En 2006 comenzaron los juicios orales de lesa humanidad. El primer juicio realizado en La Plata es mirado como un escenario que condensa la experiencia de los testigos que volvían a hablar en las salas cuando al mismo tiempo desaparecía Julio López. Desde entonces se sucedieron 147 sentencias. Para la psiconalista Fabiana Rousseaux aquel comienzo marcó un antes y un después en el proceso de Justicia, cuando “no sabíamos qué iba a pasar”, dice, y cuando aún “era importante reinstalar el debate acerca de que las consecuencias del terror de Estado no son del pasado, ni un problema de las víctimas, sino de toda la sociedad”. Mañana a las 18 presenta en el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería el libro El ex Detenido Desaparecido como testigo de los juicios de lesa humanidad escrito con Eduardo Luis Duhalde, que dejó listo el índice y el diagrama antes de su muerte. Rousseaux fue directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa, de 2009 a 2014. El discurso de inauguración que dio Duhalde en la apertura también forma parte del libro. Su familia descubrió el libro diagramado en su computadora luego de su muerte. Dejó escrito el índice y el nombre de los dos autores, el suyo y el de Rousseaux, y sumó una introducción de Victoria Martínez, experta en salud mental de la secretaría.

–¿Usted sabía del libro?

Fabiana Rousseaux: –No. Enterarnos del libro después de su muerte, nos lo hizo tomar como legado.

–¿Cómo entiende el libro el recorrido que hicieron las víctimas en los Juicios?

Victoria Martínez: –Eduardo era abogado pero siempre estuvo muy ligado a la producción cultural y a las discusiones en salud mental. Yo lo conocí haciendo una investigación para la UBA sobre las consecuencias psicológicas del terrorismo de Estado. En su libro del Estado Terrorista toma un análisis muy importante en relación a las consecuencias psicológicas en las víctimas y cuando asumió la secretaría entendió que tenía que trabajar con el tema. Me dio los grupos en situación en vulnerabilidad. En 2004, Fabiana me dijo que era importante pensar acciones sobre las consecuencias actuales del terrorismo de Estado en la salud mental y así empezó un trabajo recuperando la experiencia de quienes habíamos trabajado en los organismos de derechos humanos. En medio de ese comienzo nos enteramos de la desaparición de Julio López.

–Ustedes señalan que ese momento marcó una bisagra. ¿Por qué?

V. M.: –Con la reapertura de los juicios, empezamos a pensar de qué forma acompañar a las víctimas que iban a ser testigos en dos sentidos. Por un lado, cómo hacer para que volvieran a confiar en la Justicia y en el Estado porque algunos habían tenido la experiencia del Juicio a las Juntas y otros de los Juicios por la Verdad, que no habían llegado a ningún lado. Los represores seguían impunes y sueltos. Desaparece López y eso confirmó el temor de familiares que aconsejaban a los testigos no dar testimonio. Esto significó pensar acciones desde el Estado. Que los testimonios contribuyan como prueba; que el testigo se sienta acompañado y también que abogados y querellas respetaran sus tiempos. Se abrieron dispositivos de protección de parte del Estado, pero también fue una pelea terrible con las áreas encargadas porque no entendían las características de estas víctimas. Se pensaba en personal uniformado que se les plantaba en la casa o los acompañaban a todas partes, con lo cual nadie quería protección.

–Eso fue en los primeros años de la reapertura, en 2006.

F. R.: –Lo más importante de ese momento es que no existía en la estructura del Estado un proyecto que apuntara a tomar en cuenta lo que quedaba por afuera del campo del derecho: la dimensión de la subjetividad, de cómo gestionar ese dolor. No sabíamos qué iba a pasar pero la concepción era reinstalar el debate acerca de que las consecuencias del terror de Estado tienen actualidad. No son del pasado. Y no son un problema de las víctimas, sino de toda la sociedad. Para nosotros el desafío era abrir ese debate en los servicios públicos del Estado.

–El prólogo del libro lo hizo el juez Carlos Rozanski, uno de los jueces de ese primer juicio. ¿Por qué él?

F. R.: –Ese 2006 condensa varias cosas. Me parece que es una marca que él haya sido nombrado juez del primer juicio oral donde desaparece López. Ahí está ese momento inicial y nos parecía muy importante rescatar el legado. Marcó un antes y después: tiene valor de acto simbólico. El otro dato importante de ese tiempo es con la reglamentación de la Ley 25.914 para los hijos de desaparecidos que nacieron en cautiverio. El problema es que eran enviados a los Servicios Públicos de Salud para evaluar daños. Como eran problemas de salud mental, los enviaban al Borda y al Moyano. Luego de las primeras experiencias, quienes iban no querían volver porque no querían ser evaluados con esos criterios.

–Estas experiencias generaron la bases de lo que después iba a ser la emergencia del Ulloa. ¿Buscaron experiencias afuera?

V. M.: –No había experiencias. El juicio de Nuremberg abrió el campo de la bioética, pero no éste. En 1986, presenté el caso de un hijo de desaparecidos a una supervisión cuando vino a Argentina Françoise Dolto, una especialista en niños muy conocida. A ella le llamó la atención tanto psicoanalista trabajando acá en la atención a las víctimas, en su momento, en los consultorios privados. Y nos contó que ellos estaban atendiendo recién entonces las consecuencias del Holocausto en las nuevas generaciones. Eso nos sirvió para entender lo importante del trabajo para evitar la repetición en forma de trauma, pero además porque vimos que no había experiencia de atención en Europa.

F. R.: –En 2006 también debatíamos que nos debíamos una política de Estado que contemplara la reparación a las víctimas.

–Pero había habido reparaciones económicas o jurídicas.

F. R.: –Pero lo más importante tantos años después era cómo anudar eso en una reparación simbólica. No había experiencias internacionales, pero sí había legislación internacional sobre derechos humanos que planteaban la necesidad de que las víctimas sean reparadas en su integralidad.

–¿Qué fue pasando con estos testigos-víctimas desde entonces hasta ahora?

F. R.: –Aquello todavía es una ley, pero lo importante es lo que hicimos. Tratamos de tomar esa ley dura, tanto en los juicios como en las leyes reparatorias, para tratar de humanizar el tratamiento. Ver cómo encontrar intersticios. Gracias a esto, logramos que la Ley que hasta entonces era “al pie de la letra” permita empezar a trabajar personas con abogados para producir otro tipo de pruebas. Nos permitió empezar a preguntarnos: ¿cuáles son las consecuencias subjetivas de una detención? ¿Qué implica? Y comenzamos a fundamentar así los efectos en un trabajo artesanal.

–¿Entonces, pruebas basadas en los efectos que esto provoca en la subjetividad?

F. R.: –Los crímenes de Estado tienen como fundamental lo que pueden decir los testigos. Pero con crímenes cometidos en la clandestinidad, la gente no tiene elementos probatorios de cómo fue torturado, quién lo torturó. No puede hablar ni de un nombre. Estas vallas aparecían todo el tiempo en el campo de la justicia y nuestra función fue empezar a pasar a las víctimas por ese muro jurídico que se maneja con un campo probatorio, para que aparezca otra vez la subjetividad como valor de prueba.

–¿La presentación del protocolo fue un hito en ese sentido?

F. R.: –Que la Argentina juzgara delitos de lesa humanidad con el sistema de Justicia ordinaria era un acontecimiento inédito en el mundo, pero traía también algunos problemas. Muchos de los jueces, sobre todo en la primera etapa de juicios, no tenían la menor idea de cómo abordar un testimonio de víctimas de lesa humanidad. Las víctimas eran interrogadas bajo la fórmula de verdad que es casi una amenaza: cuando te sentás en un tribunal y te dicen: “Usted diga la verdad, la más clara verdad y toda la verdad”. ¿Pero, cómo hace un testigo para decir toda la verdad cuando tiene omitida gran parte de esa verdad sobre lo que le pasó a su propio cuerpo? Este era un problema de entrada. El primer choque. Los jueces además preguntaban cuestiones incisivas como la tortura o violaciones. Hablar de estos temas no es gratis para nadie. Menos en un ámbito público; menos frente a sus represores, torturadores o un tribunal. Muchas personas nunca habían tenido la posibilidad de pensar lo sucedido más allá del ámbito íntimo. Me acuerdo que un juez una vez dijo: “Yo me cruzo con la mirada de Astiz y me paralizo”. Esas mismas palabras nos sirvieron para decirle: “Si a usted le pasa esto, ¿se da cuenta de lo que sucede con una víctima?” Preguntarle a una víctima si puede reconocer por foto a una persona que nunca vio –y que la víctima espere 40 años para hablar y que su palabra pueda ser tomada por válida– puede ser devastador.

–Ustedes también plantean la capacidad de transformación de estos testimonios.

F. R.: –Los efectos de hablar del horror no son solo para las víctimas, sino también para los jueces, los operadores judiciales, fiscales, querellas. Para todos. Tienen efectos trasformadores porque cuando te confrontas con la palabra de un testigo que es testigo del horror, y lo está poniendo en palabras como puede, algo de eso se “pasa”. Y pasa a la sociedad y quedas impactado. Nadie sale ileso.

–Esto mismo parece actualizarse ahora con los discursos que avanzan pidiendo otra vez olvido o el basta de pasado.

F. R.: –A mí me parece que el libro ahora es un acto de resistencia. Estamos en un momento crucial: hay que decidir si vamos a volver a retroceder a la indignidad o vamos a dar cuenta, describir y dejar constancia de lo que se hizo. De cómo se asume ese dolor.

V. M.: –Y de cómo en tanto sociedad seguimos siendo “afectados” porque no es que ya está, ya pasó. Si no podemos sostener esto y no nos enteramos de que forma parte y de nuestra historia, seguimos estando afectados. Esta necesidad, cada tanto, de decir: bueno, ya está, dejemos todo en el pasado, globitos de colores, tiene que ver con que no nos hemos hecho cargo de que esto nos atravesó a todos.