Ex combatientes de la guerra de Malvinas pidieron ante la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, la declaración indagatoria de ocho oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de torturas y otros vejámenes cometidos contra soldados argentinos durante el conflicto bélico, a la vez que incorporaron cinco denuncias nuevas por hechos similares, realizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Además, los ex combatientes solicitaron constituirse como parte querellante en otra causa judicial donde se investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por militares británicos y requirieron que se libren exhortos al Reino Unido para indagar a cuatro sospechosos de haber participado de esos delitos.

Ambas presentaciones fueron realizadas por el presidente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (Cecim), Mario Volpe, y por el abogado del equipo jurídico de esa organización, Jerónimo Guerrero Iraola, con el apoyo del presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior de la Nación, Ernesto Alonso, y de asociaciones de ex combatientes de Tierra del Fuego. Los expedientes tramitan, por razones de jurisdicción sobre el archipiélago, en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, quien investiga el caso de los vejámenes de oficiales argentinos desde 2007 y el de los crímenes de militares británicos desde 2013.

La situación de las supuestas torturas a conscriptos de la misma tropa se revitalizó después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara, el 2 de abril en Ushuaia, la desclasificación de documentos de la dictadura militar relacionados con la guerra. Algunos de esos documentos demuestran que, por ejemplo, el entonces comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, “ordenó los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales aplicaron sobre los conscriptos” y “dispuso que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias”.

Los ex combatientes solicitaron, entre otras medidas probatorias y procesales, que la jueza requiera ante el Ministerio de Defensa copias de la documentación desclasificada. Uno de los oficiales argentinos denunciados en la causa, Jorge Eduardo Taranto, logró que la Corte Suprema considere que no se trata de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, ya prescribieron.

Sin embargo, con el apoyo del Gobierno, los veteranos acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora consideran que la sentencia de la Corte “sólo vale para el caso Taranto” y “no impide avanzar en la investigación de las otras 77 denuncias comprobadas”, según aseguró el abogado del Cecim, Guerrero Iraola. El abogado también precisó que fueron agregadas a la causa las denuncias de Edgardo Jaureguiberry, Claudio Moreira, Carlos Fernández, Rodolfo Ledesma y Alejandro García, todos ex soldados que prestaron testimonio ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que conduce Guido Carlotto.

“La documentación que se está encontrando es muy reveladora y va a aportar muchísimo a las pruebas. Con la desclasificación de todos los archivos de Malvinas apareció material inédito”, enfatizó Volpe.

La causa contra los británicos que habrían cometido delitos contra los ex soldados argentinos fue presentada en marzo de 2013 y los ex combatientes entienden que, además de incorporarle los documentos desclasificados, hay elementos de prueba para indagar a los militares Gary Louis Sturge, John Pettinger, Stewart MacLauglin y otro de apellido Connery, como supuestos autores. Además, se requirió el testimonio de otras tres personas, Adrian Weale, Christian Jennings y Vincent Bramley, quienes escribieron sobre los hechos.

Los veteranos de guerra mantuvieron una audiencia con el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y con las autoridades del juzgado, y hoy se reunirán en Ushuaia con la gobernadora Fabiana Ríos.