Mientras se llevaba a cabo la maratónica sesión en Diputados para tratar el proyecto de ley que habilita el pago a los fondos buitre, referentes del Frente Renovador y del bloque Justicialista negociaban con integrantes del Ejecutivo nacional detalles de la redacción y nuevos cambios en la iniciativa. Los dos espacios políticos cercanos al oficialismo buscaron despegarse del berenjenal legal que deja abierto el proyecto del gobierno y reclamaron al menos una redacción más prolija. El punto más complejo de la negociación se encontraba en una reforma que el massimo buscaba implementar y que tiene que ver con una suerte de cláusula colectiva para evitar embargos y nuevos juicios. El cambio determinaría que el juez Griesa y la Cámara de Apelaciones neoyorquina deberían asegurar que no habría nuevos embargos ni demandas mientras se lleva a cabo el proceso de pago a los fondos carroñeros. Sin embargo, esa idea implica tener algún tipo de injerencia en la Justicia estadounidense y condicionar su accionar por pedido del Congreso argentino. Hasta el momento, la relación de fuerzas fue la contraria. También se incorporó una cláusula para que los que ingresen a la propuesta desistan de nuevas demandas, algo que estaba incorporado en los canjes de 2005 y 2010 pero no en el proyecto elaborado por el gobierno de Mauricio Macri.

En el despacho de la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, en el tercer piso de la Cámara baja, estuvieron reunidos el líder de ese espacio, Sergio Massa, el diputado del mismo frente, Marco Lavagna, y su asesor económico Guillermo Nielsen. También hubo encuentros con Diego Bossio, diputado por el bloque Justicialista. Por el lado del oficialismo participaron el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el coordinador del Gabinete Económico, Mario Quintana; el secretario de Finanzas, Luis Caputo; al abogado asesor Eugenio Bruno; y los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, y de Finanzas, Eduardo Amadeo. Fue una cumbre política en la que se buscó darle forma a un proyecto que a todas luces tiene debilidades técnicas y legales que podrían complicar la situación del país.

Las reuniones se fueron sucediendo por etapas y, en su mayoría, fueron para dejar clara la redacción final del proyecto. El primer punto que se consensuó en paralelo a la discusión de la Cámara baja fue asegurar que los holdouts que ingresen a la propuesta del gobierno, que implica pagar hasta 400 dólares por lámina de 100, desistan de litigar contra el país. La cláusula, que sería redactada como artículo 7, está pensada principalmente para Paul Singer, titular de NML Capital, el fondo buitre más duro en el litigio contra el país. Desde el massismo reconocían que eso no impediría que Singer utilice algún otro fondo mandatario para litigar contra el país. Si bien parece una obviedad y esta condición ya se encontraba en las ofertas de reestructuración de deuda soberana que tuvieron lugar en 2005 y 2010, no estaban claramente definidas en el proyecto oficialista.

El otro punto incorpora una cláusula que condicione la oferta a los fondos carroñeros, sus pagos y el endeudamiento necesario para obtener el dinero para ese compromiso a que quede firme el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa luego de la decisión de la Cámara de Apelaciones de ese distrito de dejar en suspenso el embargo. El objetivo es reducir el riesgo de litigio por parte de otros holdouts e incluso de los bonistas que aceptaron el canje. En este sentido, también se dejó explícita la necesidad de incluir cláusulas de acción colectiva sobre los nuevos bonos a emitir para pagarle a los fondos buitre. Las cláusulas de acción colectiva suponen que alcanzado cierto nivel de aceptación a una oferta, se lo tomaría como una operación cerrada. También incorporó este espacio, a cuenta de su voto positivo a la propuesta del oficialismo, la determinación de un tope al endeudamiento que se tome para pagarle a los buitres. En este punto coincidió con el bloque Justicialista, que también impulsó la necesidad de un tope a la deuda. La limitación sería de 12 mil millones de dólares.

Las modificaciones menores que aceptó tratar el oficialismo que ya estaban incluidas fueron del Frente Renovador y el bloque justicialista. El primero incluye la necesidad de conformar y poner en funcionamiento por tiempo indeterminado la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Se solicitó además que los cargos sobre la oferta base que se otorgan a los fondos más duros no se replique en futuras ofertas. Esto se refiere a que el representante de bonistas italianos, Nicola Stock, recibirá un premio adicional por su adhesión. También se solicitará al Ejecutivo que rinda información de manera trimestral al Congreso sobre los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital cancelado o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución. El oficialismo ofrecía hacerlo semestralmente y el massismo solicitaba que fuera mensual, y se llegó a un punto intermedio.

El otro punto, y en esto coincidieron con el espacio Justicialista, le pone un techo a la emisión de deuda con destino al pago en efectivo a los buitres. Ese techo debería responder al costo del arreglo propuesto por el oficialismo para los buitres, que se calcula en el orden de los 12.000 millones de dólares. En caso de que el monto de emisión supere el pago requerido bajo la presente ley a los holdouts, el excedente será imputado a la autorización existente de deuda pública prevista en el Presupuesto. El último punto insiste en que las comisiones a los bancos por la colocación de la deuda en el marco de esta ley no podrán superar el 0,20 por ciento.