No termina bien la semana para Fernando de Santibañes. El agravante es que termine peor. Cuando enfrente al juez Rodolfo Canicoba Corral y a los fiscales que llevan adelante la investigación por los sobornos a los senadores en el 2000, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado no sólo tendrá que vérselas con el fantasma del arrepentido Mario Pontaquarto, sino también con los traspiés que tuvieron su secretaria Gladys Mota y su chofer Alberto Ruidía. Al adelantar que el ex banquero haría un informe detallado de operaciones especiales, “en las que incluía pagos y movimientos de fondos a otros países”, su defensa puso en evidencia la desesperación que lo domina. En ámbitos judiciales y políticos no dudaron en afirmar que De Santibañes estaba mandando un mensaje. Como un golpe al vacío, el ex banquero hizo público el mensaje luego de que fracasara su intento de conseguir los buenos oficios del menemista Hugo Anzorreguy (ver aparte).
Quienes conocen la causa sostienen que a lo largo del tiempo las explicaciones que fue dando De Santibañes primero, Carlos Becerra –su sucesor– después y los distintos funcionarios menores de la SIDE abre un abanico de nuevas imputaciones. Antes de esbozar sus argumentos, el amigo de Fernando de la Rúa tendrá que escuchar la lectura de todos los hechos en los que se lo involucra. Algunos se desprenden de las declaraciones de Pontaquarto y otros surgen de algunas pruebas acumuladas en la primera etapa de la instrucción. No figurarán los cargos. Incluso sus respuestas, si es que accede a declarar, pueden generar nuevas acusaciones.
La figura central que se intentará dilucidar es la de cohecho. Aquí los funcionarios judiciales confrontarán su posición con los del arrepentido ex secretario parlamentario del Senado. Luego, siguiendo los dichos de la confesión, buscarán saber qué participación tuvo el jefe de los espías en la promesa de entregar una recompensa en dinero a cambio de la sanción de la Reforma Laboral.
Intentando explicar los dichos de la defensa del ex banquero, en círculos cercanos a la causa ayer especulaban con que De Santibañes intentaría explicar el uso de los 6,5 millones retirados del Banco Nación el 11 y 14 de abril de 2000. La apelación a operaciones con servicios de inteligencia de otros países, decían, pretendería incluir el testimonio de dos agentes que podrían defenderlo. Uno de ellos el carapintada ex mayor del Ejército, Alejandro Brousson. El otro es Patricio Finnen, integrante de Sala Patria, uno de los grupos que Anzorreguy destinó a la investigación del atentado a la AMIA. Más allá de las buenas intenciones que podrían llegar a mostrar estos dos espías, en la causa, de acuerdo a lo que confía a este diario un funcionario judicial “la cuestión a probar es el cohecho. El resto son cuestiones conexas que van a dar lugar a otras figuras. Con la cantidad de elementos que hay en el expediente es muy difícil que dos testigos puedan dar vuelta las sospechas que hay sobre De Santibañes”.
Si el ex banquero elige, tal como insinuó su defensa, refugiarse en que esos 6,5 millones fueron utilizados en operaciones especiales con servicios extranjeros, corre el riesgo de ser desmentido. Además podría ponerse al borde de algunas figuras delictivas ya que si bien fue relevado de la obligación de guardar el secreto, esto solo alcanza a las cuestiones vinculadas a la investigación judicial. También podría enfrentar algunas repreguntas que lo incomodaran. Tales como aquellas que intentaran demostrar cómo es que él sabe de esas operaciones. Si guarda elementos de prueba, éstos serían documentos secretos, tenencia castigada por la ley. Además que, de avanzar en esa línea de argumentos, De Santibañes podría poner en riesgo las relaciones amistosas con otros países. Figura no muy usada, aunque por ella, en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, fue acusado el ex canciller menemista Guido Di Tella. “Supongo que hará la gran Cantarero”, aventuró en diálogo con este diario un conocido abogado. “La gran Cantarero” no es otra cosa que presentarse en los tribunales y entregar algún escrito en el que se avance con algunas descalificaciones a los acusadores. En el caso de Cantarero, la descalificación fue a Pontaquarto (ver página 2). De Santibañes podría sostener que todo se trata de un complot impulsado por los ex agentes del organismo estatal resentidos con las expulsiones que él impulsó en febrero de 2000. En su teoría conspirativa, De Santibañes también podría incluir al actual gobierno, tan lejano a sus postulados neoliberales.
Para explicar por qué piensa que De Santibañes no declararía, uno de los investigadores señala que el ex banquero no cambió de abogado. Es el mismo que lo acompañó cuando se presentó espontáneamente en agosto de 2000. Esa presentación se hizo una semana antes de que el juez Gabriel Cavallo desestimara su citación a indagatoria pedida por su antecesor en esa causa, Carlos Liporaci. Finalmente, Cavallo desistió de llamar a De Santibañes el 17 de agosto de ese año, el mismo día que su pliego de ascenso a camarista salía para La Rosada.