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Fue un día histórico del otro lado del Plata. Una holgada mayoría de uruguayos frustró ayer la privatización de la petrolera estatal Ancap, en una consulta popular cuyo resultado, además, parece confirmar a la izquierda para las presidenciales del año próximo.
Según las encuestas a boca de urna que se conocieron al cierre de esta edición, aproximadamente el 57 por ciento de los votantes respaldaron la derogación de la ley que eliminaba el monopolio estatal de los combustibles y autorizaba a la industria más grande del país a asociarse con otras empresas de capitales privados. Fue una votación sobre el futuro de la petrolera, pero también un revés a las políticas neoliberales del presidente Jorge Batlle. Y un anticipo del escenario de octubre de 2004 donde el líder de la coalición de izquierdas Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), Tabaré Vázquez, un duro contra la apertura, es el presidenciable favorito.
La ley 17.448 que habilitaba la privatización parcial de la principal empresa pública del país, administradora de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo, y de la exportación de derivados de petróleo, fue aprobada a fines de 2001 con votos de todos los partidos. La reforma petrolera surgió así, luego de que el gobernante Batlle se diera cuenta de que la izquierda iba a bloquear sus reformas librecambistas. Porque la izquierda, los sindicatos y destacados intelectuales y artistas conformaron la Comisión de Defensa de Ancap que, gracias a reunir más del 25 por ciento del padrón electoral, logró poner en marcha el procedimiento constitucional de consulta popular que ayer se llevó a cabo en todo el país y cuyos resultados finales se sabrán entre hoy y mañana. Cientos de representantes del campo de la cultura como el escritor Eduardo Galeano y el músico Rubén Rada manifestaron su rechazo a la ley en una carta.
En el referendo, que contó con la participación de cerca de 2 millones de votantes, aproximadamente un 80 por ciento de la ciudadanía, la boleta rosa del “Sí” superó con amplitud a la celeste con la consigna “No” en todos los departamentos uruguayos, pese a que sólo los gobiernos de Montevideo y de Paysandú se expresaron contra la privatización de Ancap.
En un país con 218 mil empleados públicos, el gobierno de Batlle enfrenta la ardua tarea de defender el librecambismo. Si bien es una consulta específica, el análisis de las cifras muestra un cambio en el comportamiento tradicional de la mayoría de las ciudades del interior del Uruguay donde, desde hace años, las candidaturas y propuestas provenientes de la izquierda no lograban obtener la mayoría.
Por este motivo, muchos analistas uruguayos han interpretado el resultado de la consulta como un severo revés para el gobierno conservador del actual presidente y para los intendentes de 17 de los 19 departamentos del país, que hicieron campaña por la privatización de la empresa petrolera estatal. Batlle había anunciado, cuando asumió en marzo de 2000, que su gobierno tendría como eje la apertura de la economía y el impulso a la inversión privada. Pero a cada reforma votada en el Congreso, la izquierda interpuso un referéndum.
La campaña a favor de la derogación de la ley privatizadora estuvo encabezada por los partidos opositores. Aunque fue apoyada por un gran número de organizaciones sociales y agrupaciones menores, el EP-FA, Nuevo Espacio y la central sindical única PIT-CNT, fueron las caras más visibles del “Sí”. Mientras que los sectores alineados al gobierno de Batlle que impulsaron el “No” fueron los partidos Colorado, Nacional e Independiente, la Asamblea Uruguay y la Cámara de Industrias.
En 1992 el Frente Amplio (FA) había logrado derogar una ley marco para privatizaciones. El intento de privatización de Ancap fue objeto de una consulta popular de alcance más general ese año, cuando el “No” a la política de privatizaciones también se había impuesto con el 72 por ciento de los votos.
No obstante la opinión de la mayoría de los uruguayos, el gobierno y los partidos tradicionales volvieron a la carga con la ley aunque un amplio movimiento sindical, político y social promovió el referendo que ayer frustró el nuevo intento. Creada en 1931, Ancap es la principal empresa pública uruguaya. Con una facturación anual cercana a los mil millones de dólares, incluye la refinería de La Teja y posee dos fábricas de cemento y una terminal de recepción y almacenamiento de petróleo crudo en la localidad de José Ignacio.
Las encuestas de cara a las elecciones de fines de 2004 ya marcaron durante este año claras preferencias por el candidato Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierdas que actualmente articula la oposición al gobierno de Batlle, respaldado por los tradicionales partidos Colorado y Blanco. Vázquez, después de dos fracasos como candidato a la presidencia (1994 y 1999) por el FA, está cada vez más cerca del sillón presidencial. “Los vientos cambian, la gente piensa, se van desnudando realidades y los cambios se vienen”, declaró Tabaré en un último acto suyo que sirvió de preludio.