Por primera vez en sus diez años como presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti lanzó públicamente una convocatoria para hoy que pondrá en discusión la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias de la que gozan los jueces, fiscales y defensores, así como todos los funcionarios y empleados del sistema judicial. El supremo se adelantó así a un tema que los dos nuevos jueces que pronto se incorporarán al tribunal traen en mente. En la audiencia pública en el Senado Carlos Rosenkrantz dijo que estaba dispuesto a “militar” para que los jueces tributen como cualquier ciudadano y aporten “lo que el Estado necesita para funcionar”. Horacio Rosatti tuvo la misma postura, y además cuando le tocó actuar como conjuez falló (en minoría) a favor de que el Poder Judicial pague Ganancias. El momento actual, de crisis creciente, es casi el peor escenario para poner este asunto en debate si la intención es implementar un cambio certero que elimine privilegios. Los gremios están en estado de furia, en la Asociación de Magistrados maldicen, las entidades provinciales también, hay jueces que exigen una compensación si les toca pagar, la Procuración General quiere escuchar propuestas y pedirá que se incluya a los sindicatos más nuevos. La AFIP, que fue invitada al encuentro, no concurrirá. En el Gobierno consideran que es una reunión judicial, ya que el tema no forma parte de su agenda 2016.

El 11 de abril de 1996 la Corte Suprema que comandaba Julio Nazareno dictó una famosa acordada donde se eximió a sí misma y al Poder Judicial de la aplicación del pago de Impuesto a las Ganancias. Una ley votada el mes anterior en el Congreso, la 24631, había dejado sin efecto la exención impositiva de la que gozaban los jueces según el decreto 2353 de diciembre de 1986 y antes, según otra ley, de 1973. El hecho es que a partir de la decisión de la propia Corte ningún juez más pagó ganancias, ni tampoco los fiscales ni defensores. En una suerte de enganche, para evitar protestas y planteos, quedaron eximidas también todas las personas que trabajan en la “justicia”, funcionarios, empleados, secretarios. O sea, en tribunales nadie paga ganancias. Por eso, ante el menor atisbo de debate del asunto, cuando los gremios pegan el grito en el cielo, es porque está todo el personal implicado.

Lorenzetti surfeó el tema durante todos los años en que fue presidente de la Corte. Hubo un momento en que Raúl Zaffaroni, todavía en el tribunal, impulsó un replanteo sobre la cuestión impositiva, al que Lorenzetti no se opuso. El penalista avanzó en conversaciones con la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), gremio que lidera el moyanista Julio Piumato y al que él se afilió al incorporase a la Corte. Se estudiaron mecanismos para amortiguar el impacto, en especial en los salarios de los empleados y para que tributar tampoco implicara una diferencia abismal para los jueces. Las conversaciones, de todos modos, no maduraron. Es un tópico que a nadie le gusta, que irrita y todo el mundo sabe que, si los cortesanos tuvieran una posición firme, derogarían la acordada de sus antecesores, y listo. En 2013, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner, proponía la llamada “democratización de la Justicia”, el pago de impuestos para eliminar privilegios era mencionado en el combo. Pero el máximo tribunal se opuso a los ejes de aquel proyecto y puso el capítulo “ganancias” en el freezer.

La llegada de Rosatti y Rosenkrantz a la Corte dentro de unas semanas, replanteará la dinámica del tribunal y la hegemonía de Lorenzetti. Ambos cuestionan la eximición impositiva en el sistema de justicia, y cuando fueron evaluados en el Senado lo señalaron como tema prioritario. Una convocatoria sobre el impuesto a las ganancias hoy, por trascendente y necesaria que sea, parece signada a hacer estallar el tema con todas sus complicaciones como parte de la bienvenida a los nuevos supremos.

El rumor de que podría haber una invitación al debate circuló durante el brindis por el Día del Periodista en la Corte la semana pasada. Al día siguiente, el Centro de Información Judicial, anunciaba que Lorenzetti convocaba a una reunión para hoy a las 11 para hablar del pago de ganancias a jueces, fiscales, defensores, funcionarios, empleados de la justicia nacional y provincial y del Ministerio Público. Fueron invitados la Procuración, la Defensoría General, el Consejo de la Magistratura, la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, la Federación Argentina de la Magistratura y la UEJN.

La Unión de Empleados tardó apenas un rato en empezar a hacer circular un comunicado expresando rechazo a lo que señalan como “un ajuste en la justicia”. “Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que nos metan la mano en el bolsillo”, anunciaron. Dijeron que irán a la Corte a plantear su postura histórica según la cual “el salario no es ganancia” por ende ningún asalariado debería pagar ese impuesto. “Si avanzan en esta política regresiva nos encontrarán de paro en todo el país”, amenazaron. Piumato tuiteó: “Los judiciales ya resistimos el intento de CFK vamos a resistir del que venga!”. El Sindicato de Trabajadores de la Justicia (SITRAJU), de reciente fundación, reclamó en una nota ante la Corte ser invitados a participar de la discusión. “En el contexto de tarifazo, devaluación, inflación y pérdidas de puesto de trabajo tenemos responsabilidad como gremio de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la administración de justicia”, dijo el secretario general Agustín Bruera.

La posición histórica de la corporación judicial se resume en el concepto de que el pago de impuesto a las ganancias afecta la intangibilidad constitucional de sus salarios, y ese es uno de los factores que hacen a la independencia judicial. Es una idea controvertida: ¿de dónde surge que una carga tributaria es una reducción salarial si es eso, un impuesto? Algún sector de la Asociación de Magistrados, estaría dispuesto a pagar siempre y cuando se les pague de inmediato un monto compensatorio equivalente al que les descontarían, que representa alrededor del 30 por ciento del salario. Para eso, haría falta que el Gobierno habilite importantes partidas y consienta el método. La entidad nacional de los jueces y las provinciales, también alertan sobre situaciones muy dispares: así como hay jueces porteños que perciben unos 80 mil a 150 mil pesos en los cargos más altos (de Casación) y en las provincias hay jueces que tiene sueldos de 25 mil a 40 mil pesos. La Procuración General enviará un representante para escuchar cómo se plantea la discusión y pedirá que asistan todos los gremios. Habrá, todo indica, funcionarios de todo el país.

La idea que Lorenzetti viene hablando con sus colegas de la Corte reducida (Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) es que la AFIP sería el órgano habilitado para implementar y exigir el pago del impuesto. Hay jueces que no comparten esa visión, y que creen que debe ocuparse del tema el propio tribunal o el Consejo de la Magistratura. El titular de la AFIP, Alberto Abad, fue convocado pero no irá a la reunión. Hoy el Gobierno prefiere decir que “es una reunión judicial, de discusión interna”. En el programa que el ministro de Justicia, Germán Garavano, llamó “justicia 2020”, el punto que dice “impuesto a las ganancias” dice que empezará a ser analizado en 2017.