Por Juan Ricci*

Por años se pensó al Asociativismo y la Economía Social en referencia exclusiva al sector formal, a las cooperativas y mutuales del país. Pero los nuevos tiempos reactualizaron formas precooperativas y preasociativas, no destinadas a concentrar capital sino a generar trabajo. Este subsector crece desde la “informalidad”, no tiene registros de actividad, ni lugar preciso en las estadísticas, y no es enteramente reconocido: en alguna medida, todavía no se reconoce a sí mismo.
De modo que la Economía Social es –por ahora– un conjunto que no es conjunto. No se manifiesta como sector (salvo en casos como el movimiento de empresas recuperadas), es débil en su estrategia de crecimiento, y –por tanto– está carente de recursos de crédito, capacitación, información y apoyo a la gestión. No obstante, produce bienes y servicios en magnitudes muy importantes, genera trabajo y empleo, produce abaratamiento por organización de la demanda, y labra una cultura de “eficiencia popular” más acorde con nuestras necesidades.
El problema es que tampoco el movimiento cooperativo y mutual ha logrado una integración política y económica de rango nacional. En cierta forma le ocurre lo que a toda la Economía Social: no se mira en un espejo valorizado. Aunque no le faltarían motivos para hacerlo: existen 12.000 entidades con más de diez millones de asociados. Las cooperativas –ellas solas– contribuyen con el 6,5 por ciento del PBI. Mantienen una operatoria de diez mil millones de pesos, con casi medio millón de puestos de trabajo. Exportan más de mil doscientos millones de pesos anuales. Sus entidades agrarias cultivan diez millones de hectáreas y, en general, abarcan servicios vitales como vivienda, salud, consumo, ayuda económica, trabajo y servicios públicos, a pesar del asedio de las empresas multinacionales. Y todo lo producido bajo lógica asociativa amplía la reserva de capital nacional.
Posiblemente sea ésta la oportunidad histórica para que el movimiento cooperativo y mutual asuma liderar una estrategia de desarrollo del conjunto de la Economía Social, en la que encuentre –además– impulso para su propia redefinición.
La Alianza Cooperativa Internacional en 1995 (Congreso de Manchester) vinculó el progreso de la comunidad con la responsabilidad social de la cooperativa. Convocó al dirigente asociativo a no conformarse con su trabajo puertas adentro y a hacerse cargo del bienestar de la comunidad de la que es parte. Para afirmar este principio las cooperativas y mutuales pueden desplegar acciones hacia sus respectivas economías sociales territoriales (grupos productivos preasociativos), aportando al diseño de políticas que produzcan registros de capacidades, banco de datos, oportunidades de mercado e información relevante, lideren evaluación de proyectos y gestión de recursos, formen promotores asociativos, generen crédito inter-institucional, desarrollen marcas locales y certificaciones de calidad, vinculen con los ámbitos de producción de conocimiento, hagan difusión política, de medios y comunicación, faciliten la comunicación con los poderes públicos y potencien la capacidad de negociación y contención frente a otros poderes.
No estamos proponiendo meras articulaciones, sino la creación de espacios formales de planificación, convocados desde las entidades más asentadas, donde los varios actores constituyan un “equipo” –que incluye al Estado– con una estrategia común: unir para consolidar, sumar fuerzas sociales y avanzar hacia nuevas metas, con el mayor poder de creación así alcanzado.
El Estado –por su parte– podrá diseñar una política para el crecimiento de la producción y el trabajo en todo el país que haga base en estas entidades líderes. Así como generar y transferir –a través de las universidades nacionales e institutos tecnológicos– conocimiento apropiado, en procesos de decisión soberana, profundización democrática e integración de economías regionales, en dimensión Mercosur.

* Cooperativista e investigador en Economía Social.