El oficialismo analiza la posibilidad de hacer cambios menores al proyecto de ley ómnibus de blaqueo de capitales y pago a jubilados. El macrismo está dispuesto a acordar una limitación a la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), fijando un tope a las tenencias en cartera del organismo. La venta de activos del FGS fue rechazada por los bloques del Frente para la Victoria, Justicialista y el Frente Renovador. También se eliminarán las penas para quienes publiquen datos de empresas o particulares que blanqueen fondos (ver aparte). Sobre el tema blanqueo, además se eliminará el acceso a funcionarios o terceros. Otros temas que recibieron críticas responden al cambio de índices para actualizar los haberes y la quita implícita en esa modificación para los jubilados, así como la disminución al 80 por ciento del haber mínimo para la pensión a la vejez. Sobre este punto, el Gobierno no estaría dispuesto a ceder. Sólo acepta concesiones puntuales que le permitirían contar mañana con dictamen de mayoría del plenario de comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para que la ley ómnibus pueda tratarse el miércoles próximo en la Cámara baja.

Desde el oficialismo se muestran confiados en que el proyecto contará con el apoyo necesario para conseguir dictamen. La jugada de poner detrás del cumplimiento de sentencias y actualización de haberes para jubilados un paquete de leyes con serios problemas de implementación parece haber tenido el efecto buscado. Desde el FpV apuntan que el objetivo del gobierno de Mauricio Macri es conseguir el blanqueo, que catalogan de una autoamnistía para amigos.

Cambiemos

El proyecto establece una serie de condiciones en materia previsional que implican un deterioro a los derechos adquiridos por los jubilados con sus respectivas sentencias. A los que tienen sentencia firme se les ofrece un acuerdo menos conveniente que el obtenido en el fallo por el cambio en el índice de actualización, del Isbic (de Comercio y Construcción) al Ripte. Esto implicaría que la mayoría elija continuar por la vía legal. La pensión por vejez pagará el 80 por ciento de la jubilación mínima, lo que implica una pérdida de ingresos para los adultos mayores en comparación con las moratorias vigentes, a lo que se suma que las mujeres deberán esperar cinco años más para acceder al beneficio hasta los 65 años al igual que los hombres.

Pese a estos problemas, el oficialismo no está dispuesto a hacer cambios de fondo y sólo se muestra abierto a discutir una limitación a la venta de acciones del FGS de la Anses. Este punto es muy resistido por la oposición, ya que estos activos no son sólo estratégicos para el Estado sino que son parte de la cobertura del sistema previsional. El oficialismo adelantó que está dispuesto a tratar el punto, aunque mantendrá abierta la posibilidad de rematar las acciones bajo ciertas circunstancias. El diputado y titular de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, adelantó que podría establecerse que ante situaciones de crisis estructural de una empresa se pueda permitir el desprendimiento de esas acciones.

Desde el Frente Renovador se mostraron conformes con la posibilidad de flexibilizar la venta bajo ciertos parámetros, pero piden garantías para que no se malvendan. Lo mismo sucede con el Bloque Justicialista, que pretende que esas condiciones sean claras. Desde el FpV adelantaron que ese punto no es negociable y debería eliminarse. “Es una privatización encubierta”, señaló a este diario un diputado de ese espacio, que estudia si rechaza el paquete de leyes o si ofrece un dictamen de minoría con los cambios que considere necesarios. También rechazan el blanqueo y que se permita rehacer las declaraciones juradas con el perdón fiscal. El oficialismo promete exceptuar del blanqueo a funcionarios y terceros de los tres poderes.

Sobreestimado

En paralelo a esas negociaciones, se llevó a cabo ayer la segunda jornada de debate del plenario de comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, con la presencia de especialistas en derecho tributario y de representantes de asociaciones de jubilados. Los alcances del blanqueo de capitales, la cantidad de beneficiarios de la actualización de los haberes jubilatorios y del mínimo, el pago de las sentencias previsionales y el resguardo de los ahorros en el FGS fueron los ejes de la discusión. Los especialistas en materia previsional consideraron que el cálculo del oficialismo respecto a la cantidad de beneficiarios está sobreestimado –de 2,5 millones de mayores–, luego de lo cual se acordó que la Anses enviará a los diputados un detalle de esa estimación para conocer los parámetros utilizados.

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, consideró que debería haber una revisión sobre el índice de actualización que se aplicará, y advirtió que la falta de certeza sobre el tiempo que llevará al jubilado cobrar el retroactivo luego de desistir de la acción legal puede desalentar el ingreso a la transacción. En ese punto coincidió con el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (Ciess), Miguel Pastor, quien consideró que es ridículo que se plantee una emergencia previsional y que el proceso para cumplir con las sentencias y la actualización de los haberes tarde hasta siete años en ejecutarse.

Pastor también alertó sobre las disminuciones que surgen en las prestaciones debido al cambio de índice de actualización y que no se puede quitarle una porción de lo que le corresponde a un jubilado por la sentencia en firme que ya tiene. “Es peor el remedio que la enfermedad. Un abogado nunca puede recomendar acogerse a esta propuesta”, sostuvo el director del Ciess.

Los diputados Axel Kicillof (por el FpV) y Diego Bossio (del Bloque Justicialista) exigieron que se aclare cuál es el verdadero alcance del beneficio para los jubilados. El oficialismo sostiene que incluye a 2,5 millones de abuelos y abuelas, pero los cálculos de los expertos que expusieron ayer no es mayor a 1,5 millones. Eduardo Santin, ex diputado especialista en temas previsionales, sostuvo que sólo beneficia al 15 por ciento de los jubilados. “Hablar de reparación histórica es un poco ampuloso, lo que pasa es que les da vergüenza decir que trabajan para grupos chiquitos de jubilados”, concluyó. El titular de la Comisión de Previsión Social, el massista Héctor Daer, informó que hoy se girará a los distintos bloques el cálculo realizado por la Anses para determinar la cantidad de potenciales beneficiarios con el proyecto.