A raíz de los reparos que puso la Corte Suprema y de las críticas de un amplio espectro judicial y político al nombramiento de dos jueces en comisión para cubrir las vacantes en el tribunal, Mauricio Macri decidió jugarse una fichita a que avance en el Senado el procedimiento habitual para que les preste acuerdo. Así, los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes ya están nombrados por decreto, fueron enviados ayer a la Cámara alta. Todavía no está claro cómo seguirá el trámite, no está constituida la Comisión de Acuerdos y hay divergencias sobre la facultad de los senadores para tratar designaciones de jueces fuera de la convocatoria a sesiones. Lo más probable es que durante febrero Cambiemos intente avanzar con los pasos que restan para cumplir con el decreto 222 de consulta pública, que prevé un nuevo período de impugnaciones y avales y una audiencia abierta con los candidatos. Luego, como sea, la definición está sujeta a un acuerdo político.

La designación de los dos jueces de la Corte por decreto y en comisión, eludiendo al Senado, fue una de las medidas con las que Macri eligió inaugurar su gobierno sin anestesia. Pero uno de los principales obstáculos con los que se encontró para avanzar fue el propio tribunal, que les tiene que tomar juramento. En un comienzo, los jueces supremos dijeron que lo iban a hacer y que ambos juristas elegidos eran “bienvenidos”. Pero después de un acuerdo extraordinario primó el malestar con el Gobierno y un planteo de Juan Carlos Maqueda: si les tomaran juramento podría ser interpretado como un respaldo anticipado a la validez constitucional las designaciones, que desde el comienzo generó polémica y pedido de cautelares. El presidente supremo, Ricardo Lorenzetti, ya tuvo dos reuniones con Macri. El resultado fue la postergación de la jura y la decisión del Poder Ejecutivo de enviar los pliegos al Senado, para reducir la controversia. El comunicado del Ministerio de Justicia afirma, con cierto viraje, que lo hacen “conforme con el inciso 4 de artículo 99 de la Constitución Nacional”, que dice que los jueces de la Corte se nombran con el acuerdo de los dos tercios del Senado.

Los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz ya fueron girados a los presidentes de los bloques, Miguel Pichetto y Angel Rozas, además de la Comisión de Acuerdos, aunque no está conformada todavía. Las conversaciones más intensas en miras a un acuerdo incluyen a Pichetto, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a Página/12 que “hoy el gobierno es optimista con que se aprobarán los nombres en marzo”. En el bloque del Frente para la Victoria, en cambio, descartan que hasta ahora se haya llegado a un acuerdo político.

“Celebramos que finalmente en Cambiemos han reconocido el error que cometieron con los nombramientos en comisión y que estén cumpliendo con el trámite que establece la Constitución Nacional”, le comentó a este diario el senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina. “Ahora lo más atinado seria que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para constituir la Comisión de Acuerdo y poder avanzar en el tratamiento de todos los pliegos pendientes, lo que incluye a embajadores y fuerzas armadas”, agregó. En el FpV, consideran que la comisión no se puede constituir sin llamar a sesión extraordinaria, aunque dure solo cinco minutos. Y sostienen que se requiere el mismo mecanismo para que un pliego ingrese formalmente y tenga estado parlamentario. También consideran que les corresponde la presidencia de ella, ya que siguen teniendo mayoría propia en el Senado.

Lo habitual es que las comisiones se conformen en una sesión preparatoria en la última semana de febrero. En Cambiemos acotan que si pactan, la Comisión de Acuerdos podría trabajar perfectamente, hacer la nueva convocatoria de avales e impugnaciones y hasta convocar a la audiencia pública donde los candidatos responden preguntas a la vista de todos. Esta sería la segunda etapa para cumplir con el decreto 222 y sus mecanismos de consulta. En el Gobierno analizan un precedente que, dicen, permitiría tratar los pliegos sin que se convoque a extraordinarias. De todos modos, el cumplimiento de todos los pasos demandará varias semanas y todo pasaría igual a marzo, cuando el Congreso esté en actividad. La comisión –y en esto hay coincidencia entre los sectores– puede reunirse una vez constituida, pero no puede dictaminar en período de receso.

“Si la Corte quiere tomar juramento antes, puede hacerlo”, insistió Garavano, tal como había señalado en un reportaje con Página/12. La realidad es que, a esta altura, ya ni él ni casi nadie en el Gobierno ni en Cambiemos quiere que Rosatti y Rosenkrantz asuman en comisión, en base al polémico decreto original. Habrá que ver si el FpV, accede a aprobar como supremos a estos juristas que aceptaron el procedimiento tan cuestionado (en el caso de Rosatti él mismo lo había objetado en 2011 en su Tratado de Derecho Constitucional).

La Corte, por lo pronto, reanuda su actividad con tres miembros. Durante la última semana de enero estuvo acéfala. Se encontraba de turno Ricardo Lorenzetti, pero se fue a disertar a Salamanca. Elena Highton de Nolasco había viajado a Estados Unidos y Maqueda a Europa. Sólo había un secretario laboral habilitado para actuar en su nombre.