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En febrero del 2001, cuando apelaron la falta de mérito dictada por el ex juez Carlos Liporaci, en el caso de los sobornos en el Senado, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado afirmaban que “el hecho había existido”. Incluso señalaban que el dinero podría haber sido pagado por la SIDE con dos cheques por 6,5 millones de pesos, cobrados por dos empleados del organismo en la sede del Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo, los días 11 y 14 de abril. Es decir cuatro días antes del indicado por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto como la fecha en la que habría retirado cinco millones de la bóveda de la SIDE. Cuando en marzo de 2001, el ex titular de los espías Carlos Becerra le respondió por esos fondos a Gabriel Cavallo, juez que en ese momento estaba al frente del expediente, declaró que unos 905 mil pesos se utilizaron para realizar un pago a la empresa Siemens y más de 5,3 millones se usaron para cancelar una factura con Telecom. Un importante ex funcionario del organismo de inteligencia señaló a este diario que “los pagos declarados por Becerra en marzo del 2001, en verdad se hicieron mucho tiempo después de esa nota judicial”. Concretamente afirma que “tres pagos realizados a Siemens se hicieron después de marzo y otros cinco se concretaron en septiembre de ese año”.
El dato no es menor, ya que de acuerdo a la interpretación de algunos funcionarios judiciales consultados por este diario, que conocen el expediente, la trama que rodeó al escándalo de los sobornos tiene tres momentos. El primero sería la preparación del hecho, aquí incluyen las negociaciones entre los funcionarios del gobierno aliancista y los legisladores del PJ, otro de ejecución de la maniobra, en el que ubican las declaraciones y los detalles suministrados por Pontaquarto, y el tercero es el del encubrimiento. Una larga lista de declaraciones cruzadas, medidas judiciales sin realizar y ascensos marcan ese último período. Momento que no tiene fecha cronológica de finalización.
“No puedo contestarle con ese nivel de precisión. Recuerdo globalmente el tema”, responde Becerra cuando Página/12 le pregunta por esa diferencia entre su respuesta a Cavallo y las afirmaciones del ex funcionario de inteligencia consultado por este diario. “No puedo contestar otra cosa que lo que está en el expediente. No se olvide que el juez Cavallo y la Oficina Anticorrupción tuvieron acceso a toda la documentación reservada de la SIDE”, dice el dirigente del radicalismo cordobés.
Curiosamente, a pesar de contar con un cuerpo profesionalizado de peritos dentro del Poder Judicial, Cavallo reclamó, para auditar las cuentas de la SIDE, la participación del contador de la OA, organismo dependiente en ese momento del ex ministro de Justicia Jorge de la Rúa. Contador al que luego le impuso la orden de guardar secreto.
“Esa pericia contable se limita a decir que los ingresos coincidían con los egresos. En ningún momento el contador pudo conocer los destinos y los comprobantes que acreditaran para qué fue utilizado ese dinero”, confía a este diario un funcionario allegado a la actual administración de la Oficina Anticorrupción relativizando la importancia que Becerra le asigna a este informe.
La verificación del destino dado a esos cheques la había realizado inicialmente Liporaci. En ese momento el entonces ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, había sostenido que “el camino de la SIDE está cerrado”. En clara referencia a que no había nuevas pistas que buscar en esa repartición.
Los fiscales insistieron con el pedido de auditoría y así fue que Cavallo volvió a preguntar a la SIDE por el tema. El magistrado que a esa altura tenía un ojo puesto en la investigación y otro en el concurso que lo terminaría ubicando como camarista federal porteño, a pesar de que en un principio había ocupado la cuarta posición entre los participantes,también giró un requerimiento a la empresa Siemens. Allí preguntaba por la existencia de una relación contractual entre la empresa alemana y la SIDE.
Relación que Siemens admitió por cierto. Desde el año ‘98 la empresa era la responsable de la “actualización tecnológica” del organismo. Había accedido a ella a través de un comodato de 36 meses firmado por el menemista Hugo Anzorreguy. La repartición estatal podía realizar una revisión anual. Eso sí, si finalizados esos 36 meses, quería adquirir los equipos, antes debía suscribir con Siemens un nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones por el mismo período que el anterior. Es decir tres años. El primer contrato tenía una cuota mensual de 113 mil pesos. Comenzó en febrero del ‘98 y finalizó en enero del 2001. Cuando Becerra respondió a la Justicia, la SIDE adeudaba 8 mensualidades. En septiembre Becerra le pagó a Siemens el importe de cinco facturas por más de 560 mil pesos y también unos 203 mil pesos correspondientes al contrato de mantenimiento. Contrato que finaliza en enero del 2004. Es decir que por estos días la SIDE puede realizar la compra definitiva de esos equipos telefónicos y centrales que viene utilizando desde el ‘98.
Con respecto al pago a Telecom, el ex funcionario consultado por este diario pregunta en voz alta: “¿Por qué cuando Becerra se fue del organismo le adjudicó a Telecom el gerenciamiento de todos los sistemas de comunicación de la SIDE, contra todas las opiniones de las áreas involucradas?”. En diálogo con este diario Becerra le quitó dramatismo al tema. “Telecom tenía un viejo convenio y lo que se firmó fue la normalización del pago de la deuda y una renovación de servicios.” En la comunicación telefónica con Página/12, Becerra sostiene “que si hay un hecho nuevo me parece fantástico que se investigue. Pero los periodistas, incluido usted, nunca destacan todo lo que se investigó y figura en el expediente”.
Los seis millones supuestamente pagados por la SIDE a estas dos empresas coinciden con la cifra que se habría utilizado en los sobornos a los senadores. Esclarecer estas contradicciones permitiría no sólo ratificar de dónde salieron los fondos, sino también conocer el comportamiento posterior a los hechos de todos los funcionarios actuantes en el caso.