El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso, luego de que el juez federal Julián Ercolini avalara su acuerdo de juicio abreviado. Además, el magistrado ordenó el decomiso de dos millones de pesos de sus bienes, como compensación por el delito de “aceptación de dádivas” de empresarios “en 19 oportunidades”.

Jaime fue inhabilitado por dos años para ejercer la función pública. Deberá, además, según estableció el juez, cumplir con una serie de reglas de conducta como “fijar residencia de la que no deberá ausentarse sin autorización del tribunal”, “someterse al cuidado del patronato” de liberados, y “pagar las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable”.

El ex secretario de Transporte confesó que, entre 2003 y 2006, recibió de Trenes de Buenos Aires, ex concesionaria del ferrocarril Sarmiento, casi una quincena de viajes en vuelos privados a Brasil, Córdoba y Uruguay, de la empresa Tebasa. –concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro– el pago y las garantías de dos departamentos en los que vivió en Avenida del Libertador y la calle Cerrito. Como titular de la secretaría, donde se desempeñó desde el 28 de mayo de 2003 al 1º de julio de 2009, Jaime era el responsable de controlar a las dos empresas.

El acuerdo para declararse culpable y evitar ir a juicio fue convenido con el fiscal federal Guillermo Marijuán. Junto con Jaime también lo firmó su ex asesor Manuel Vázquez, que recibió una condena de dos años y dos meses de prisión y el decomiso de 346.427 pesos.

A su vez, los empresarios procesados, así como el hijo de Vázquez, Julián, también fueron beneficiados con probations. Se trata de Sergio Claudio Cirigliano, responsable de TBA, y los ejecutivos de TEBA Néstor Emilio Otero, Gabriel Ignacio Akerman, Edgardo Darío Preite y Alfredo Alejandro Pielachd, quienes se comprometieron a realizar tareas comunitarias durante un año y donaciones a entidades benéficas.

Ercolini dispuso abrir un expediente aparte de probation para que instrumenten los montos de reparación ofrecidos y “las imposiciones de participación comunitaria”.

Por ejemplo, Cirigliano, de TBA, propuso como probation donar 150 mil pesos en 10 cuotas a un jardín maternal de la orden franciscana de El Bolsón, en Río Negro, y otros 50 mil pesos al hospital pediátrico Garrahan. El dueño de TEBA, Otero, se comprometió a pagar 760 mil pesos a un comedor comunitario de la Villa 31 y otros 25 mil pesos en alimentos para los inundados de Luján. Finalmente, Jorge Molina, ex directivo de Aerolíneas Argentinas SA durante la gestión de la concesionaria española Marsans, quedó absuelto.

El abogado de Jaime, Andrés Marutian, dijo que su cliente aceptó el juicio abreviado para dedicarse exclusivamente al juicio por la tragedia de Once. “Yo le expliqué a Jaime que su decisión iba a implicar estar en la tapa de los diarios, pero me dijo que preferiría terminarlo y seguir abocado exclusivamente al choque de Once”, remarcó Marutian, y agregó que a su cliente “le preocupa que le hayan endilgado 52 muertes y la cantidad de heridos con secuelas” y “no tiene miedo alguno de ir preso”.

Jaime y Cirigliano están siendo juzgados por la tragedia ferroviaria y el fiscal de juicio, Fernando Arrigo, pidió que sean condenados a 11 años y a 10 años y 11 meses de prisión, respectivamente, por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por las 52 muertes y los más de 700 heridos que dejó el hecho.

El ex secretario de Transporte ya tiene una condena a seis meses de prisión por intentar robar pruebas de un allanamiento que la Justicia realizó en su vivienda de Córdoba, en la causa en la que está procesado por enriquecimiento ilícito.