Desfinanciamiento. Desmembramiento de programas. Falta de recursos básicos. Vaciamiento. Condiciones edilicias paupérrimas. Las palabras aluden al estado de las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hacia los sectores más pobres de la ciudad y forman parte de un informe de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat porteño. El documento advierte sobre el “alto grado de cinismo” de “la propaganda política del PRO con las áreas de primera infancia y adicciones”, y declara el estado de emergencia de las políticas públicas y de la situación laboral en el ministerio que encabeza Guadalupe Tagliaferri. Elaborado por la Junta Interna de ATE Promoción Social, el informe señala que el escenario “es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la Ciudad”, y destaca que “la gestión del PRO en los últimos ocho años desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y como garante de derechos para la población más vulnerable”. “Esta es la pesada herencia del macrismo en la Ciudad”, afirman los trabajadores. “Esto es imperdonable en la jurisdicción con mayor ingreso per capita de la Argentina”, razonan, y concluyen con una advertencia: “No vamos a ser cómplices”.

“El mejor combate contra la desigualdad y la pobreza es garantizar la igualdad de oportunidades. Es el desafío que tiene María Eugenia (Vidal) en la provincia y Mauricio (Macri) en la Nación (…) Creemos que vamos a poder mejorar notablemente la calidad de vida, sobre todo de la población más vulnerable”, prometió Tagliaferri al asumir, en diciembre último, en reemplazo de Carolina Stanley, que pasó a ocupar ese ministerio en el gobierno nacional. Seis meses después, quienes trabajan en las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia, y en el Programa Buenos Aires Presente denuncian “desmembramiento y falta de presupuesto de los programas destinados a trabajar con la población en situación de calle, con niñas/os y adolescentes víctimas de explotación sexual, en el abordaje del uso problemático de sustancias psicoactivas, y en la restitución y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios en villas de emergencia”.

Los postulados de “atención integral” que figuran en distintos marcos normativos “parecen una ironía” ante la realidad de políticas “sin ningún tipo de vinculación” dirigidas a la misma población y/o problemática, señalan. La consecuencia de intervenciones “fragmentadas y desarticuladas” es “la revictimización”: personas que deben exponer sus historias una y otra vez y “demandas que, en muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponden”. No existen proyectos institucionales ni protocolos de intervención claros. “Cada equipo (en el caso más óptimo) o bien cada trabajador/a despliega su quehacer desde su individualidad”, advierten.

En hogares convivenciales que por ley no deben alojar a más de 30 bebés, niños y adolescentes “se hacinan 50 chicos/os”. Edificios derruidos y con goteras, plagas de roedores y cucarachas, falta de elementos básicos como pañales, alimentos o medicamentos completan el diagnóstico. Ni hablar de herramientas de estimulación o recreación. Los espacios donde funcionan los programas están “derruidos”, sus estructuras deterioradas, hay cucarachas y ratas, en las antípodas de la sede de Jefatura de Gobierno en Barracas. “Un palacio de cristal destinado a tareas administrativas se contrapone atrozmente con las dependencias donde se atienden problemáticas sensibles”, advierten. Las consecuencias son concretas: entrevistas que requieren privacidad e intimidad se hacen en pasillos, escaleras o en la calle.

“Aún más alarmante resulta la falta de vacantes en refugios y hogares, que afecta las estrategias para trabajar con niñas/os y adolescentes en situación de explotación sexual, con mujeres víctimas de violencia de género y con población en situación de calle”, destacan los delegados de ATE. Para los chicos víctimas de explotación sexual la falta de cuidado y contención del Estado sumada a la falta de recursos básicos como alimentos o ropa los condena a recurrir a sus explotadores. Para las mujeres víctimas de violencia implica prolongar la dependencia material de sus victimarios y no acceder a mínimas condiciones de seguridad. Para las 17 mil personas en situación de calle, cifra que supera ampliamente la cantidad de vacantes en paradores, implica que “familias enteras sean abandonadas en pleno invierno por falta de camas o por criterios técnicos muy discutibles y que vulneran derechos humanos, como la falta de DNI”, destacan. Los paradores funcionan de cinco de la tarde a ocho de la mañana, cuando “las familias vuelven a quedar en situación de calle”. El único subsidio habitacional que ofrece el gobierno (1800 pesos por familia durante diez meses) no se actualiza hace tres años, mientras una habitación para tres personas en cualquier hotel familiar no baja de los 4000 pesos, apuntan.

Quienes como trabajadores conocen en profundidad la gestión PRO denuncian que “hace propaganda política con las áreas de primera infancia o adicciones con un alto grado de cinismo”, ya que “no existen políticas integrales, articuladas y consistentes”, faltan vacantes en jardines y centros de primera infancia, y también materiales básicos como pañales y leche. En la Dirección General de Adicciones, mientras el gobierno comunica un supuesto “crecimiento”, se improvisan “programas territoriales ‘para la foto’, que al poco tiempo de crearse se ven desbordados por falta de recursos profesionales”, denuncian.

Condiciones laborales

Las condiciones laborales de quienes deben atender a los sectores más necesitados de la Ciudad, “más que precarias son fraudulentas”, denuncia la Junta Interna de ATE. Más de 1200 trabajadores no tienen estabilidad: 900 están con contratos de locación (facturan como autónomos, sin licencias ni ART ni salario familiar ni aguinaldo) y cerca de 300 son tercerizados que le facturan a la Universidad de Buenos Aires o a organizaciones no gubernamentales (ONG) fantasmas sobre las que no existe ningún control, destacan. Salarios bajos (8 mil a 12 mil pesos) más la ausencia de derechos básicos derivan en “renuncias constantes y pluriempleo”, cuadro que genera una rotación de profesionales que impide sostener en el tiempo cualquier estrategia seria para abordar problemáticas complejas. “Quienes trabajamos en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad social –concluyen– entendemos que nos encontramos en un contexto de políticas públicas colapsadas, debilitadas, muy por debajo de los estándares requeridos para garantizar una atención adecuada, aunque los globos de colores y las falsas promesas de ‘alegría’ y ‘pobreza cero’ intenten disfrazar la cruda realidad que se vive en la Ciudad”.