La Coalición por una Comunicación Democrática aguarda que la semana próxima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirme la realización de una audiencia que varias de las organizaciones que la integran, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Defensoría del Público, solicitaron días después de los decretos de necesidad y urgencia por considerar que esas medidas violaban estándares internacionales en la materia. Cuando recibió los pedidos de audiencia, la CIDH solicitó al gobierno nacional que envíe un informe, pedido que el gobierno de Mauricio Macri respondió, pero no se sabe el contenido de la respuesta. “El mayor problema (falta) que tiene el Gobierno es que se trata de un decreto” violatorio a los tratados internacionales, explicó el abogado Damián Loreti, quien advirtió que “incluso si fuera aprobado por el Congreso, no implica que no se aparten de los estándares del sistema americano.