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El Estado argentino, representado por el gobierno de Mauricio Macri, empezó ayer a dar explicaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidos sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, la violencia institucional, la protesta social, la situación de las cárceles, la tortura, la violencia de género, la situación de los pueblos originarios, los migrantes y los refugiados son los ejes centrales de los planteos que continuarán debatiéndose hoy entre el Estado, los expertos internacionales y los representantes de distintas organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) , Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género (Ela) y las Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Argentina).

Leandro Despouy, representante especial para Derechos Humanos de la cancillería, le dijo al comité que la experiencia argentina de lucha contra la impunidad por delitos de lesa humanidad debe ofrecerse al mundo. Sin embargo, los delegados del gobierno de Cambiemos admitieron que están en déficit en sus obligaciones internacionales por no implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Víctor Rodríguez Rescia, integrante del comité de Derechos Humanos de la ONU le preguntó a los representantes del Estado argentino por qué el gobierno está desmantelando áreas del Estado importantes para garantizar la continuidad de los juicios por el terrorismo de Estado, cuándo estará funcionando la comisión bicameral para investigar la complicidad económica durante la última dictadura y cómo asegurará la Argentina que las Fuerzas Armadas no intervengan en seguridad interior a partir de la vigencia del decreto de emergencia en seguridad.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj tomó la palabra para decir que no hay desmantelamiento ni disminución en la intensidad de las políticas de memoria y verdad, reconoció que hay demoras en los juicios pero que el Estado está comprometido con sus continuidad por eso sigue siendo querellante en las causas. Despouy aseguró que los juicios son un política de Estado y el subsecretario de protección de Derechos Humanos, Brian Schapira, aseguró que el gobierno implementará pronto el Mecanismo de Prevención de la tortura.

Los integrantes del comité preguntaron en forma específica sobre los asesinatos de Alan Tapia, Lautaro Bugatto, las graves heridas provocadas a Lucas Cabello, la desparición de Gabriel Solano, todos hechos provocados por fuerzas de seguridad. También indagaron sobre la criminalización del aborto en el caso concreto de Belén (nombre de fantasía) para la joven de 27 años que está detenida desde hace dos años en Tucumán por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. Aminstía puntualizó sobre el caso de la prisión de la dirigente social Milagro Sala.

La situación de los pueblos originarios es otra de las preocupaciones que se reiteró ante las Naciones Unidas. Avruj dijo que resolver ese problema es una prioridad de las políticas de Cambiemos. Sin embargo, desde el Cels mostraron que no se garantiza el derecho a la propiedad de los pueblos ancestrales. “El territorio de las comunidades, aún el de aquellas pocas que han logrado obtener la titularización, se encuentra en peligro por no estar asegurado efectivamente el control de los recursos naturales”, sintetiza uno de los documentos elaborados por las ONGs en el que advierten a la ONU que “en la Argentina, los pueblos indígenas no son consultados adecuadamente sobre los proyectos públicos y/o privados que los afectan”.

En el debate que concluirá hoy, el Cels planteará también “la vulneración del derecho a libertad de expresión, con énfasis en los tres decretos dictados a fines de 2015 que desarticularon la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y el acceso a la información pública”. Luego de analizar los informes y el resultado de las exposiciones, el comité presenta sus preocupaciones y recomendaciones al Estado.