba el ataque, por ser el “armador” de la Trafic en la que se creía –aún se cree– que estaba escondido el explosivo con el que se concretó el atentado. El duplicador implicó a los ex bonaerenses a través de una ampliación de su declaración indagatoria y luego de cobrar los 400 mil dólares.

“Somos dramáticamente los que estuvimos presos durante más de seis años” producto de una “mentira montada”, de “brutal desmesura”, introdujo Ribelli, quien aclaró que, como supieron “distinguir quién es quién”, dejaron fuera de toda acusación a quien los introdujo en la trama y a su ex mujer. “Sabemos que sus voluntades fueron diezmadas”, justificó.

El resto de los imputados en el juicio que se desarrolla desde hace dos semanas integraron la elevación a juicio de los ex bonaerenses. Con mayor o menor grado de participación, les endilgaron encubrimiento, peculado, prevaricato, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

El ex policía devenido abogado de personajes involucrados en graves delitos –es el defensor del instigador del triple crimen de la efedrina, Ibar Pérez Corradi– advirtió que aunque quienes integran el banco de los acusados en este debate “no son todos los que gestaron la idea” de involucrarlos en la pista falsa de la conexión local, “son responsables visibles” de haberlos encerrado. “Involucrar policías permitió unir en esta historia lo útil con lo agradable –filosofó Ribelli–: el único acusado en la causa, Telleldín, fue útil para inventar una farsa, y aquí lo agradable, que satisficiera las demandas y expectativas de justicia de la sociedad en la resolución del atentado, y hundir al gobierno bonaerense y principal adversario del menemismo”, teorizó en referencia a la gestión de Eduardo Duhalde.