El alegato de los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani en el juicio por delitos de lesa humanidad de la Armada y Prefectura en Bahía Blanca permitió desmenuzar por primera vez ante un tribunal oral la persecución del diario La Nueva Provincia a los dirigentes gremiales que después del golpe de Estado fueron secuestrados, torturados y asesinados, así como el rol protagónico que en aquel contexto desempeñó Vicente Massot, actual director de diario. Paradójicamente, son las actas confeccionadas por los Massot ante un escribano para documentar un supuesto sabotaje las que cuarenta años después “sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, destacó el fiscal Palazzani, citado en un detallado informe publicado por FM de la Calle en su blog del juicio. “Los asesinatos no son producto de ningún espasmo de las fuerzas de seguridad”, explicaron los representantes del Ministerio Público, que reconstruyeron las militancias de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en los años previos a sus asesinatos, el registro de sus tareas gremiales en los informes de inteligencia de fuerzas armadas y de seguridad, y, en paralelo, el “hostigamiento permanente” del diario desde sus editoriales.

A partir de 1973, los editoriales “avanzaron en un proceso de señalamiento de quienes los Massot consideraron sus enemigos”. Calificaron a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) como “un soviet de trabajadores de prensa” y luego mencionaron los “soviets enquistados entre los delegados y dirigentes sindicales que abusan de sus fueros en función de su labor disociadora”. Los nombres de las futuras víctimas no aparecían en las notas para criminalizar el trabajo gremial, pero sí en las cartas de los Massot al Ministerio de Trabajo y a las Fuerzas Armadas. “Nunca como ahora se ha hecho uso y abuso de las prerrogativas que gozan los dirigentes gremiales”, alertaba Federico Massot, hermano de Vicente e hijo de la entonces directora, Diana Julio de Massot.

El empresario y actual profesor de la Universidad Católica Argentina tuvo “la facultad especialísima de encargarse de los asuntos que guardan relación con el personal de la empresa, en especial los motivados por cuestiones laborales, pudiendo suspender, despedir o aplicar cualquier otra sanción”, destacó Palazzani. El 14 de septiembre de 1975, en pleno conflicto con los gráficos, el apoderado del diario Jorge Bermúdez Emparanza hizo constar que “cualquier comunicación con el personal se efectuará por intermedio del señor Vicente Massot”. En esos días, Massot citó a su despacho a Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y le advirtió que la empresa pagaría las horas extras trabajadas “siempre y cuando se comprometa el personal a que el periódico salga en un plazo razonable”. Heinrich consultó a las bases y le respondió que “el personal ha resuelto no comprometerse”. A las cuatro de la mañana, Massot se presentó en el taller, donde tres armadores se negaron a hacer las pruebas de galera, que terminaron haciendo los socios de la empresa. “Todo esto es génesis y origen de sus asesinatos”, advirtió el fiscal.

El 16 de septiembre fue Federico, subdirector del diario, quien traspasó a Vicente “todo trato con el personal”. Ese mediodía, Massot citó a Heinrich para pedirle que el personal de estereotipia cubriera a los maquinistas ausentes. El dirigente consultó a sus compañeros y exigió el pago de las horas extras que les debían. Massot respondió entonces que no adeudaban ni se comprometían a pagar horas extras por los paros parciales que los gráficos hacían por aquellos días. Más tarde, Heinrich le comunicó un paro hasta las dos de la mañana, afectando la salida del diario. Massot también trató cara a cara con Loyola los meses previos al asesinato. “No prestarán colaboración”, apuntó el escribano el 28 de septiembre, luego de que Loyola y un compañero “no prestaran colaboración” ante la negativa de la empresa a reconocer demandas laborales. “El imputado aparece aquí en pleno goce de funciones, señalando quién podía entrar y salir del lugar de trabajo y si entraban qué tenían que hacer”, advirtió Pala- zzani. Los trabajadores de los talleres “estaban diciéndole en la cara que no iban a sacar el diario”. “El enfrentamiento se nota claramente en las actas.”

El final es conocido. En diciembre de 1975, la sección Informaciones de Prefectura concluyó su “Estudio realizado sobre el diario LNP (guerrilla sindical)”, en el que menciona las “actas notariales” que le acercó la empresa. El documento concluye con la lista de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental”. La encabezaban Heinrich y Loyola, con las direcciones desde donde luego los secuestraron. Cuando aparecieron los cuerpos fusilados, los Massot publicaron la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. La titularon “Son investigados dos homicidios”. Desde entonces guardan un prudente silencio.