El juez federal Sebastián Casanello avanzó en las primeras medidas de prueba en la causa que se inició contra el presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales. La denuncia fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, quien hizo la presentación tras comprobar que se cerraban las vías de investigación en el Ejecutivo y el Legislativo. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Además, solicitó que se analice la actividad de esas compañías para ver si Macri u otros socios habrían cometido otros crímenes. En tanto, el abogado Eduardo Barcesat presentó una segunda denuncia ante los fiscales que investigan lavado de dinero, que será remitida a Casanello.

Desde el Gobierno, salieron al contraataque: “No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente, que dijo que estaba a disposición de los jueces. Indicó también que se iba a presentar ante la Justicia civil y que creará un fideicomiso ciego con sus bienes (ver página 4).

Los papeles

El escándalo de las empresas offshore se inició con la filtración internacional conocida como “Panamá Papers”, que fue organizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Se trata de 11,5 millones de documentos internos de un estudio de abogado de Panamá, Mossack Fonseca, que se especializa en constituir sociedades en paraísos fiscales para eludir los controles sobre el patrimonio.

Entre esos documentos, uno reveló la existencia de una empresa radicada en las Islas Bahamas llamada Fleg Trading, de la que participaba Macri como vicepresidente, mientras que su padre era el presidente. La empresa fue creada en 1998 a través del estudio de abogados en Panamá y de otro estudio de contadores en Uruguay.

Tanto Macri como su padre sostuvieron que era para hacer inversiones en Brasil, aunque nunca detallaron el motivo de la triangulación desde Argentina a Uruguay-Panamá-Bahamas. El presidente aseguró que su padre la había declarado ante la AFIP, pero las declaraciones juradas que el oficialismo filtró a la prensa no acreditan esto. Tampoco mostraron pruebas de que la empresa se haya cerrado en enero de 2009, como afirmó el presidente, ni detallaron quiénes son los accionistas de esa compañía.

Se limitaron a decir que Macri no es accionista, ni recibió ninguna suma de dinero como vicepresidente y que por eso no tenía por qué incluirla en sus declaraciones juradas. Y enviaron los papeles a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que preside Laura Alonso, para que ratifique esto mismo. Alonso ya dijo que considera que Macri no cometió ningún delito.

Una segunda empresa, radicada en Panamá, lo tiene a Macri como vicepresidente. Se llama Kagemusha y fue creada en 1981 en ese paraíso fiscal. Su objeto social le permite hacer casi cualquier actividad. El Gobierno no dio, hasta ahora, ninguna explicación sobre esta segunda empresa, que tampoco figura en las declaraciones juradas del presidente.

A la defensiva

A raíz de la imputación, el Gobierno salió ayer a responder con todo lo que tenía en una exposición de Macri en Casa Rosada, en la que no se aceptaron preguntas de los periodistas. “Sé que hay una gente preocupada por esta denuncia de los Panamá Papers. Estoy muy tranquilo. No soy accionista, como director no recibí ningún tipo de retribución. Hice las declaraciones juradas en forma correcta. Llevé estos papeles a la Oficina Anticorrupción. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”, reiteró Macri ayer. Página/12 solicitó la documentación en reiteradas oportunidades y recibió una negativa por parte del Gobierno, que ayer presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información.

“Me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir una declaración de certeza. No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada. Estoy a disposición de cualquier otro juez”, indicó el presidente, como quien no quiere la cosa. Señaló que va a incluir sus bienes en un fideicomiso ciego mientras esté frente a la función pública.

Imputado e investigado

El diputado Martínez presentó una denuncia penal contra Macri por presunto lavado de dinero y evasión impositiva ante la falta de explicaciones convincentes del Ejecutivo y la ausencia de documentos que prueben sus dichos. Martínez señaló que el envío de los documentos a Alonso, quien ya adelantó su opinión, no es confiable y recordó que el Congreso intentó avanzar en citar al presidente, pero el oficialismo bloqueó esa posibilidad. En su denuncia, advirtió que ese tipo de empresas “se forman con el único propósito de lavar dinero”.

La denuncia se sorteó y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Federico Delgado. El juez le corrió vista al fiscal y este último preparó el requerimiento de instrucción en menos de 24 horas. Delgado advierte que “no se le escapa la relevancia institucional de quien devino imputado”. “No obstante, la actividad judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, escribió Delgado, quien recordó que la figura penal se incorporó como parte de los compromisos internacionales de la Argentina para luchar contra la corrupción.

Como segundo paso, el fiscal advirtió que debe establecerse “si la ‘vida social’ de las empresas infligió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones políticas sobre ello. Pero aún así el trabajo de la Justicia es determinarlo”. Delgado solicitó, en este sentido, que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Delgado sugirió una batería de medidas de prueba, que deberán ser aprobadas por el juez Casanello: solicitar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) un “amplio informe” sobre las dos empresas, Fleg Trading y Kagemusha; pedir a la AFIP las declaraciones juradas de Macri y solicitarle a su titular, Alberto Abad, un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore. También aconsejó pedir opinión a la Oficina Anticorrupción y las Facultades de Derecho de la UBA y la Universidad Di Tella sobre si Macri debía incluir esa empresa “a la luz de la Ley de Ética Pública”.

Casanello tampoco perdió el tiempo: ya tomó las primera medidas de prueba. Convocó al diputado Martínez para que ratifique su denuncia, citó al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon –uno de los que tuvo acceso a los documentos de Panamá, junto con Mariel Fitz Patrick, de Canal 13–, y Silvia Martínez, una asesora de Margarita Stolbizer especializada en la Inspección General de Justicia (IGJ). También requirió información a la secretaría de Lucha contra la Corrupción.

Fuga de capitales

El abogado Eduardo Barcesat, junto a Arístides Corti y Jorge Cholvis del Instituto Enrique Sampay, presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que conduce Carlos Gonella. La Procelac se lo remitirá a Casanello.

El escrito apunta contra Macri y otros funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos que “podrían configurar evasión fiscal o lavado de dinero proveniente de actos ilícitos”, dado que se trata de empresas offshore cuyos fondos provendrían de actividades en la Argentina “pero cuyas ganancias han sido desviadas a paraísos fiscales en presumible carácter de fuga de capitales”. Barcesat citó cifras de GAFI que indican que la cantidad de dinero sustraído a la economía argentina “podrían superar los 400 mil millones de dólares” y se refirió a la denuncia del ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu sobre los mecanismos de evasión de grupos económicos a través de cuentas offshore de la filial suiza del HSBC. También indicó que los fondos buitre suelen utilizar sociedades en paraísos fiscales.

“La subsistencia de las sociedades offshore integrada por funcionarios argentinos en estos paraísos fiscales acredita que estamos en presencia de un delito continuado”, advirtió Barcesat quien, entre otras medidas, pidió que se cite a Arbizu, al ex titular de la IGJ Ricardo Nissen, al representante de Tax And Justice Network Jorge Gaggero y al ex titular de la UIF José Sbatella. También solicitó que se pidan a la AFIP, la OA, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación toda investigación que hayan hecho sobre las empresas offshore.

Por último, Barcesat incluyó en su denuncia un correo electrónico de la titular de una ONG “Alerta Vida”, Rachel Holway, en el que detalla una causa al Grupo Socma que terminó en la Corte Suprema menemista con la absolución de Macri. A raíz de ese correo, Barcesat sugirió que se cite a Isabel Menditeguy, una de las ex esposas de Macri.