El juez federal Sebastián Casanello encomendó a dos organismos controlados por el macrismo el estudio comparativo de las declaraciones juradas que el presidente Mauricio Macri presentó en 2013 y 2015. Hace tres semanas el fiscal federal Federico Delgado había pedido que fuera un cuerpo de especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el que realizara ese análisis en el marco de la causa que investiga los vínculos entre las offshore Fleg Trading Ltd, en Bahamas, y Kagemusha, en Panamá, que Macri omitió declarar hasta que trascendieron los Panama Papers. Casanello prefirió asignar la tarea a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción a cargo de Laura Alonso (dependiente del Ministerio de Justicia de Nación) y a la Dirección General de Etica en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño, que depende de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Leticia Montiel, subordinada directa de Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de que se conociera la decisión del juez, Alonso negó haber defendido a Macri por su participación en sociedades offshore, afirmó que en el organismo hay “una carpeta de investigación abierta respecto de la situación” del primer mandatario y consideró “bastante injusto” que se la haya criticado ya que sólo había brindado “una opinión técnica”. “Yo no opiné sobre el presidente. La Oficina Anticorrupción tampoco opinó sobre el presidente. Es un efecto bola de nieve y nosotros lo hemos sufrido. Fue un tuit con una opinión técnica”, dijo Alonso en referencia al mensaje en la red social en el que afirmó que “constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”.

Casanello hizo hincapié en que se analice si entre las distintas declaraciones juradas se evidencian contradicciones y en caso afirmativo, las posibles causas de esas diferencias y si podrían deberse, como alegó Macri, a las “dificultades para articular” los formularios de las declaraciones juradas.

El dictamen del fiscal Delgado apuntaba “a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el ser director de las firmas Fleg Trading Ltd, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá”. Junto a un cuadro explicativo que revela las relaciones de Fleg y Kagemusha con otras personas jurídicas, señaló que la segunda parte de la pesquisa “se vincula con determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.

La participación de Macri en esas offshore se conoció a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la filtración de 11 millones de documentos de la empresa de Panamá Mossack Fonseca sobre empresas offshore creadas en varios países. Según la denuncia que realizó el diputado Norman Martínez, del Frente para la Victoria, hay contradicciones en las declaraciones juradas en relación a las firmas offshore de Macri. También advirtió sobre propiedades que cambian de valor, sociedades valuadas en cero, porcentajes accionarios que varían e inmuebles al parecer valuados en montos irrisorios.