Apenas habían pasado las ocho de la mañana cuando María Eugenia Andicoechea llamó por teléfono entre sollozos a la asesoría tutelar de menores. Murió un chico. Dos más están muy lastimados. Jugaban en las escaleras, se apoyaron en una baranda oxidada, la baranda cedió. Cayeron al vacío. Es el mismo edificio donde vive ella en el complejo de viviendas de Villa Soldati. Conoce al dedillo los problemas estructurales, los de la instalación de gas, las fisuras, las filtraciones, los rincones que se inundan, los trozos de mampostería que caen, las escaleras sin escalones, las zonas de riesgo de todo tipo. Son las razones que la empujaron en 2009 junto con otra vecina a hacer una demanda y exigir el cumplimiento de la ley 623, que obliga al gobierno porteño a resolver las fallas estructurales y vicios de construcción de estas viviendas sociales. El objetivo era proteger a los niños de enfermedades y de accidentes. Por eso María Eugenia está impresionada. “Estaba anunciado, fue una muerte anunciada”, le repetía desesperada al asesor tutelar Gustavo Moreno, quien representó a los menores en la demanda. Se lo decía con la impotencia más inmensa, porque para colmo a ella, a su vecina y a sus hijos, los jueces les habían dado la razón hace tiempo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda nunca cumplieron los fallos de primera instancia (de 2011) y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (de 2014) que les ordenó concretar trabajos específicos con indicaciones precisas para el edificio donde murió Cristian, de 17 años. Ayer la jueza Patricia López Vergara los intimó, con un plazo de dos días, a que expliquen sus incumplimientos y su relación con la tragedia.

“Cuando acompañé a María Eugenia y Mirtha Corpache en la presentación de un recurso de amparo hace poco más de seis años ya, lo hicimos en representación de sus hijos y del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. Logramos una sentencia que estaba firme, que nos daba la razón y que fue incumplida por las autoridades porteñas y el IVC, que además ignoran la ley. Anticipamos que la situación edilicia podría traer un perjuicio para los chicos, a quienes quisimos proteger, y hoy tenemos una tragedia con tres menores, uno fallecido”, explica a Página/12 el asesor tutelar Moreno. La jueza López Vergara, en cuyo juzgado tramitó el expediente desde un principio, actuó ayer de oficio ante lo sucedido. “Lo que quiero es que expliquen, el Gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda, por qué nunca acataron las disposiciones judiciales y que digan ellos qué relación encuentran con los acontecimientos. Tienen tiempo hasta las dos primeras horas del miércoles. Ya fueron notificados”, dijo la jueza, consultada por este diario.

El complejo de viviendas de Soldati está compuesto por doce “nudos” con edificios de distintas características y alturas, que contienen 3200 departamentos, construidos en la década del setenta. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el IVC son los responsable de su mantenimiento. El estado crítico de estas viviendas es historia vieja y determinó sucesivas alertas. En 2001, la ley 623 declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional. El artículo 9 decía que el Poder Ejecutivo local debía adoptar las medidas necesarias para solucionar las fallas estructurales, los vicios de construcción, mejorar la infraestructura y realizar el saneamiento ambiental. En 2003 una comisión técnica elaboró una propuesta promulgada en una publicación en el Boletín Oficial donde las autoridades porteñas se comprometían a realizar todos los trabajos necesarios, que se detallaban en una lista de 23 puntos que incluían la resolución de los problemas con la instalación de gas, la humedad, las escaleras, la protección de las estructuras de hierro, las fisuras de la construcción, las escaleras, las fisuras y toda clase de roturas, la conexión de agua para los bomberos, los ascensores, entre otras indicaciones.

Como pasó el tiempo y no hubo obras, María Eugenia y Mirtha decidieron hacer el reclamo en tribunales. Ambas hablaron del drama de la instalación de gas. Como había pérdidas en algunas de las viviendas les cortaron el suministro y eso, peor, determinó que muchos vecinos ante la falta de gas empezaran a montar conexiones clandestinas. Las demandas enumeraban los escalones rotos, casi desintegrados, las roturas, y los problemas de inundaciones y humedad dentro de las viviendas. En el caso de María Eugenia, ella especificó que esta última cuestión agravaba los problemas de salud de dos de sus hijos: una que sufre asma y otro que padeció bronqueolitis.

Cuando les tocó responder ante el juzgado primero y ante la Cámara después, el Gobierno porteño y el IVC esgrimieron argumentos técnicos para desentenderse de la responsabilidad que les tocaba, dijeron que habían hecho algunos trabajos, pero en un tramo incluyeron una explicación sorprendente: que la culpa de los problemas de infraestructura y edilicios en el complejo lo tienen los propios vecinos, ya que cuando firmaron el boleto de compraventa de las viviendas se comprometieron a “realizar el mantenimiento de la unidad funcional, el buen uso de la misma y a abonar las expensas”.

El expediente en primera instancia fue tramitado buena parte del tiempo por el juez Andrés Gallardo y la resolución que hizo lugar a la acción de amparo fue firmada por el subrogante Hugo Zuleta, que cuestionó en duros términos el argumento del gobierno porteño de responsabilizar a los vecinos. “Mal pueden ser atendidos” esos “argumentos”, decía la sentencia, del 27 de diciembre de 2011. “La parte demandada (el gobierno) no puede desligarse fácilmente de sus obligaciones máxima teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan en el complejo, y en especial los niños, corre peligro”, señalaba el fallo. Y en un tramo enumeraba anomalías detectadas, incluidas las barandas, como la que determinó la caída de los adolescentes. “Téngase presente que las escaleras se encuentran rotas, las barandas caídas, existen rajaduras en los edificios, filtraciones de agua, humedad en las paredes de los edificios y gran cantidad de basura desparramada por el predio entre otras cosas”, describía la resolución, a la que accedió Página/12. Para el juez, estaba “acreditada” la “omisión por parte del GCBA y el IVC” en el cumplimiento de la ley en los edificios 14 (ex 8), nudo 10 –donde cayeron los chicos– y en el 18 (ex 13). Les daba un plazo de quince días para elaborar un plan de obras, que nunca existió.

Cuando el reclamo llegó a la Cámara Contencioso Administrativo, los jueces hicieron una inspección en el lugar, con participación de peritos, y constataron todo lo que ya habían leído. En el fallo –firmado por Gabriel Seijas y Esteban Centanaro el 30 de abril de 2014– rechazan el intento de la administración macrista de desentenderse otra vez, le advierten que pasaron más de diez años desde que asumieron la realización de las obras. “Es improcedente excusarse de obligaciones asumidas”, le dicen, y recuerdan que la ley, cuando entró en vigor la ley 623, fijaba treinta días para empezar a implementarla con todo su plan de obras.

Una ley de 2001. Una demanda de 2009. Un fallo de 2011. Una sentencia de Cámara de 2014. El gobierno porteño relegó en todas sus facetas el problema de la vivienda en la Ciudad e ignoró de manera sistemática los órdenes judiciales. Los pobladores de Soldati batallaron, pidieron ayuda, recurrieron al sistema judicial como última esperanza y ayer lloraban lo que María Eugenia y todos a su alrededor sabían que sucedería.