“Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra. Ahí entran crímenes económico-financieros, que responden a políticas agresivas que afectan a países completos, a millones de personas. También hay crímenes contra el medioambiente, que afectan a productos básicos para la subsistencia humana”, dijo ayer el ex juez español Baltasar Garzón. El y el ex juez de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, coincidieron en la necesidad de modificar y actualizar los principios que rigen la jurisdicción universal para que puedan ser juzgados en ese marco los delitos económicos y ambientales. En ese contexto, actividades como la de los fondos buitre, por ejemplo, podrían ser perseguidas por tribunales internacionales.

Los dos juristas se reunieron ayer con un grupo de periodistas para explicar el objetivo que buscan alcanzar el 9 y 10 de septiembre, cuando se reúnan en Buenos Aires personalidades del derecho y miembros de organismos de derechos humanos y sociales en el Congreso Internacional de la Jurisdicción Universal organizado por la Fundación Baltasar Garzón.

“Llevamos casi veinte años desde que se produjo el inicio de la aplicación del principio de jurisdicción universal, en 1996, en el caso argentino y luego en el chileno y a partir de allí una sucesión de acciones en distintos países”, dijo Garzón al recordar el juicio contra los militares argentinos que él mismo llevó adelante en España y que fue el inicio y un gran impulso para buscar el juzgamiento en terceros países de delitos graves que quedaron impunes en el lugar en el que ocurrieron. Garzón reconoció que el principio de jurisdicción universal está en retroceso o en crisis en algunas partes del mundo, que incluye su país, pero señaló justamente por eso es necesario renovarlo y repensarlo. “Este nuevo enfoque pretende abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos. Y en unos años va a ser una realidad”, dijo. En ese marco, mencionó como acciones que deberían ser pensadas como parte de ese planteo “la responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores”.

En la misma línea, consideró “un éxito” la propuesta que hizo la Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer un marco legal multilateral sobre la reestructuración de la deuda soberana. El gobierno argentino, además, en una planteo complementario con la iniciativa de Garzón y Zaffaroni, impulsó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU iniciara una investigación sobre las consecuencias que en materia de derechos humanos tiene el accionar de los buitres. “Los miles de millones que los fondos buitre se llevan del sur empobrecido se traducen en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimientos de familia hurgando en la basura para comer, en miseria sobre más miseria, inestabilidad política, caída de gobiernos, odio, inseguridad y violencia”, dijo el año pasado el canciller Héctor Timerman al presentar el tema en el organismo internacional.

Respecto de los buitres y de sus consecuencias jurídicas, Zaffaroni aclaró que estaba a favor de extender el concepto de jurisdicción universal, pero que también había que ser muy cuidadoso al ceder soberanía judicial. “Ya ven lo que pasa”, advirtió. “Lo que no estamos defendiendo, justamente, son actuaciones como la del juez Thomas Griesa”, explicó Garzón en el encuentro que se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Pero no hacía falta. “La iniciativa argentina en la ONU seguramente no será bien recibida por los bloques europeos y Estados Unidos y Canadá, que resisten ese tipo de regulación de los fondos de inversión, pero resulta necesaria. La falta de regulación de este tipo de hechos coadyuva a que se puedan producir actividades que están incluso fuera de la aplicación del derecho”, afirmó.

Garzón señaló que “hay necesidad de regular las actividades de las agencias de calificación, el uso abusivo de fondos internacionales o la desviación de fondos internacionales a fines ilícitos”. “Hay un ámbito de responsabilidad penal de las empresas, hay que vincular la actividad de las empresas a los derechos humanos, el derecho humano al desarrollo”, añadió.

“Por ahí me escuchan hablar contra la jurisdicción universal a veces, pero no es que sea contradictorio –explicó Zaffaroni–. El gran problema en el mundo hoy no es el imperialismo en el sentido de países, como en el siglo XIX y parte del XX. Hoy hay corporaciones, los políticos tienen un poder local, las corporaciones transnacionales se desplazan, superan lo local y le ponen coto al poder político, tanto en el centro como en la periferia y tienen interés en llevar a la jurisdicción universal todo lo que les molesta pero evitar que pueda entrar en la jurisdicción universal todo lo que pueda molestarles a ellos. El poder punitivo puede servir como acto de justicia, pero también como persecución”.

Zaffaroni también señaló que no se trata de inventar o cambiar el concepto de delitos de lesa humanidad sino adaptarlo a las nuevas tecnologías y modalidades que existen. Mencionó, como ejemplo, el crimen de agresión (o contra la paz). “Es el mismo pero hay nuevas formas. Por ejemplo, actualmente se han vencido limitaciones para interferir comunicaciones y hasta se autonomizan los servicios de información. Eso es una agresión, es un crimen contra la defensa de un Estado. El genocidio hoy no se comete de la misma manera”.

Garzón coincidió en que el uso de la definición clásica de genocidio como el ataque sistemático y generalizado contra una población con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso podría aplicarse, por ejemplo, a la utilización de cultivos con productos tóxicos que producen problemas irreversibles en cientos de miles de personas. “¿Podemos definir esto como un crimen de lesa humanidad? Quizás sí”, afirmó. “Cuando se anunció el referéndum en Grecia hubo una salida masiva de fondos de bancos. La reacción fue cerrar los bancos, como ocurrió aquí. Pero esos fondos los recibieron bancos en la Unión Europea, en Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad les cabe? A lo mejor no es penal, a lo mejor es civil, o es un embargo, o una exigencia de devolución”, agregó.

El jurista español también advirtió sobre un tema que es de actualidad en los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en el país: el de la complicidad empresaria con el genocidio: “La motivación económica financiera de los genocidios todavía está inmaculada. En la Corte Penal Internacional no se han iniciado acciones contra empresas que se aprovechan o ayudan a esas actividades”. Garzón y Zaffaroni no pretendieron dar respuestas, sino dejar abierto el debate y varios interrogantes.