Agrupaciones sociales, académicas y de trabajadores de la comunicación se reunieron para elaborar estrategias para defender la ley de medios.
Imagen: Jorge Larrosa.

Cinco años antes de que el Congreso sancionara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un conjunto de organizaciones, agrupaciones, colectivos informales e individuos relacionados con la comunicación –trabajadores, profesionales, académicos, universitarios– emitió un documento que sirvió de germen de esa norma. El debate de aquellos 21 puntos por el derecho a la comunicación en todo el territorio nacional y su transformación, luego, en norma fue un proceso que ubicó al país como ejemplo mundial en cuanto al respeto y fortalecimiento del derecho humano a la comunicación. 12 años después, la Coalición que forjó esa base volvió a reunirse: bajo el lema “Si el derecho a la comunicación está en peligro, todos lo están”, sus integrantes se reencontraron en un Congreso nacional con el objetivo de pensar cómo reconstruir lo que el gobierno de Mauricio Macri quiere destruir a través de los decretos que, desde diciembre del año pasado, mutilaron la Ley de Medios. Le reclamaron a los diputados que rechacen la validez de los DNU y alumbraron un nuevo documento que recoge el espíritu de aquel originario y, a la vez, amplía el espectro del debate en torno de la democratización de la comunicación.

“Estamos acá no sólo en defensa de la ley sino también con la madurez suficiente para pensar unos nuevos 21 puntos que reivindiquen los de 2004 y amplíen el debate en este contexto”, remarcó Daniel Badenes, integrante, en calidad de titular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) y de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (Arecia). Ambos colectivos integraron el corazón organizativo del nuevo Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática, la “organización de organizaciones”, como la definieron ayer, que exige, empuja y defiende desde hace años avances en leyes y en políticas públicas destinadas a que el Estado argentino garantice el derecho a la comunicación de cada uno de sus habitantes.

La urgencia

El subsuelo del anexo A del Parlamento nacional se colmó pasada la media mañana de ayer. Hombres y mujeres; jóvenes y maduros se saludaron aunque nostálgicos, sonrientes. Las caras nuevas estrecharon manos y se preocuparon por anudar en su memoria nombres a espacios de referencia: universidades nacionales, radios y televisoras comunitarias; sindicatos, productoras, pequeñas empresas, cooperativas y mutuales; diarios y revistas culturales independientes; organismos de derechos humanos, organizaciones de personas con discapacidad, agrupaciones de mujeres, de migrantes, el colectivo Lgttb, pueblos originarios y más. Una década después, la fuerza del quehacer colectivo comenzaba su retorno con la inauguración de una voz que supo constituirse en el broche de las principales asambleas en medio del fragor del debate preLSCA: “Nunca soñamos que íbamos a estar peleando tantos años por esta ley, mucho menos soñamos lo que pasa hora. Pero lo más importante es que tengamos conciencia de que no tenemos que parar”, atizó las brasas la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien consideró los DNU de Macri “una burla hacia el pueblo” y convocó a “reventar las plazas” el próximo 24 de marzo, cuadragésimo aniversario de la última dictadura cívico militar. “A veces los pueblo nos damos cuenta de que los problemas no se arreglan en el Parlamento o en la Justicia, sino en las plazas”.

Macri estrenó su gestión presidencial con una batería de decretos de necesidad y urgencia que modificaron la LSCA y la ley 27.078 de Argentina Digital hacia una única dirección: el abandono de parte del Estado de su rol regulatorio en el campo de la comunicación y las telecomunicaciones y la disposición del “mercado en el corazón del sistema de medios”, resumió ayer Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Frente al nuevo escenario, la CCD se vio convocada a “defender lo conquistado”: “Reafirmamos los principios que formaron la iniciativa ciudadana de 2004, rechazamos lo actuado por el gobierno nacional, reclamamos la plena vigencia de las leyes votadas democráticamente y presentamos un nuevo documento que amplía el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas”, sostuvieron en la introducción de los nuevos “21 puntos por el derecho a la comunicación”.

La mutilación implementada por los DNU del Ejecutivo tuvo dos vías: desaparecieron los consejos con participación federal y multisectorial encargados de monitorear las dos leyes afectadas por los DNU y se dio luz verde a la concentración económica y geográfica tanto en el ámbito de la comunicación audiovisual cuanto en el de las telecomunicaciones.

“Los decretos implican un retroceso inédito”, destacó Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público, uno de los pocos organismos creados vientre adentro de la LSCA que aún sobrevive. “Las concentraciones en el sistema de la comunicación conspiran contra la democracia. Estamos regalando nuestra interculturalidad, nuestra historia, la decisión de nuestros pueblos a los pocos dueños del dinero y del poder”, continuó, razón en la que basó el reclamo a los diputados para que rechacen los decretos. “Lamento que sean muy pocos los que están acá”, salvó. Liliana Mazzure, Guillermo Carmona, Eduardo Seminara fueron los asistentes entre una decena de invitados.

El repaso por las medidas judiciales presentadas por diferentes actores tanto ante la justicia nacional como en la internacional también tuvo su lugar en la jornada de ayer. “El Estado argentino se apartó de los estándares internacionales”, postuló el abogado Damián Loretti, uno de los representantes de la estrategia legal que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras agrupaciones de la CCD impulsaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La semana próxima llegarán novedades desde aquella instancia, aunque Loretti consideró muy posible que se logre una audiencia porque el relator de libertad de expresión, Edison Lanza, advirtió que se está siguiendo con “particular atención” el caso argentino. No obstante, “el camino va a ser largo”, remarcó. De suceder, la audiencia tendría lugar recién en abril.

Los desafíos

“De este documento se desprenden muchas leyes”, expresó Badenes. A diferencia aquellos 21 puntos creados y difundidos en 2004, que se ceñían al ejercicio audiovisual de la comunicación, esta flamante declaración implica no solo una apertura del núcleo de atención sino también una madurez notable respecto de la declaración de principios que significa (ver aparte).

El nuevo punteo sienta posturas sobre las problemáticas del ejercicio gráfico de la comunicación, sobre todo en lo que atañe a la concentración del papel y a la distribución de radios y revistas, algo en lo que trabajaron y reivindicaron referentes de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. “Valoramos los 21 puntos para la defensa y la profundización de lo conseguido con la LSCA y su ampliación hacia la democratización de la prensa gráfica, un sector que nunca dejó de sufrir las prácticas concentracionales que la ley modificada por los DNU intentó evitar”, saludó el presidente de ese colectivo y editor de Revista NAN, Nahuel Lag, y completó: “Aquí estamos para defender lo alcanzado e ir por más”. La nueva declaración en pos del derecho a la comunicación opina sobre las prácticas comunicacionales en internet, la necesidad de normas que regulen la publicidad tanto pública como privada y que aseguren el acceso a la información pública; y se expide sobre los puestos de trabajo generados y criados por el sector de la comunicación. “No estamos planteando un techo, sino un piso, una plataforma de principios sobre la cual pararse y andar en la etapa que viene, siempre desde la defensa irrestricta de derechos”, concluyeron ayer. Luego, llegaron los aplausos.