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El intendente de Malvinas Argentinas, el justicialista Jesús Cariglino, fue detenido ayer bajo el cargo de estafas y administración fraudulenta por un valor de un millón de pesos, que habría cometido en el marco de un programa de pavimentación implementado en ese municipio. La detención del jefe comunal fue ordenada por el juez de garantías de San Martín Juan Carlos Sorondo. Cariglino fue trasladado a la DDI de San Miguel y una vez que preste declaración indagatoria estaría en condiciones de recuperar su libertad, ya que el delito que se le imputa es excarcelable.
El arresto de Cariglino se concretó en la misma Municipalidad de Malvinas Argentinas y junto al intendente fue detenido también su secretario de Gobierno, Miguel Harari. La orden de detención la libró el juez Sorondo, quien en la misma causa en la que aparece involucrado Cariglino dispuso además la realización de 34 allanamientos. Esos procedimientos se desarrollaron en diferentes puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, incluido el edificio que perteneció al Batallón 601 del Ejército y que ahora es propiedad del municipio de Malvinas Argentinas.
Sorondo dio así cumplimiento al pedido que en ese sentido había hecho el fiscal Edgardo Ledesma. La causa contra Cariglino –a quien en los años que lleva de intendente se le atribuyeron diversos hechos de corrupción– fue abierta a partir de una denuncia de un empresario.
Fuentes judiciales revelaron que la denuncia responde a “presuntas estafas cometidas durante un plan de pavimentación que debía realizarse con un crédito otorgado por el gobierno provincial” y precisaron que “los fondos que debían ser administrados por la Cooperativa 2 de Abril fueron desviados a otras empresas y no fueron utilizados en las obras”.
Ledesma investiga los vínculos entre Cariglino, sus funcionarios y esas empresas, algunas de las cuales serían “fantasma”. “Hubo empresas que recibieron el dinero desviado, que participaron de licitaciones en el municipio y en el caso de otras firmas no hay registro de ellas, por lo que estamos buscando datos que confirmen su existencia o si se trata de firmas apócrifas”, confió un vocero judicial.
Lo que se les imputa a Cariglino y Harari es “estafa y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Por tratarse de delitos excarcelables, ambos quedarían en libertad después de su indagatoria. Sorondo cumpliría ese trámite durante el fin de semana.