Los beneficios incluidos en el proyecto de ley ómnibus para quienes se acojan al blanqueo que impulsa el Gobierno atentarán contra el objetivo de financiar el pago de sentencias a jubilados y actualización de los haberes previsionales, que también son parte del paquete. La iniciativa, que comenzó a discutirse ayer en comisión del Senado luego de que obtuviera media sanción en Diputados, enlaza el costo fiscal del pago a la clase pasiva, estimado por el gobierno en unos 130 mil millones de pesos, con el ingreso proveniente del impuesto sobre los fondos declarados. Los beneficios del blanqueo morigeran el eventual impacto positivo de la medida: no involucra el ingreso de divisas al país; en el caso de que se trate de una exteriorización inferior a los 305.000 pesos, no se pagará la penalización sobre esa formalización, y para montos superiores el tributo podrá efectivizarse entregando títulos públicos Bonar y Global con vencimiento el año próximo. Esto reduce la expectativa de que se consigan los fondos necesarios que eviten echar mano de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, expusieron ante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda y Coparticipación Federal y Economía Nacional. El debate tuvo lugar seis días después de la media sanción en Diputados, con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. Entre los votos positivos se registraron siete de diputados del Frente para la Victoria. La intención del oficialismo es firmar dictamen de la iniciativa hoy para que se trate en recinto el próximo miércoles.

El proyecto estipula que el dinero que se obtenga del blanqueo irá a la cartera del FGS, el ahorro de la Anses. Con ese dinero se pagarán sentencias, se actualizarán haberes y se incorporarán a personas con una pensión a la vejez que es de un 80 por ciento del haber mínimo. Según los cálculos oficiales, el costo de la medida es de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, de unos 47.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y unos 2000 millones más por el cambio en el coeficiente para calcular las nuevas jubilaciones. En el caso de que se cumplan las pevisiones oficiales y se declaren bienes en negro por unos 20.000 millones de dólares, en el mejor de los casos (con un impuesto del 10 por ciento) la Anses recibiría unos 2000 millones de dólares (unos 28.000 millones de pesos), menos de una cuarta parte del costo total. A esto deben restarse todos los beneficios que otorga la ley a quienes se acojan al blanqueo.

El titular de la AFIP resaltó que el blanqueo “intenta orientar las inversiones a proyectos productivos, privilegia a pequeños ahorristas, beneficia a cumplidores en cuanto al pago de impuestos y va en línea con las recomendaciones del G20”. El funcionario explicó que si el total de bienes a exteriorizar (blanquear) es de hasta 305 mil pesos, se podrá blanquear a costo cero; hasta los 800 mil pesos, deberá pagarse un impuesto del 5 por ciento; y si el total es mayor a 800 mil, el impuesto es del 10 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2016 y del 15 por ciento si el blanqueo se produce en el primer trimestre de 2017, confirmó Abad. Para los que deban pagar penalización, ésta podrá afrontarse entregando Bonar 2017 y Global 2017 a valor nominal del bono. Por su parte, quien inmovilice en bonos o en fondos comunes de inversión un tercio del monto a blanquear quedará exceptuado del impuesto no sólo por ese volumen de compra sino por todo el monto a blanquear.

Abad resaltó en el plenario que “se amplió el conjunto de los excluidos” a los funcionarios públicos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, designados entre 1 de enero de 2010 y el período de vigencia de la ley en debate. También se excluyó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios, y a condenados por delitos tributarios con sentencia firme, los declarados en quiebra y las personas con procesamiento firme o no por lavado de activos y otros delitos, entre otros casos.

El secretario había abierto el debate del plenario de comisiones con algunas de las frases más marketineras del proyecto. “Viene a cerrar una herida que nos duele a todos los argentinos” y “propone saldar una deuda con nuestros mayores” fueron algunas de las que utilizó para darle épica a un proyecto con muchas inconsistencias legales y de sustentabilidad para el sistema previsional. Quintana estimó en 2,4 millones el universo de beneficiarios por el ajuste de haberes y el pago de sentencias a los jubilados.

Basavilbaso explicó que el proyecto que debate la Cámara alta permite “hacer acuerdos entre la Anses y los jubilados que lo deseen para cobrar lo que les corresponde por reajuste de haberes hacia atrás”, lo que estimó demandará unos 47 mil millones de pesos en retroactividades. Insistió en que “todo lo recaudado con el blanqueo será afectado para el pago de los juicios”. En caso de no alcanzar, se utilizará parte de las utilidades de la cartera de inversión del FGS y, eventualmente, la venta de acciones en poder de la Anses. El titular del organismo sustuvo que el FGS reúne “casi 800 mil millones de pesos (en stock)”, mientras que “el flujo de la Anses es de 70 mil millones”.