Los decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri apuraron la salida a superficie de un trabajo que la Coalición por una Comunicación Democrática había iniciado hace dos años, pero que se vio levemente interrumpido por el trajín electoral. “El espanto nos reunió, pero tampoco es que nos habíamos vuelto unos extraños. Estuvimos siempre atentos porque creemos que a las leyes hay que nutrirlas permanentemente”, advirtió el periodista Pedro Lanteri en alguna de sus intervenciones como moderador –tarea que compartió con su colega Néstor Piccone– del Congreso nacional que tuvo lugar ayer. El nuevo documento que generó la CCD es una defensa de “lo conquistado” con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también una ampliación del “horizonte para una comunicación democrática en todos los medios, formatos y plataformas”.

- La nueva plataforma de la CCD recuerda que la comunicación es un derecho humano universal que comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma oral, escrita, impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento”, a través de “todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos”. Exige a la nación, las provincias y los municipios que cumplan y respeten esta definición, proveniente de los tratados y convenios internacionales en la materia.

- La CCD considera necesaria la “limitación de la concentración para promover la diversidad y el pluralismo” en materia de comunicación. Tales prácticas “conspiran contra la democracia al restringir la circulación de ideas, informaciones u opiniones”, mientras que una regulación que promueva la pluralidad y diversidad “asegura el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. “No alcanza con reglas de defensa de la competencia: la comunicación es un bien social y debe garantizarse una distribución adecuada de facilidades, recursos e infraestructura esenciales”, sostiene en clara referencia a la concepción comunicacional del macrismo.

- Le pide al Estado que mantenga “los estándares internacionales que regulan la propiedad cruzada y las posiciones dominantes en el mercado” así como el “patrimonio nacional mediante la mayoría accionaria del Estado en empresas esenciales para brindar servicios de comunicación”.

- Exige que el Estado asuma un rol activo, en tanto “garante de los derechos humanos”: fomento y promoción a la diversidad, preservación de su capacidad regulatoria.

- Tal como plantea la LSCA, se pronuncia en contra del intercambio comercial libre de licencias, exige la programación de contenidos nacionales “propio, local e independiente”.

- Postula la necesidad de la participación federal en organismos cuya función sea la de regular los medios de comunicación, a los que también quiere protegidos contra “la indebida interferencia política y de otra índole”.

- En cuanto a las redes públicas de fibra óptica, los satélites geoestacionales de telecomunicaciones, las posiciones satelitales reservadas a Arsat, las antenas e instalaciones terrestres y satelitales de la Televisión Digital Abierta –todos recursos generados por las normas mutiladas por los DNU repudiados–, la CCD los reclama como “recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado nacional”.

- Pide que el Estado garantice el 33 por ciento de las frecuencias de radio, televisión y servicios conexos para el sector comunitario y al público generados por la Ley 26.522. también lo responsabiliza de la creación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad de tales medios y de los que integran la industria gráfica de revistas culturales.

- Entiende que son “servicios de interés público” los servicios de comunicación audiovisual así como a los esenciales de Tecnologías de la Información y la Comunicación. De la misma forma califica al acceso a estos medios, cuya universalidad y no discriminación es obligación del Estado.

- Pide que se garantice “el derecho de acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante tales como acontecimientos deportivos, culturales u otro género o especialidad”. El tratamiento que mereció el programa Fútbol para Todos de parte de la gestión de Cambiemos motivó la mención en la plataforma.

- La plataforma dedica un apartado a plantear la “obligación” del Estado en “poner en marcha las regulaciones necesarias para una distribución justa de la publicidad, para que contribuya a la existencia y desarrollo pleno de la pluralidad de medios en todos los formatos”. Le pide el establecimiento de “cuotas de distribución con carácter federal y hacia los medios comunitarios, de cooperativas, pymes, etc” y mecanismos que “impidan la distribución arbitraria y discriminatoria (de pauta) como mecanismo de censura indirecta”.

- Aboga por la condición de derecho humano del acceso a Internet “en tanto se trata de una herramienta para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva” y el rol del Estado como garante de ese derecho. En otro apartado, califica de igual manera al acceso a la información pública.

- El documento pide que el Estado garantice “que se respete y proteja el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales” y que tanto el tratamiento de los datos como el tráfico de contenidos personales y privados en Internet “no sea objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autoría, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”.

- Incluye una mención a los puestos de trabajo en el sector de la comunicación. “La adopción de normas que estimulen el pluralismo, la diversidad, la no concentración y la producción de contenidos locales, propios y nacionales, constituyen una vía directa para el desarrollo de una industria tecnológica nacional y la promoción del empleo en todas las áreas de creación, producción, emisión, distribución y acceso a contenidos audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación”. Exige, en ese tren, que se asegure “una relación laboral en forma libre, registrada, igualitaria, segura y humanamente digna”.

- Por último, la CCD insta al Estado a que adopte “las medidas necesarias para la regularización de todos los servicios de comunicación audiovisual o de Tecnologías de la Información y la Comunicación que tengan trámites pendientes de resolución por cuestiones no imputables a quien lo solicita en los organismos competentes”. La mayoría de las radios comunitarias que funcionan en territorios “de conflicto”, es decir, sobrepoblados de frecuencias, no obtuvieron licencias durante la vigencia de la LSCA, aunque la mayoría inició el trámite para lograrlo. El punto se refiere, además, a “la resolución de concursos, asignación de frecuencias o habilitaciones o títulos necesarios para el pleno ejercicio de los derechos adquiridos en el marco legal vigente al momento de la solicitud o el que resulte más beneficioso para quien lo solicita, y cuya realización se haya demorado por cuestiones técnicas, administrativas o de cualquier naturaleza”.