La política de despidos masivos está desarticulando áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado. A las tensiones en el Ministerio de Justicia, se sumó la dirección de Derechos Humanos de Defensa que no está recibiendo consultas sobre antecedentes para la designación de militares. La semana pasada desmantelaron la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del sistema bancario y financiero durante la dictadura. Y durante ese mismo período se desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura. La única área de momento quedó en pie de ese ministerio está a cargo de asistir a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía pero pasó a depender directamente de Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ex socio del defensor de Leopoldo Galtieri que alguna vez describió los juicios por crímenes de Estado como “la legalización de una venganza”. Noceti les dijo a los trabajadores que, a partir de ahora, todo lo que produzcan, pasa por él.

Los recortes que aparecen a diario comenzaron a ser relevados por Adriana Taboada desde la red de abogados y abogados de lesa humanidad que están siguiendo de cerca la construcción de este otro tipo de mapa. Lo que puede verse como primera edición de un informe que piensa ser actualizado una vez a la semana, reseña algunos de los datos de organismos nacionales que se conocen hasta el día de hoy.

La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad es una de las áreas donde el desguace tiene impacto. El área coordinaba pedidos de la Justicia en causas de lesa humanidad y articulaba con las fuerzas de seguridad en las investigaciones y operativos por apropiación de niños durante la dictadura. Hasta ahora había 33 personas trabajando en tres coordinaciones de las cuales despidieron a 13. Entre ellas, fueron despedidos cuatro de las cinco personas del equipo de huellas que trabajó en la identificación del cuerpo de Luciano Arruga y echaron a la coordinadora del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), Natalia D’Alessandro. También despidieron a quienes hacían tareas de políticas de género y las capacitaciones en Derechos Humanos a los funcionarios de las fuerzas de seguridad.

El área produjo documentación sumamente importante para las causas de lesa humanidad durante los últimos años. De aquí surgió el informe de Prefectura para la causa ESMA Unificada que permitió comprender parte de la ruta que seguían los aviones para los vuelos de la muerte. Salió un informe sobre la Triple A para la causa que investiga Norberto Oyarbide y un informe sobre la Superintendencia de Seguridad Federal para la causa del Primer Cuerpo del Ejército. Esta es el área que de subsistir pasará a estar supervisada por Noceti, una persona que consideró en sus escritos a los juicios de lesa humanidad como “un proceso en el que la verdad material interesa muy pero muy poco y donde impera la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”.

El segundo punto del informe son los datos que surgen del Ministerio de Defensa. Como ocurrió en Seguridad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario produjo información importante a partir del análisis de documentación desclasificada de las Fuerzas Armadas; colaboró activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y trabajó en la consolidación de las políticas del gobierno nacional de lucha contra la impunidad, por la memoria y la verdad.

Según el informe, al día de la fecha la situación es la siguiente:

• Han extendido por tres meses los contratos de todos los equipos de investigación que desarrollan su tarea en los archivos (vencen en marzo). Todos los equipos están trabajando en los trabajos de investigación que estaban realizando antes del cambio de gobierno. La nueva gestión aún no les dio nuevas tareas.

• La Secretaría de Derechos Humanos de Nación ya no está consultando al área por los antecedentes ante la designación de ascensos militares, ni para militares retirados que están ocupando cargos en la administración pública.

En el Ministerio de Justicia, uno de los cambios más importantes es el Programa de Verdad y Justicia. Como señala el Informe, el Programa fue creado en 2007 para fortalecer el proceso de Verdad y Justicia intentó centralizar, entre otros méritos y con bastante éxito el trabajo de las áreas del Ejecutivo que intervenían en causas de lesa humanidad. Además, hizo investigaciones y tuvo como tarea auxiliar a la Justicia con testigos que son convocados a prestar declaración en los debates orales en todo el país. Los contacta y notifica reemplazando de ese modo las notificaciones que usualmente realizan las fuerzas de seguridad y que revictimizaban a aquellos testigos.

Con esa área sucedieron o están sucediendo varias cosas:

• Despidos: despidieron a 11 de los 50 trabajadores, entre ellos tres abogados que son nexo entre los tribunales y víctimastestigos. Una de ellas, en Salta, único contacto entre las víctimas y el tribunal. Despidieron además a un antropólogo, una socióloga del equipo de evaluación de riesgo, dos comunicadores sociales y dos docentes. Además, en la lista hay cinco personas abocadas a las causas de Abuelas cuyos contratos están en revisión.

• Traslado: el Programa sale de la Unidad del Ministro de Justicia y pasa a la secretaría de Derechos Humanos. Para los titulares salientes esto es un problema dado que “estaría interviniendo desde un área que es querellante en las causas de lesa. Aunque el Programa anticipó esta dificultad, (el ministro Germán) Garavano avanzó con la reestructuración”.

Hubo además tres despidos en el Archivo Nacional de la Memoria, dentro de la dirección de Gestión de Información a cargo de la digitalización del material de archivo de las causas de delitos de lesa humanidad y legajos Conadep. Despidieron a cuatro personas del Centro Ulloa, una trabajadora social y tres psicólogas, una de La Rioja y otra de Chaco donde estaba a cargo de la articulación de las políticas de asistencia y acompañamiento de la zona en los juicios de lesa humanidad y violencia institucional, otra área de trabajo del organismo. De la dirección de Sitios de Memoria, “despidieron a las coordinadoras de Las Flores y la Escuelita de Famaillá que eran las únicas trabajadoras de esos Sitios, quedando los mismos en una situación de vaciamiento institucional”. Estos Ccdtye actualmente son Espacios para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.