De “muy positiva” y “fructífera” calificó la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, la reunión que durante una hora y media mantuvo ayer en Washington con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Emilio Alvarez Icaza Longoria, y el relator especial para Libertad de Expresión, Edison Lanza. Según la defensora del Público, que también agradeció la urgencia con la se concretó la reunión, ambos funcionarios demostraron su “preocupación” frente a lo expuesto en relación a la situación planteada en torno a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en la Argentina y las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos interviniendo la Autoridad Federal de Servicios Audiovisual (Afsca), removiendo su directorio y desconociendo parte de la ley que en su momento fue aprobada con gran respaldo legislativo.

La reunión de Washington se produjo como respuesta al pedido de audiencia realizado por la Defensoría que, a su vez, ha recibido cientos de reclamos ante las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri desde el momento mismo de su asunción. En la Argentina la Defensoría hizo presentaciones ante el Gobierno, por su cuenta y colaboración con otros actores de la comunicación, sin que hasta el momento se hayan recibido respuestas del lado oficial. Este fue precisamente uno de los motivos que impulsaron al pedido urgente de audiencia ante la CIDH, solicitud de la que participaron también otras entidades y, muy especialmente, la Coalición para la Comunicación Democrática (CCD), principal espacio inspirador de la LSCA, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y el Sindicato de Prensa de Rosario, junto a universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

La audiencia fue pedida ante “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido”, dado que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad”.

En la CIDH Ottaviano hizo un extenso informe sobre la situación generada a partir de los decretos y presentó la documentación que acredita las motivaciones del pedido de audiencia. Al finalizar el encuentro, la defensora del Público sostuvo que “la reunión fue muy fructífera” y que sus interlocutores “recibieron con mucho interés y señales de preocupación la información llevada por la Defensoría”. Confirmó también que recibió la promesa de que “la semana que viene van a transmitirle al pleno de la Comisión la situación para ver cuáles son los escenarios de acción”.

Al margen de lo específico respecto de la LSCA, Ottaviano también expuso sobre la “la ilegitimidad de los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para modificar una ley de comunicación que fue debatida y consensuada por todos los poderes de la Argentina, sólo resistida por el poder concentrado de la comunicación que hoy vuelve a encontrar privilegios”. Mediante un comunicado difundido por la Defensoría del Público se afirmó también que “hemos dejado en claro cómo estos DNU, que no respetan los lineamientos del sistema interamericano de derechos humanos, son un retroceso en materia de libertad de expresión, no sólo para la Argentina, sino para toda la región”.

Ottaviano dijo también que “la preocupación en la CIDH es evidente ante el aumento de concentración comunicacional que pueden significar las medidas tomadas por el gobierno argentino, sobre todo porque desde la propia comisión se ha dicho que la concentración comunicacional conspira contra las democracias”. Y subrayó que hay muy “buenas señales” que permiten optimismo respecto de la receptividad ante las inquietudes planteadas. “Que nos hayan recibido hoy, luego del pedido de reunión urgente motivado por los cientos de reclamos de sectores universitarios, sindicales, campesinos, pueblos originarios, de la Argentina y América latina; la buena recepción de la documentación que aportamos y la preocupación por los cambios negativos en materia de libertad de expresión hechos por el gobierno argentino, es una muy buena señal respecto del pedido de audiencia, realizado por la Defensoría y otras organizaciones de la sociedad civil”, sintetizó Ottaviano.

La defensora del Público viajó a Washington acompañada por la directora de Protección de Derechos de la Defensoría, María José Guembe, quien también participó del encuentro.