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Mientras la poderosa corporación mediática local aceptaba las excusas inverosímiles del presidente, en el mundo la figura de Mauricio Macri caía en picada. El que está peor es Macri dijo el estadounidense The New York Times. Y el Süddeutsche Zëitung, que fue el que logró la primicia y entregó la documentación al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se asombró por la “suavidad” con que lo habían tratado en Argentina los periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación que recibieron los papeles.

No es para menos, Macri es uno de los cinco mandatarios en funciones en todo el planeta que aparece al frente de sociedades que en general son usadas para lavar dinero o evadir impuestos. Y sus excusas son tan bizarras que, más que exculparlo, agrandan el mar de sospechas. Dijo que era un “director ocasional” de la primera sociedad que apareció, que esa sociedad nunca había operado y que, en todo caso, era de su padre y que quedó inscripta pero en desuso. Dijo que la habían abierto para realizar operaciones en Brasil que nunca se realizaron. Era una sociedad inscripta en Panamá, con sede en las Bahamas, para operar en Brasil. Oscuro. Y después apareció otra sociedad offshore en la que también figuraba en el directorio “ocasional”. Oscurísimo. Cualquier especialista sabe que ninguna sociedad offshore queda abierta por olvido o desidia. Recontra oscuro.

El ex fiscal Alberto Nisman tenía una cuenta en Estados Unidos con cientos de miles de dólares no declarados ni explicables, a nombre de su madre, pero él figuraba como apoderado. A pesar de que legalmente no sea el dueño, el único que puede mover dinero de esa cuenta es el apoderado. Lo mismo sucede con los directores de las sociedades offshore. Pueden ser o no accionistas y por lo general lo son, pero son los que pueden mover el dinero, por eso los directores son los que cortan el bacalao y no son “ocasionales” o decorativos como se excusó Macri.

Estas sociedades offshore no contrastan con el medioambiente del nuevo oficialismo. Forman parte del organigrama ceocrático de Macri, un empresario que creció como contratista del Estado y que ahora tiene a su primo y ex socio Angelo Calcaterra, y a su principal amigo y ex socio, Nicolás Caputo, como los principales contratistas de su gobierno. Cada vez que se lo recuerdan, alega que todas las obras fueron ganadas en licitaciones, y en eso no hay ninguna diferencia con las de Lázaro Báez. En 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su padre Franco le vendió las empresas a su sobrino Angelo, que hasta ese momento, como gerente general de Sideco, era el segundo de la corporación familiar. O sea, fue una venta pero todo quedó en familia. Durante el tiempo que Macri fue jefe de gobierno, su ex socio Nicolás Caputo ha llegado a controlar el 30 por ciento de las principales obras que se construyen en la ciudad y ha conseguido permisos imposibles en zonas restringidas y altamente rentables como Puerto Madero, donde encabeza los emprendimientos más importantes así como ha usado tierras fiscales en Caballito sin que el Gobierno de la Ciudad moviera un dedo. Iecsa y Creaurban, que son del primo de Macri, Angelo Calcaterra, junto con la constructora de Caputo compiten con Techint entre las principales empresas contratistas del Estado, mucho más grandes que la constructora de Lázaro Báez que, en comparación con ellos, es una Pyme. Y además le corren las generales de la ley. Las mismas acusaciones que se le hacen a Báez en cuanto a obras que ya fueron pagadas y no están terminadas corren para los laderos contratistas del gobierno de Macri. Por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra millonaria que se adjudicó Calcaterra y la dejó a mitad de camino. Pero como se trata de las viejas empresas familiares, Macri ya se apresuró a prometer su continuidad a pesar de las dificultades por el desfinanciamiento en que metió a su gobierno.

No hay que darle muchas vueltas: las sociedades offshore son para negocios turbios. Y no es ético que un presidente tenga como principales contratistas de su gobierno a su íntimo amigo y a su primo, que quedó al frente de lo que eran las empresas de su padre Franco. Y menos cuando las empresas de ese presidente, que ahora maneja su primo, crecieron como contratistas del Estado con todos los gobiernos desde los años 70 y fueron favorecidos por ellos. Y lo paradójico es que el centro de la campaña mediática para proteger a Macri del escándalo por los Panama Papers es acusar al kirchnerismo de favorecer a otro contratista, Lázaro Báez, que no es primo ni íntimo amigo de los Kirchner. Y lo más paradójico de todo es que los mismos periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación, que se saltearon todas las preguntas sobre Macri, son los que denunciaron a Báez. Más aún. Cuando tras la orientación del fondo buitre de Paul Singer sobre la existencia de dos supuestas cuentas lavadoras a nombre de Máximo Kirchner en Nevada, los del Grupo Clarín hablaron con la sucursal de Mossack Fonseca. La empresa les respondió que no tenía esa información y se demostró que las cuentas nunca habían existido, que solamente se trataba de la campaña de desprestigio contra el gobierno argentino por parte del fondo buitre que contó con el seguidismo de la corporación mediática y sus periodistas emblemáticos. Jugaron para los fondos buitre contra el país, con información falsa.

Y ahora se sabe que Mossak Fonseca no sólo no abrió ninguna cuenta o sociedad offshore para nadie de la familia Kirchner, sino que sí lo hizo para, además del presidente Macri, por lo menos otro importante funcionario del PRO, nada menos que el encargado de la economía de la ciudad de Buenos Aires mientras Macri era Jefe de Gobierno: Néstor Grindetti (actual intendente de Lanús).

Los periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación hablaron con Macri un mes antes de publicar la información y aceptaron en forma acrítica sus excusas elementales. La estrategia del macrismo era tapar el escándalo de Macri con una ofensiva mediática y judicial con acusaciones de corrupción a ex funcionarios del kirchnerismo y la agudización de la causa contra Lázaro Báez. No se ahorraron presiones. La ministra de seguridad, Patricia Bulrrich, llamó al juez Sebastián Casanello para advertirle que el empresario estaba a punto de escaparse en su avión particular. Pero el avión no se estaba escapando, por el contrario, llevaba a Báez a Buenos Aires, donde tenía que declarar ante el juez al día siguiente. Igual fue preso en el aeropuerto de San Fernando en medio de un gran despliegue mediático cuyo fin era distraer la atención del escándalo de las offshore de Macri. Si no hubiera sido por la fuerte repercusión internacional que golpeó de lleno, como nunca antes, la imagen del presidente argentino, la corporación mediática hubiera aceptado las burdas excusas presidenciales y hubiera tapado los hechos bajo una catarata de denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, como hizo Clarín durante toda esta semana.

La maniobra de ocultamiento fue acompañada por varios jueces, por políticos supuestamente opositores como Margarita Stolbizer –que aspira a un puesto en la Corte– y oficialistas “críticos” como Elisa Carrió, y por un discurso insólito del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, contra la corrupción, en el que no dijo ni una palabra sobre las cuentas offshore presidenciales.

El contexto es la citación a Cristina Kirchner a declarar el miércoles ante el juez Claudio Bonadio, un juez protegido por el macrismo a pesar de ser el que más pedidos de juicio político tiene ante la Magistratura. El macrismo sostiene a uno de los jueces más desprestigiados porque es el único kamikaze dispuesto a citar sin estructura probatoria a una ex presidenta, lo que constituye una operación política y no judicial. En contrapartida, la citación aparece como una devolución de favores por la protección de la mayoría macrista, incluyendo a los radicales, en la Magistratura.

Macri tiene controlada la información a través del sistema de medios en Argentina, pero la fuga que se produjo en el estudio Mossack Fonseca, fuera del país, fue como si saliera un cocodrilo de la galera para arruinarle la fiesta y poner en evidencia la trama hipócrita de los que denuncian al kirchnerismo para tratar de encubrir al macrismo. Es el mismo mecanismo de “la pesada herencia”: tapar con el otro los pecados propios. La denuncia contra la corrupción no puede ser de un solo lado. Macri fue imputado por contrabando en los 90, por espionaje hace pocas semanas y ahora aparecen estas sociedades offshore. En cualquiera de esas tres situaciones hubo y hay muchas más pruebas concretas contra Macri que cualquiera de las sospechas que le atribuyen a Cristina Kirchner. Pero ahora más que nunca, después del escándalo de las offshore, el macrismo necesita un circo público de humillación a la ex presidenta, aunque corra el riesgo de victimizarla y terminar de descorrer el velo de hipocresía que cubre el uso político del discurso anticorrupción, el denuncismo y la judicialización de la política. Las presiones para aplicar el neoliberalismo desnaturalizaron y destruyeron a las Fuerzas Armadas en los 70, después de usarlas; en los 90 hicieron lo mismo con los viejos partidos tradicionales, después de usarlos, y ahora terminarán por pulverizar la credibilidad del sistema de medios y la Justicia. La corporación de medios y parte de la judicial son las herramientas actuales de estas políticas, como antes lo fueron los militares y los viejos partidos y terminarán igual que ellos. Los principales perjudicados serán, igual que en todos esos procesos anteriores, la democracia y los que menos tienen.