Cuando faltan aproximadamente dos o tres meses para el final del juicio oral por el atentado contra la AMIA, los dirigentes de las dos organizaciones representativas de la comunidad judía, la DAIA y la AMIA, han dado indicios de que se preparan para una fuerte ofensiva contra los jueces del tribunal oral. La acusación es poco sutil: que son magistrados parciales, que les importó más investigar al juez Juan José Galeano que a los policías bonaerenses que están sentados en el banquillo, que los uniformados no han tenido que explicar nada en el juicio y que incluso los jueces manifiestan desinterés cuando algún testigo aporta elementos que incriminan a los policías. La reacción de los dirigentes de la comunidad judía –que siempre respaldaron al juez Galeano– sugiere que prevén un final en el cual los policías no serán condenados por el atentado, aunque podrían sufrir penas altísimas por otros delitos que se comprobaron, y que, en cambio, en el fallo final habrá durísimas imputaciones contra Galeano.
“Creemos que a fin de año debería estar terminando un juicio que se prorrogó más de lo debido –afirmó la semana pasada la abogada de la DAIA, Marta Nercellas–. Esperamos que la resolución no sea política o no sea determinada por otras presiones que no tengan que ver con la prueba que se sustanció en la audiencia. Cuando en el juicio se dan elementos que tienden a acreditar la responsabilidad de los policías, hasta en la posición corporal los jueces parecen manifestar gran desinterés. Como si los miembros del tribunal no escucharan lo que está diciendo el testigo, como si estuvieran en otra cosa. Miran sus computadoras, se escriben entre ellos. Parecería que a esta altura están bastante más preocupados por juzgar qué ocurrió en la investigación que por investigar si las personas que están sentadas allí son o no responsables de haber entregado la camioneta a los terroristas.”
El titular de la AMIA, por su parte, reclamó que se profundizara la investigación sobre el rol que jugó cada uno de los policías que están siendo enjuiciados. “Hasta ahora, estos policías, ¿de qué se tuvieron que defender? –se quejó Abraham Kaul–. ¿De dónde sacó el ex comisario Juan José Ribelli dos millones y medio de dólares al día siguiente de que se entregara la camioneta Trafic usada como coche-bomba? ¿Qué hizo una semana antes del atentado Ribelli en la Triple Frontera, en Foz de Iguazú? ¿Qué hacía Ribelli después del atentado en el hotel en el que se alojaron los socorristas israelíes que vinieron a ayudar en las tareas de asistencia tras la masacre? No es cuestión de que culpemos si no hay responsabilidad, pero sí exigimos que se profundice la investigación”, concluyó el presidente de la AMIA. Como es obvio, si sostiene que no se está profundizando como corresponde la conexión policial, Kaul está aseverando de hecho que los jueces no lo están haciendo.
En verdad, lo que está sucediendo es que el juicio va llegando a su fin y ha quedado en evidencia la debilidad de la investigación de la SIDE, la policía y Galeano, además de las groseras irregularidades como el pago clandestino al principal imputado, Carlos Telleldín. Justamente la declaración de Telleldín fue uno de los principales elementos contra Ribelli y los demás policías –al punto que motivó su detención–, pero ahora esa declaración quedó más que debilitada porque se probó que a Telleldín le pagaron. De manera que la clave está en las demás evidencias que existen en la causa.
Es en ese terreno donde ahora tendrán que batallar las partes. Por ejemplo, está claro que Ribelli blanqueó dos millones y medio de dólares un día después del atentado, argumentando que se trataba de un anticipo de herencia de su padre ferroviario. La transacción fue obviamente falsa, pero la duda está en cuál fue el origen del dinero. Para la DAIA y la AMIA el dinero fue el pago a Ribelli por suministrar la camioneta para el atentado. Otros creen que la plata salió de la increíble cantidad de extorsiones y arreglos con delincuentes que hacía el poderoso y millonario ex comisario. En apenas 15 días de escuchas telefónicas analizadas por la jueza Silvia González se le descubrieron 36 maniobras de ese tipo y la magistrada lo procesó por más de una decena de extorsiones, tentativas de extorsión, falsedades y otros delitos por valores que superan el medio millón de dólares. Lo mismo sucede con el viaje a la Triple Frontera: Ribelli dice que fue de vacaciones y la DAIA y la AMIA sostienen que fue ese el centro de la preparación del atentado.
Las duras críticas vertidas por Kaul y Nercellas parecen indicar que dudan del resultado del juicio y prevén que, al final, los policías podrían recibir penas elevadas por las extorsiones, pero no por el atentado.