Gustavo Demarchi dejó la cárcel de Marcos Paz y está recluido en la unidad penitenciaria de Batán. El ex fiscal es uno de los once integrantes de la Concertación Nacional Universitaria que están en juicio en Mar del Plata, no por formar parte de la CNU, sino acusados de haber formado una asociación ilícita y asesinar a ocho personas en 1975. La semana pasada declaró la primera testigo del juicio. Pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, Demarchi la interrogó en forma directa, autorizado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata a autodefenderse y ejercer como abogado. La situación genera preocupación entre testigos y fiscales: el TOF 1 ya contaba con una resolución de Casación que los obligaba a velar por el cumplimiento de la Acordada 1/12 que busca evitar revictimizar a testigos. Pero no solo eso conmocionó a los participantes del juicio. Ese mismo día, el mismo TOF 1, a pedido de un abogado defensor del Estado, les ordenó a quienes estaban en la sala quitarse los pañuelos en los que llevaban inscriptos los nombres de las víctimas o las palabras “CNU, asesinos”. Una mujer se quejó. El tribunal sugirió que si no obedecían podían ordenar el desalojo de la sala.

“A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que el TOF ordenara quitarse los pañuelos a personas que esperaron durante años este momento para expresarse de alguna manera”, dice la fiscal Laura Mazzaferri a este diario. “Ni siquiera les explicaron por qué lo hacían, una situación que entendimos muy, muy violenta.”

El TOF 1 de Mar del Plata está compuesto por jueces que no son del distrito: Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. Ellos deben juzgar a los once acusados, entre los que hay nombres emblemáticos como el propio Demarchi, por entonces secretario académico de la universidad provincial, pero además fiscal federal y en juicio justamente por su papel en la fiscalía. El juicio tiene prevista la declaración de 186 testigos, pero el ritmo de las audiencias también agrega preocupación. Las audiencias se hacen cada quince días. La semana pasada debían haberse hecho dos, pero se hizo una: el martes 25. Ese día debían haber declarado tres personas, pero declaró sólo una. El segundo testigo sufrió un ACV días antes. Y cuando debían escuchar al tercero, los jueces preguntaron si podían posponerlo porque uno de ellos tenía vuelo a las dos de la tarde. Eran las 12.45. La fiscalía se opuso. La defensa, en cambio, aceptó. Los jueces pasaron al testigo, su estrés y la angustia para el 7 de septiembre.

En ese contexto, el problema central parece ser qué papel tendrá el ex fiscal en el juicio, cuando ya demostró gran habilidad para dilatar la causa durante la instrucción. Demarchi pidió defenderse a sí mismo y, como es abogado, puede hacerlo. El problema es que, entre otras razones, eso implica que él mismo pregunte a testigos, una situación que cruza víctimas con victimario. Muchos abogados acusados intentan hacerlo, pero en general se encuentran con un tribunal que los obliga a estar acompañados por codefensores que quedan a cargo de hacer las preguntas. El TOF de Mar del Plata pareció seguir esa línea al comienzo, pero los fiscales entendieron que eso no iba a cumplirse cuando el codefensor de Demarchi no se presentó a una audiencia. En ese momento, hicieron una presentación en Casación. La Sala II, integrada por Alejandro Slokar y Pedro David, declaró “inadmisible” el pedido de los fiscales, pero buscó la manera de “bajar línea” a los jueces para que impidieran que Demarchi preguntara y garantizar así la Acordada de 2012, que compromete a los actores en juego a evitar todas las formas de revictimización. “La Sala II entendió que el tribunal de juicio tiene la potestad de restringir al imputado Demarchi, quien ejerce su autodefensa en el proceso, la posibilidad de llevar adelante los interrogatorios, que deberán quedar en manos del codefensor”, publicó la Sala en una gacetilla de prensa. “El fallo atendió al ‘riesgo de revictimización’ que podría originar que sea el imputado quien, durante el desarrollo del debate, interrogue a las víctimas”. Pues esto es lo que entró en crisis en la primera audiencia.

La primera y única testigo del martes 25 fue Lidia Ruggieri, prosecretaria de la universidad provincial en 1975. Lidia había declarado en el juicio por la verdad. Su testimonio era importante porque podía señalar las distintas funciones que llevaron a cabo los acusados dentro de la universidad. Dijo, entre otros cosas, que el ya fallecido Eduardo Cincotta, que integraba la patota, fue secretario general de la unidad académica. Y ubicó a Demarchi como coordinador. Pero más allá de los datos, también logró explicar que le daba la impresión de que el “poder real” lo ejercían Cincotta y Demarchi. En este punto, Demarchi interrumpió para decir que era un interrogante capcioso.

La fiscalía pidió a los jueces que no lo dejaran preguntar en forma directa. Estaba allí su codefensor. Los fiscales invocaron la Acordada de Casación. Los jueces dijeron que la Sala II de Casación no había dicho nada al respecto, que además la testigo no era víctima, y le permitieron preguntar al imputado. De allí en adelante, Demarchi guió el interrogatorio y dejó un par de preguntas a su abogado.

La fiscalía, conducida por el fiscal general Daniel Adler, presentó un informe para que la procuración lo presente a su vez ante la Comisión Interpoderes. Pero, además, el fiscal general ante la Cámara de Casación Javier de Luca acaba de elevar un recurso de queja ante la Corte. “Sobre la base de lo sucedido, se interpuso un recurso extraordinario sobre la declaración de inadmisibilidad del recurso. Entendemos que todavía no hubo un pronunciamiento de la Corte sobre este tipo de defensas porque de hecho hasta ahora los tribunales no permitieron que los imputados lleguen hasta aquí”, señala la fiscal Mazzaferri. “Lo cierto es que, a medida que los juicios avancen sobre los civiles, pueden repetirse situaciones como éstas, porque hay muchos abogados que probablemente van a querer autodefenderse.” Uno de los problemas de la intervención de Demarchi es la presión que su figura ejerce sobre las víctimas. “Lo que más nos preocupa es la revictimización, porque vemos como muy posible que suceda porque la sola presencia de él frente a las víctimas, los testigos, genera eso. El primer día del juicio, cuando nos opusimos, dijo ‘de qué víctimas me están hablando si al juicio no vienen víctimas’. Ya dijo esto. Ya desconoce a las víctimas que están ahí, familiares, amigos. Tiene una actitud muy hostil, miradas, caras amenazantes y es una persona que en ese momento era el encargado de representar los intereses de la sociedad y garantizó la impunidad.”

Los integrantes de la Sala II de Casación quedaron sorprendidos por la libre lectura que hizo el TOF de su resolución. El último viernes enviaron un pedido de informes al mismo tribunal en el que piden detalles sobre cómo están aplicando las reglas de la Acordada 1/12.