Los tribunales de Comodoro Py prometen alcanzar mañana un punto alto de su espectáculo. En la misma mañana aunque en distintos juzgados están citados Cristina Fernández de Kirchner, a quien el juez Claudio Bonadio le quiere notificar en persona su procesamiento y el embargo en la causa del dólar futuro, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa sobre las viviendas sociales de Sueños Compartidos, y Lázaro Báez, quien será indagado por Sebastián Casanello por cinco cuentas halladas en Suiza, por donde pasaron 25 millones de dólares, en las que también figuraban como beneficiarios sus hijos.

La ex presidenta dijo el domingo que su viaje a Buenos Aires no tenía que ver con la citación de Bonadio sino con el cumpleaños de su hija Florencia y que quería tener “una impresión de primerísima mano de lo social”. Bonadio la citó ayer formalmente para mañana a las 10, justo en el día que su hija cumple años. Es una formalidad, pero el juez ha logrado convertir cada medida judicial en un hecho político y mediático. CFK está procesada por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y el juez le trabó un embargo de 15 millones de pesos, acusándola de haber ordenado la operatoria de venta de dólar futuro al Banco Central a un precio menor al de mercado. Aquella medida económica había sido promovida por el Gobierno como una forma de desalentar expectativas de una devaluación (de ahí que el dólar futuro se operara a 10,65 pesos) que traería los efectos provocados durante con el gobierno actual: inflación, caída de los salarios y baja del consumo.

El procesamiento está apelado en la Cámara Federal, pero Cristina recusó y denunció penalmente a los jueces de la Sala II y deben pronunciarse al respecto los de la Sala I. Esta última –integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros, ya que Eduardo Farah renunció a subrogar el cargo vacante la semana pasada– convocó para hoy a una audiencia por un planteo del abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, quien acusó a Bonadio de volver a entrometerse en otra causa, conocida como “Hotesur”, de la que había sido apartado precisamente por orden de la Sala I frente a graves irregularidades en la instrucción. La forma de inmiscuirse otra vez en la investigación de los bienes de los Kirchner es a través de un nuevo expediente generado por Margarita Stolbizer conocido como Los Sauces, el nombre de uno de los hoteles de la familia. Pero Beraldi dice que en Hotesur –ahora a cargo del juez Julián Ercolini– ya se investigaba Los Sauces y pidó que la Cámara unifique ambas causas. Frente a este panorama, Bonadio mandó a allanar el jueves pasado en Santa Cruz, propiedades de los Kirchner, algunas de las cuales ya habían sido allanadas. La documentación rastreada ya estaba, en parte, en la causa Hotesur.

En medio de este gran despliegue judicial, la presencia de Cristina mañana seguramente coincidirá en tribunales con la de Lázaro Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Todos están presos por lavado de dinero, pero deberán ampliar su declaración indagatoria a partir del hallazgo de cuentas en Suiza, por donde pasaron 25 millones de dólares, según le había informado la Unidad de Información Financiera al juzgado (UIF). El fiscal Guillermo Marijuán y el juez explicaron que el dinero era girado a Suiza a través de empresas off shore (en Panamá y Uruguay) y volvía al país con operaciones de compra venta de bonos, y terminaba en las empresas de Báez, en especial Austral Construcciones. Los hijos del empresario figuraban como beneficiarios de las cuentas detectadas, por eso también fueron citados a prestar declaración indagatoria a partir de hoy (ver aparte). La Sala II también asumió un papel sorprendente en este caso: le ordenó a Casanello que tiene que investigar a CFK por “lógica”, debido a que Báez era concesionario de obra pública y amigo de la familia Kirchner; también ordenó investigar si el juez se reunió con la ex presidenta el año pasado, y lo delegó en la Policía Federal, o sea, el Gobierno.

Quien también está convocado mañana es el ex ministro Julio De Vido en la vieja causa donde el juez Martínez de Giorgi investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de fondos y obras al programa Sueños Compartidos que construía viviendas sociales a través de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo que rastrea es si el dinero que recibía el programa, que manejaban Sergio y Pablo Schoklender, llegaba cumpliendo los mecanismos establecidos y si, en efecto, era utilizado para las obras proyectadas. Son 43 las personas que serán indagadas. La lista, además del ex ministro y los Schoklender sigue con varios ex funcionarios, y empieza hoy con el ahora famoso ex secretario de Obras Públicas, José López. Lo que se les imputa a los ex funcionarios es haber adjudicado las obras sin licitación y haber incumplido con los controles al pagar los certificados de obra, sin la documentación que avalaba el efectivo avance. Según la acusación, en lugar de licitación lo que existía era un convenio marco firmado por la asociación y por López, que adjudicaba las obras a través de convenios con asociaciones civiles. López, autorizaba las transferencias de dinero a las distintas jurisdicciones. Ayer debía presentarse Abel Fatala, subsecretario de Obras públicas, pero pidió una postergación. Así las cosas, hay espectáculo para rato.