El proyecto de ley para amnistiar a los procesados sociales, impulsado por un grupo de diputados kirchneristas, tendrá su prueba de fuego esta semana, cuando sea discutido en el bloque del PJ y en comisiones, donde las posiciones aparecen divididas. En el Gobierno volvieron a criticar ayer esa propuesta, que la Cámara de Diputados podría debatir el miércoles que viene. “Es una aberración”, dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que advirtió que si el tema avanza en el Congreso “deberíamos revisarlo”. De todos modos, tanto él como el jefe de Gabinete Alberto Fernández señalaron que lo que perturbaba al oficialismo de una amnistía es su aplicación masiva y general, pero deslizaron la intención de revisar caso por caso. La traducción política de esto es que hay una puerta abierta para conceder indultos, que requerirían la firma presidencial.
El proyecto que podría amnistiar a unas 3000 personas perseguidas judicialmente por su participación en protestas sociales, fue presentado por el diputado Ricardo Gómez (PJ), quien defendió su iniciativa: “Los funcionarios que se expresaron en contra son los mismos que ya hablaron de armar brigadas antipiqueteras, pero otros no se han manifestado. El proyecto se generó en el Poder Legislativo, pero lo hicimos convencidos de que debe ser discutido en función de una señal que ya dio el Presidente”.
Desde la Casa Rosada se escucharon tres voces, que coincidieron en que amnistiar no es el plan oficial pero que dejarán que el tema se debata en el Congreso. Alberto Fernández sostuvo que “nunca son buenos los sistemas de impunidad” y señaló que “siempre quedan canales para el análisis particular de situaciones injustas”. Aníbal Fernández insistió con analizar casos puntuales y vaticinó: “Tengo mis dudas de que se trate, y si se tratara nosotros deberíamos revisarlo”. El secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, habló de una preocupación porque “los argentinos vayamos encaminados a una reconciliación”.
Desde la comitiva que viajó con el presidente Néstor Kirchner a Bolivia, hubo funcionarios que especificaron que la búsqueda de una alternativa para descriminalizar la protesta sigue en marcha en el Gobierno y a estudio de la Secretaría de Derechos Humanos. Allí analizan una modificación del Código Penal. Si la intención es decidir sobre casos puntuales, indultar sería la salida política, reconoció un diputado K.
Junto con Gómez, firmaron la propuesta otros miembros del kir- chnerista Grupo Talcahuano como Gerardo Conte Grand, Julio Gutiérrez, Mónica Kuney, Dante Canevarolo, Blanca Osuna y Guillermo Johnson. Se sumaron referentes del ARI, Frepaso, AyL, Izquierda Unida, algunos duhaldistas y una menemista. Sin embargo, otros exponentes del PJ oficialista como Ricardo Falú, Arturo Lafalla y Eduardo Di Cola no suscribieron. Comparten parte de los criterios esgrimidos por el Gobierno. Así lo plantearon en una reunión que “los Talcahuano” tuvieron el martes a la noche donde, junto con el jefe de la SIDE, Sergio Acevedo, buscaron convencer a Gómez de que el tema tenía que seguir en la esfera del Poder Ejecutivo.
“Nosotros planteamos algo de máxima, si no dan las condiciones se hará otra cosa, pero tenemos que hacernos cargo de los que por luchar por sus derechos hoy están procesados”, insistió Gómez. Algunos peronistas le acercaron posibles modificaciones al proyecto, como achicar el período que contempla (desde el 1º de febrero de 1999) y el abanico de hechos (por ejemplo, delitos no excarcelables). El texto original impulsa la amnistía para quienes “que hayan participado en todos los hechos ocurridos con motivo y/o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”, excluyendo el homicidio.
El jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, dijo que “el proyecto de Gómez se discutirá y si una mayoría (en el peronismo) lo apoya, la minoría acompañará”. Pero un sector clave, el duhaldismo, no lo haría sin un guiño de Kirchner. De todos modos, el tema todavía tiene quepasar al menos por dos comisiones, que deben emitir despachos. Una es la de Legislación Penal, que preside la radical Margarita Stolbizer, quien dijo que “no encuentra clima” para el asunto, la otra es la de Asuntos Constitucionales, que encabeza Juan Urtubey (PJ salteño).
Quienes suscriben el proyecto piensan intentar que se trate el miércoles en Diputados, al igual que los organismos de derechos humanos que participaron en su confección. “Esto es parte de una pelea de muchos años y no se trata de pedir perdón por lo que se hizo, lo que se hizo dignifica y la protesta debería reconocerse como legítima”, señaló Gabriel Lerner, de Correpi. “A la injusticia de la exclusión se ha sumado la de las balas. No hay mucha salida más allá de la amnistiar”, señaló.