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Opinión

Filantropía empresaria

Por Norberto Alayón *

La ministra de Desarrollo Social designada por Mauricio Macri, Carolina Stanley, es abogada, tiene 40 años, fue ministra del área en la ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2011, es hija de Guillermo Stanley, ex director del Banco Macro y ejecutivo del Citibank. Su esposo y padre de sus dos hijos, Federico Salvai, fue su jefe de Gabinete del ministerio de la ciudad. Inició su militancia en el Partido PRO en 2003. Entre 2004 y 2007 fue directora ejecutiva del think tank del Grupo Sophia, junto con Horacio Rodríguez Larreta, hoy jefe de gobierno de la CABA. En abril de 2012, siendo ministra, durante las inundaciones en la ciudad –donde fallecieron cinco personas y hubo cientos de evacuados– permaneció de vacaciones en Uruguay.

Stanley designó como secretario de Coordinación del ministerio, virtual viceministro del área, a Gabriel Castelli, licenciado en Administración de Empresas, ex director de la empresa cementera Loma Negra, del HSBC Bank Argentina S.A., de la cadena Farmacity (Grupo Pegasus), director nacional de Cáritas Argentina, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica (UCA). Como se ve, por su trayectoria: un hombre de las empresas y de la Iglesia católica.

El 8 de marzo de 2010, Castelli, siendo director de Cáritas, se reunió conjuntamente con el presidente de esa entidad caritativa (Fernando María Bargalló) y la embajadora de los EE.UU., Vilma Martínez, “para dialogar sobre los trabajos comunitarios que lleva a cabo la organización”.

Como presidente de la Comisión de Justicia y Paz adhirió y convocó a asistir a la Marcha del Silencio del 18F (febrero de 2015), a raíz de la muerte de Alberto Nisman.

A comienzos de marzo pasado, Castelli se reunió con el líder del Frente Renovador Sergio Massa y los intendentes Gabriel Katopodis y Joaquín de la Torre, de San Martín y San Miguel respectivamente, habiendo asistido también Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social (Cepas); Jorge Casaretto, ex obispo emérito de San Isidro e integrante de la Cepas; y el presbítero Adalberto Odstrcil, secretario de la Cepas. Según informes periodísticos, “la Comisión de Justicia y Paz, que se preocupa por la pobreza, es financiada por los bancos Francés, Santander Río, Galicia y Standard Bank, por la aseguradora suiza Zurich Insurance Group, por las obras sociales OSDE (de empresarios) y Asimra (personal jerárquico de la industria metalmecánica), por el sindicato de trabajadores de juegos de azar (Aleara) y por la Fundación Konrad Adenauer de la democracia cristiana alemana. Castelli integró antes la Fundación Andares, creada por el diputado y ex broker de JP Morgan Alfonso Prat Gay, y financiada por la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ford”.

Otras fuentes periodísticas dan cuenta de que “Castelli fue el vicepresidente de la Fundación Andares, que hoy ya no existe y que funcionaba en el segundo piso de Viamonte 634. Otros integrantes eran Pedro Lacoste, Sebastián Reynal (Deutsche Bank), Luis Cedrola (Arcor, Bunge, Molinos Río de la Plata, Siderar, consejero en la ACDE), Pablo Caride (Citibank). El objetivo de la Fundación era contribuir a la erradicación de la pobreza y la exclusión social”. Verdaderamente, emociona –hasta las lágrimas– el objetivo formulado por estos “hombres de negocios” para defender a los más débiles de la sociedad.

Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, figuró en la lista de evasores denunciados por la AFIP por una cuenta no declarada en Suiza. Quien fuera diputado por la Coalición Cívica de la extraviada Elisa Carrió, administró la venta de Loma Negra y la multimillonaria fortuna de Amalita Fortabat, la “dama de cemento”, que años antes había sido vergonzosamente designada como “embajadora itinerante” por aquel otro “prócer” del neoliberalismo que fue Carlos Menem.

El sólido entramado de empresas, directores y CEOs varios, con multiplicidad de ONG laicas y religiosas (muchas de las cuales registran orígenes, prácticas y financiamientos dudosos) revolotea cual buitres sobre el campo y las áreas de desarrollo social.

¿Con el nuevo gobierno del PROCambiemos, estaremos en los albores del retroceso hacia los 90, en la perspectiva de “filantropizar” las políticas sociales? Caridad cristiana y filantropía empresaria ¿vendrán a reemplazar la concepción de derechos?

Apelar a la caridad cristiana o a la filantropía de los ricos termina evidenciando la propia situación privilegiada de los que más tienen, la mayoría de los cuales cimentan y construyen su poder económico por medio de metodologías y comportamientos comerciales y financieros, alejados del más elemental sentido del derecho de todos al bienestar.

Las acciones filantrópicas, caritativas, benéficas, tienden a mantener y naturalizar los privilegios y las desigualdades. Las organizaciones que se dedican a estas actividades siempre son portadoras de determinadas concepciones ideológicas, políticas, religiosas. Se trata de poder identificar con precisión dichas concepciones, evitando las mistificaciones. De ahí que la relación entre la acción social y la política sea inevitable.

Mientras tanto, recordamos que la historia demuestra que los filántropos siempre necesitaron más a los pobres, que los pobres a los filántropos. Cabría evocar en el presente aquellos versos de la tradición española, que agudamente señalaban: “El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo hacer este hospital y primero hizo los pobres”.

Por todo ello es que miramos, con enorme preocupación, a la ministra Stanley, a su viceministro Castelli y, sobre todo, a la maliciosa y contundente “racionalidad” del proyecto de Prat Gay y Cambiemos. Por estos caminos, no sólo no van a concretar la falsa promesa de “la pobreza cero”, sino que agudizarán la fragmentación social y la marcada polarización entre ricos y pobres.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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Opinión

Al rojo vivo

Por Adriana Clemente *

En sus primeros días de gobierno, el ingeniero Mauricio Macri cumplió con la mayoría de sus promesas de campaña con excepción de la mentada “Pobreza 0” que pasó a ser en palabras del nuevo presidente de una “meta” a un “horizonte”. La devaluación de más del 40 por ciento significa un brutal retroceso en los niveles de distribución de la riqueza que incrementó de manera sostenida el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es posible que para muchos votantes desprevenidos, recién a la luz de las primeras medidas de gobierno se empiece a mensurar el significado y nefastas consecuencias del eslogan “cambiemos”.

La historia de Lucas, un niño de la calle que ocupó la tapa de Clarín el día siguiente que se anuncio la devaluación es una muestra del lugar que ocupa la pobreza en la agenda del PRO. En reportajes por TV, el niño debió relatar cómo es vivir en la calle con su madre y hermanos. El interés de los periodistas no fue cómo puede ocurrir algo así en la ciudad más rica del país, sino cómo Lucas con su esfuerzo había logrado terminar la primaria en esas condiciones. Es la vuelta a la idea del pobre merecedor (dócil y esforzado), como antesala para justificar que la ayuda social debe ser selectiva y temporal e insuficiente. Se trata de borrar la idea de sujeto de derechos con la que se sustentaron las políticas sociales en los últimos 12 años.

Nos preguntamos por las familias que hasta octubre, desde el punto de vista estadístico y por la debilidad de sus ingresos, estaban apenas por arriba de la línea de pobreza y hoy, por efecto de la devaluación, ya forman parte del universo de indigencia del que solo se sale con políticas activas de largo plazo y ayuda del Estado. Hasta fines de octubre la indigencia (hogares que no llegan a una canasta básica) según los índices más confiables se estimaba entre un 5 y un 7 por ciento de hogares. Hoy esa estimación es obsoleta. La anunciada compensación de 400 pesos para beneficiarios de la AUH y jubilados no es una respuesta acorde a los daños producidos en su capacidad de consumo y su proyección en el corto plazo. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno hieren de muerte el proceso de movilidad ascendente que viene experimentando la sociedad argentina de 2003 a 2015 y deja sin expectativa (sin futuro) a los jóvenes de los sectores populares que, por la situación de sus hogares, requieren para salir de las fronteras de la pobreza un ciclo mucho más extendido de apoyo y políticas económicas activas como las que acaba de clausurar el gobierno.

En materia de política social la diferencia entre las políticas del PRO y del FpV es sustantiva. El FpV llevó adelante políticas que según la mejor tradición justicialista buscaron extender beneficios del mundo del trabajo asalariado a otros sectores no comprendidos en él. Se extendieron derechos y beneficios bajo la premisa de elevar el piso de bienestar para el conjunto de la sociedad. Entre 2003 y 2015 se utilizaron muchos y diversos instrumentos de política social y económica que combinaron la educación, el trabajo y la promoción social, siempre en lógica de acumulación y lucha contra la desprotección que por su naturaleza genera el mercado. Para mejorar los indicadores sociales de toda la sociedad se fomentaron el pleno empleo, la calidad de los puestos de trabajo, se extendió el sistema previsional (seguridad social) y el acceso a la educación y la salud a todos los miembros del hogar. La Asignación Universal por Hijo (AUH) funcionó exitosamente dentro de un sistema de políticas económicas y sociales más amplio y complejo.

Es posible que el gobierno de Mauricio Macri no toque este beneficio, pero en un contexto recesivo como el que está generando con sus medidas, la AUH pierde su potencialidad como vector de movilidad social ascendente.

A diferencia del justicialismo y su apuesta al Estado como promotor del bienestar, el PRO cree que todo debe recaer en el mercado. El modelo de satisfactores del PRO funciona en un contexto de políticas activas a nivel nacional, en una ciudad rica por su condición de capital y con una pobreza localizada en algunas comunas y dentro de ellas en villas, asentamientos y grandes complejos habitacionales. No es por incapacidad que se pintan edificios, al tiempo que no se refuerzan balcones. Es una concepción superficial del bienestar. Las villas en la ciudad crecen, mientras la ciudad se vacía.

¿Cómo puede funcionar este modelo en las áreas metropolitanas donde, a diferencia de la CABA, tenemos una mayor proporción de población en situación de precariedad habitacional cuyos ingresos hoy están devaluados y su seguridad alimentaria nuevamente comprometida? Por el momento todos los pronósticos son malos.

El gobierno de CFK dejó un país desendeudado, con pleno empleo, con la mayor proporción de clase media y mejor distribución de la riqueza de América Latina. Aunque se quieran invisibilizar, todos esos resultados tienen reconocimiento internacional y son producto de decisiones de gobierno, no del mercado. Sin embargo, a la luz del resultado de las últimas elecciones, el éxito en materia económica y social no tuvo el correlato político que esperábamos. La derecha conservadora ganó con votos de todos los sectores sociales y hay que reconocer que todas las explicaciones a semejante fenómeno aun son erráticas. Mientras desde lo académico trabajamos en poder elaborar respuestas que expliquen, los más pobres ya entendieron: hoy los comedores comunitarios tienen más comensales.

* Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), directora del CEC.